Las ejecuciones en el mundo caen a mínimos en 2017 pero aún se aplican por delitos de drogas, según AI
- 993 personas fueron ejecutadas en 2017, un 4% menos que en 2016
- Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahreín engloban el 84%
- EE.UU. sigue siendo el único país en aplicar esta pena en América
- Tres españoles están en riesgo de ser condenados a muerte
- Lee el informe completo de Amnistía Internacional
El año 2017 ha sido un año de mínimos respecto a las ejecuciones mundiales. Ssegún el informe anual sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional (AI), el año pasado fueron ejecutadas 993 personas en 23 países, lo que supone una reducción del 4% respecto a 2016 (en el que murieron 1.032) y del 39% respecto a 2015 (cuando fueron ejecutadas 1.634, la cifra más elevada desde 1989).
Caen también las condenas a muerte dictadas en 2017 en un total de 53 países: 2.591 frente a las 3.117 sentencias de 2016, una diferencia del 17%. Las cifras, sin embargo, no incluyen los datos relativos a China, donde esta cuestión está clasificados como secreto de Estado.
[Lee el informe completo de Amnistía Internacional]
Los datos
- Mongolia, Guatemala y Guinea engrosan en 2017 la lista de 142 países que han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica. Tan sólo 23 países continúan llevando a cabo ejecuciones.
- Cuatro países son responsables del 84% de las ejecuciones en el mundo: Irán (507), Arabia Saudí (146), Irak (125) y Pakistán (60).
- No existen datos sobre las ejecuciones y condenas a muerte en China, aunque Amnistía Internacional habla de “miles” cada año.
- Cuatro países han reanudado las ejecuciones en 2017: Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahreín.
- EE.UU. es el único país de América que sigue aplicando la pena de muerte. En Euopa y Asia occidental, tan sólo Bielorrusia.
- 15 países continúan condenando a muerte por cuestiones de drogas, especialmente en Oriente Medio y el norte de África.
África subsahariana, una tendencia a la baja
El descenso del número de condenas a muerte en toda la región del África subsahariana es el principal apartado del informe de AI de este año. Los países abolicionistas de la pena de muerte han pasado de ser uno en 1981 a 20 en 2017.
Precisamente ha sido Guinea la convertirse en la última en abolir esta condena para todos los delitos, aunque ha habido avances en otros países. Kenia ha abolido la pena capital preceptiva para el asesinato, mientras que Burkina Faso y Chad han incorporado nuevas leyes o proyectos de ley para avanzar en la eliminación de esta pena.
Y Gambia ha firmado un tratado internacional por el que se compromete a no llevar a cabo ejecuciones y a marchar hacia la abolición de la pena de muerte. El presidente gambiano dictó en febrero de 2018 una moratoria oficial (suspensión temporal) de las ejecuciones.
“La soledad de los países que siguen llevando a cabo ejecuciones es más clamorosa que nunca“
“Los avances en el África subsahariana han reforzado la posición de la región como faro de esperanza para la abolición (..) Avanzado ya el año 2018, los gobiernos de la región continúan tomando medidas para reducir y revocar la pena de muerte, mientras la soledad de los países que siguen llevando a cabo ejecuciones es más clamorosa que nunca”, explica en un comunicado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.
Respecto a las ejecuciones en esta zona del continente africano, AI ha registrado también un descenso en el número de países que han consumado las ejecuciones: dos en 2017, respecto a los cinco que ejecutaron a detenidos en 2016. El año pasado sólo hubo constancia de ejecuciones en Somalia y Sudán del Sur. Este 2018, sin embargo, Botsuana y Sudán han anunciado la reanudación de las ejecuciones.
Aumentan los países abolicionistas
Además de Guinea, Mongolia ha abolido también la pena capital para todos los delitos, con lo que el número total de países abolicionistas ascendió a 106 en 2017. Por otro lado, tras haber abolido Guatemala la pena de muerte para los delitos comunes, como el de asesinato, el número de países abolicionistas, en la ley o en la práctica, es ahora de 142. Sólo 23 siguen llevando a cabo ejecuciones (la misma cifra que en 2016), pese a que varios países han reanudado las ejecuciones tras un periodo de interrupción.
En 2017 se ha reducido el empleo de pena de muerte en países que son firmes defensores de ella, como Irán, donde las ejecuciones registradas se redujeron en un 11%, y las relacionadas en concreto con delitos de drogas descendieron en un 40%.
