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Financiación irregular del PP

Aguirre niega la caja B del PP e insiste en que fue "un error" no vigilar las cuentas

  • El sistema de financiación "ya estaba cuando llegué", dice Aguirre
  • González revela que Lapuerta se interesaba por los contratos de la CAM

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Aguirre niega la caja B del PP ante la comisión de investigación en el Congreso

Esperanza Aguirre y su mano derecha durante muchos años y sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han comparecido este martes ante la comisión de investigación en el Congreso sobre la supuesta financición irregular del Partido Popular. Su control durante décadas del PP madrileño, uno de los focos de las principales tramas de corrupción que afectan supuestamente al partido del Gobierno, han propiciado una expectación que finalmente ha quedado reducida a que ambos líderes desconocen cualquier atisbo de delito.

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha mantenido en el argumento que aportó en su dimisión. Su error, "craso error" ha reconocido, fue no vigilar las cuentas del partido, que, en cualquier caso ha recalcado, no era su labor. Sobre la mayor, se mantiene en que, hasta donde ella sabe, "no ha habido ninguna financiación ilegal del PP de Madrid".

Eso sí, reconoció que la Fundación Fundescam, que se investiga si fue utilizada por el PP para falsificar facturas, pagó encuestas, algo que para ella no es nada “disparatado” porque, en su opinión, los sondeos no son “gastos electorales”. En este contexto, atribuyó a una estrategia de defensa que Francisco Granados le acusara ante el juez de la ‘Púnica’ de conocer la financiación ilegal.

Sobre las acusaciones de su exjefa de prensa, Isabel Gallego, de que se pagó con dinero del Canal de Isabel II trabajos a favor de la reputación online, ha afirmado que en ella “no se gastó un duro” ya que que el primer encargo se produdujo después de que ella hubiera dimitido.

La financiación ya estaba cuando Aguirre tomó las riendas del partido

Aguirre ha declarado que como presidenta regional de 2004 a 2016, "era responsable de todo lo que ocurría en el PP de Madrid, incluidas las finanzas", pero que ella no montó ningún sistema de financiación. "Ya estaba cuando llegué", ha sentenciado.

La expresidenta madrileña ha afirmado que ella "jamás" ha entrado en la financiación del PP, porque de ello se encargaban otras cuatro personas, pero ha reconocido que nunca las vigiló, lo que fue un "error craso". Por eso, decidió dimitir sin buscar "excusas". Además reconoce que si sigue "incólume" es porque nunca ha entrado en el urbanismo.

Explica que el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, le trasladó las quejas de empresarios sobre la adjudicación de unas parcelas en Arganda y Majadahonda a precio tasado. En el segundo caso se paró la venta y "se consiguieron 10.000 millones de pesetas más", según Aguirre.

Admite negligencia pero niega que fuera "dopada"

A preguntas del diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, con el que ha mantenido un duro intercambio que ha estado a punto de acabar con el diputado fuera de la sala, la expresidenta madrileña ha admitido que "es muy posible que fuera negligente, pero desde luego que colaboradora necesaria no" con la financiación irregular.

Ha reconocido que le alertaron de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza pero no consideró que las pruebas fueran suficientes. En el mismo sentido, cuando Interviú destapó que las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid recaían en la misma empresa, le presentaron los nombres de diferentes sociedades y no comprobó "en el registro mercantil que los dueños eran los mismos".

Sobre el hecho de que dos de sus colaboradores, Ignacio González y Francisco Granados, hayan estado en la cárcel por corrupción, Aguirre ha querido dejar claro que fue en prisión provisional y que son "dos de los 550" colaboradores que tenía. "Si alguien se ha llevado un euro, que lo devuelva; si alguien ha hecho algo incorrecto, que lo devuelva", ha opinado. Ha añadido además que lamenta que sigan en prisión.

Aguirre niega que acudiera "dopada" a las elecciones autonómicas, en el sentido de que se gastará más de lo que podía por ley. Está convencida de que "más que una presunta financiación irregular del PP, se trató de la financiación de los bolsillos particulares de algunas personas". Apostilla que el Tribunal de Cuentas "nunca puso pegas" a las campañas electorales de los populares.

Ha apuntado que en España los cargos públicos son más de resistir que de dimitir. "A todos les digo que en casa se está muy bien", destaca Aguirre, pero al preguntarle si es un mensaje para Cifuentes, ha dicho que "para nada". En otro momento de su comparencencia, ha dejado caer "menos mal que yo no he hecho un máster".

Lapuerta se interesaba por los contratos de la Comunidad de Madrid

Como su antecesora, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha despejado balones sobre la ilegalidad de la finaciación del partido y solo ha dejado caer que le pareció "extraño" el "interés" del entonces tesorero del PP -que se producía "permanentemente o con una cierta asiduidad"- por conocer asuntos que eran de gestión ordinaria de la Comunidad como "contratos, adjudicaciones y operaciones urbanísticas", pero ha puntualizado que no ejerció presiones más allá de ese interés.

"Llamar a interesarse hasta donde yo sé no es ningún delito", ha contestado a preguntas de por qué no denunció esas prácticas de Lapuerta, quien en todo caso no le llamaba a él para interesarse por las adjudicaciones, sino a los consejeros. González ha añadido que esas actuaciones "no eran razonables" y "en contratos no tenía nada que comentar con él".

"A mi no me ha llamado nunca ni el gerente ni el tesorero para decirme que había que hacer una adjudicación a nadie porque, desde luego, no lo habría consentido", ha explicado. Además ha insistido en que "nunca se hizo ninguna adjudicación, basada en ninguna presión o intervención de la dirección del partido o de este señor (en referencia a Lapuerta)".

Sobre su situación tras pasar por prisión preventiva y su responsabilidad en el saqueo de Canal de Isabel II investigado en el caso Lezo aún sin juzgar, ha defendido que hasta hoy "nadie ha podido probar su participación delictiva en nada", que él "jamás" ha "pedido una comisión" ni reclamado "a nadie que inflase contratos" y que nadie ha acreditado que tuviera "cuentas en el extranjero" o algún "patrimonio oculto".