Sànchez pide al juez Llarena permiso para salir de prisión y acudir el viernes al pleno de investidura

• La defensa del líder independentista registra un escrito pidiendo el permiso
• Torrent convocó este lunes otro pleno con Sànchez como candidato
• El presidente del Parlament también pidió al Supremo permiso para que acuda

Jordi Sanchez y Jordi Cuixart, a su salida de la Audiencia Nacional.

El candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, Jordi Sànchez, ha pedido este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado 'procés', salir de la prisión para poder acudir este viernes al pleno de investidura del Parlament, según ha informado fuentes de la defensa a Europa Press.

La defensa del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha registrado un escrito pidiendo este permiso que ya le fue denegado para acudir la primera vez que fue propuesto como candidato a president.

El juez Llarena procesó a Sànchez por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos en el marco de la causa relacionada con el proceso soberanista y se encuentra en la prisión de Soto del Real desde el 16 de octubre de 2017.

Sànchez esgrime, para justificar de nuevo su candidatura, un escrito del Comité de Derechos Humanos de la ONU que insta a España a respetar esos derechos políticos, para reclamar al Supremo que le permita salir de la cárcel para poder ser investido president si consigue los apoyos necesarios, que no tiene cerrados.

Torrent ya ha instado a Llarena para que le dé un permiso penitenciario

El presidente del Parlament, Roger Torrent, solicitó este lunes al Supremo que permitiera la investidura para "garantizar" así los "derechos políticos" del candidato.

Este mismo martes ha afirmado que el juez "tiene una oportunidad de oro para rectificar y no vulnerar los derechos políticos" del diputado, número dos de Junts per Catalunya.

En declaraciones a TV3, Torrent ha indicado que "aún no hay respuesta" a su escrito de comunicación de la sesión de investidura convocada para el viernes a las 10:00. Ha añadido que el objetivo del pleno convocado es celebrar "una investidura que quiere ser efectiva y, para serlo, tiene que poder venir" el candidato.

El pleno solo podrá celebrarse si el Tribunal Supremo autoriza a Sànchez su salida de prisión para acudir al Parlament. Si se intenta una investidura a distancia, el Parlament desobedecerá una de las medidas cautelares que dictó el Tribunal Constitucional el pasado 27 de enero cuando acordó la suspensión de la investidura de Puigdemont no presencial, que no se llegó a celebrar.

Tras las investiduras no celebradas de Puigdemont y de Sànchez, se intentó la de Jordi Turull y se llegó a celebrar la primera votación el pasado 22 de marzo, que resultó fallida por la abstención de la CUP. Nunca se llegó a la segunda votación porque el 23 de marzo Turull fue enviado a prisión, aunque sí comenzó a correr el reloj para la investidura.

La Mesa pospone el debate sobre la delegación de voto

La mayoría de la Mesa del Parlament, conformada por JxCat y ERC, ha descartado abrir un debate sobre la delegación de voto de los diputados huidos fuera de España, con el compromiso de abordarlo en otra reunión antes del próximo pleno del viernes, si bien ha rechazado ya pedir un informe a los letrados.

La reunión de la Mesa presidida por Torrent ha durado dos horas y no ha servido para concretar si tanto el expresidente catalán Carles Puigdemont, que está en Alemania, como el exconseller Antoni Comín, residente en Bélgica, podrían delegar su voto en un eventual pleno de investidura deSànchez.

La Mesa autorizó el pasado 3 de abril la delegación de voto de Puigdemont para el anterior pleno ordinario, cuando el expresidente catalán estaba encarcelado en Alemania, pero a Comín, en cambio, no se le ha aprobado su delegación ni lo ha solicitado formalmente de momento.

En este contexto, y habida cuenta de que Puigdemont ya no está en prisión preventiva, fuentes parlamentarias han explicado que Ciudadanos y el PPC han pedido que se revoque la decisión que ya adoptó la Mesa de delegar el voto del expresidente catalán, al interpretar que su situación jurídica ha cambiado, pero la mayoría soberanista ha evitado abrir de momento un debate sobre el asunto.