Asimismo, se tomaron medidas para elevar la cantidad de droga necesaria para imponer la pena de muerte preceptiva. En Malasia, se reformó la legislación antidroga, que pasó a permitir discrecionalidad a la hora de imponer condenas en casos de narcotráfico.
Penas de muerte por delitos relacionados con las drogas
La tendencia de estas cifras contrastan con otras "tenencias preocupantes", según Amnistía Internacional, que denuncia que 15 países continúan condenando a muerte por cuestiones de drogas.
“Sigue siendo preocupante que ciertos países recurran a la pena de muerte para los delitos de drogas”, expone Shetty. Destaca, sin embargo, las medidas adoptadas por Irán y Malasia para reformar la legislación antidroga, que reflejan “la aparición de grietas incluso en la minoría de países que sigue llevando a cabo ejecuciones”.
Aunque también destaca que Indonesia, que en 2016 ejecutó a cuatro personas por este tipo de delitos, no llevó a cabo ninguna ejecución el año pasado, y ha informado de un ligero descenso en el número de condenas a muerte impuestas.
La región de Oriente Medio y norte de África registró la cifra más alta de ejecuciones relacionadas con las drogas en 2017, mientras que la de Asia y Oceanía fue la región con mayor número de países que utilizaron la pena capital para ese tipo de delitos (10 países de 16).
Amnistía Internacional ha registrado ejecuciones por cuestiones de drogas en cuatro países: Arabia Saudí, China (donde las cifras están clasificadas como secreto de Estado), Irán y Singapur. El secretismo que rodeaba la pena capital en Malasia y Vietnam ha impedido determinar si se habían llevado a cabo o no ejecuciones por delitos de drogas.
En 2017, Singapur ahorcó a ocho personas, todas ellas por delitos de drogas, con lo que duplicó la cifra de 2016. La tendencia fue similar en Arabia Saudí, donde las decapitaciones por cuestiones de drogas se dispararon, pasando del 16% del total de ejecuciones en 2016 al 40% en 2017.
Menores de edad, con discapacidad y torturas
AI denuncia que en 2017 los gobiernos violaron varias prohibiciones más de derecho internacional. En Irán, al menos cinco personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y calcula que otras 80 permanecían condenadas a muerte.
Asimismo, en Estados Unidos, Japón, Maldivas, Pakistán y Singapur, se ejecutó a personas con discapacidad mental o intelectual, o se las mantuvo condenadas a muerte.
En Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán, Amnistía Internacional registró varios casos de personas condenadas a muerte tras haber “confesado” delitos bajo tortura u otros malos tratos. En Irán e Irak, estas “confesiones” se retransmitieron en directo por televisión.
Aunque el número total de países que llevaron a cabo ejecuciones permaneció inalterado, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones tras un periodo de interrupción. En Egipto, el número de condenas a muerte registradas aumentó en casi un 70% en comparación con 2016.
Españoles condenados a muerte en el mundo
Amnistía Internacional recuerda en un comunicado los tres españoles en riesgo de ser ejecutados.
El primero es Pablo Ibar, el español que permaneció en el corredor de la muerte de EE.UU. durante 16 años. En 1994, Pablo Ibar fue acusado de asesinar a tres personas durante un robo en una vivienda. Fue declarado culpable en el año 2000. Sin embargo, el 4 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena a muerte y ordenó llevar a cabo un nuevo juicio, que está pendiente de celebrarse.
Amnistía también ha mostrado su rechazo ante la condena a muerte del español Artur Segarra el 21 de abril de 2017 en Tailandia, acusado del asesinato en Bangkok de otro español, David Bernat.
Asimismo, la organización tuvo conocimiento de la condena a muerte en Egipto de Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española. La organización denuncia que Ahmed fue detenido y acusado de haber asesinado a su cuñado el 13 de diciembre de 2016, y que durante su detención "no tuvo asistencia letrada, fue torturado y amenazado con que su familia sería torturada". Amnistía Internacional afirma tener documentación de este caso.
"Es necesario dar más pasos"
A pesar del balance positivo respecto a la disminución de condenas y ejecuciones, Shetty considera que "es necesario dar más pasos para erradicar esta terrible práctica de homicidios sancionados por los Estados”.
“La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución. Sabemos que, estimulando el apoyo de personas de todo el mundo, podemos hacer frente a este cruel castigo y poner fin a la pena de muerte en todo el mundo”, ha concluído.