El exconsejero de Empleo andaluz alega que las ayudas de la Junta en los ERE eran iguales a las estatales

• Antonio Fernández detalla que coincidían la ausencia de publicidad y concurrencia
• Destaca que un decreto posterior "no invalida las actuaciones realizadas"

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha defendido que las ayudas sociolaborales que dio la Junta investigadas en el caso ERE eran "absolutamente iguales" a las que concedía el Estado al amparo de la orden de 1995 de ayudas extraordinarias para trabajadores por reestructuración de empresas.

A preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, Fernández ha defendido que las ayudas investigadas contaban con "fondo normativo suficiente" y en concreto las ayudas a trabajadores afectados por ERE ha asegurado que eran "iguales" a las que daba el Estado en base a la orden de 1995 en cuanto a su naturaleza, las personas legitimadas para recibirlas, la discrecionalidad, la ausencia de publicidad y concurrencia, siendo la única diferencia que los fondos eran de la Junta en vez del Estado.

De hecho ha defendido que la citada orden estatal era "aplicable en Andalucía sin ningún tipo de duda" y ha alegado que cuando en 2012, tras estallar el caso juidicial, la Junta elaboró un decreto que "actualiza" y "aclara" el marco jurídico de las ayudas pero que "no invalida el conjunto normativo y las actuaciones realizadas" en la década anterior pues incluso asume el pago de los compromisos adquiridos.

"Las refrendó, las asumió, las pagó y las sigue pagando", ha subrayado.

Seis años de cárcel y 30 de inhabilitación

Fernández declara por sexto día en el juicio de la pieza política de caso ERE en el que es procesado, junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves que declararán esta semana tras él-, por crear o mantener un "procedimiento específico" por el que entre 2001 y 2011 el Gobierno andaluz repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos.

Se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación durante su etapa como viceconsejero de Empleo (2000-2004) y consejero (2004-2010). En jornadas anteriores del juicio, descargó la responsabilidad en su director general, Javier Guerrero.