El 'Compromiso de Lima' pide más cooperación jurídica e institucional para combatir la corrupción

• Ha sido adoptado por aclamación por todos los países participantes en la Cumbre
• Incluye medidas para fortalecer la gobernabilidad democrática y la transparencia
• "El combate a la corrupción es fundamental para fortalecer la democracia"

Los asistentes a la VIII Cumbre de las Américas aprueban por unanimidad un pacto anticorrupción

El Compromiso de Lima, que ha sido adoptado por aclamación por todos los países participantes en la VIII Cumbre de las Américas, exige a los países del continente una mayor cooperación jurídica e institucional para combatir la corrupción.

El extenso y detallado documento de 57 puntos, que ha obtenido el respaldo de las 34 delegaciones presentes en la mayor reunión política y diplomática de América, incluye exigencias y medidas para fortalecer la gobernabilidad democrática, la transparencia, el control del financiamiento de los partidos políticos, la prevención de actos irregulares en obras públicas y la cooperación política.

Los representantes, encabezados por los 17 jefes de Estado y Gobierno presentes en la reunión, han considerado que "la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho".

También han subrayado que esas prácticas tienen "un impacto negativo en el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones" de la región.

Incrementar la cooperación jurídica

Entre otros compromisos, los países de la región han apostado por incrementar la cooperación jurídica orientada a combatir el soborno internacional, el crimen organizado y el lavado de activos, así como la recuperación de activos vinculados al delito.

En ese sentido, y para "avanzar en el combate del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros", se ha pedido aplicar de forma efectiva las recomendaciones en ese campo que pide las Naciones Unidas, antes de la celebración de la IX Cumbre de las Américas dentro de tres años.

También se ha instado a considerar "la prestación de asistencia, de la manera más amplia posible, cuando sea procedente y esté de acuerdo con los respectivos ordenamientos jurídicos internos" en los casos de corrupción trasnacionales. Ese paso se aplicaría "a las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con los actos de corrupción cometidos por personas físicas o jurídicas".

También se ha pedido "promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas", en las investigaciones por delitos de este tipo.

La promoción del uso de mecanismos ágiles de intercambio de información, cooperación y trabajo coordinado para la investigación y persecución de actos de corrupción también ha sido parte de la promesa.

Fortalecer los mecanismos interamericanos anticorrupción

"Impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas" para permitir "el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción" también ha entrado en la agenda. Dentro de ese marco, el Compromiso de Lima ha apuntado a fortalecer los mecanismos interamericanos anticorrupción, promoviendo buenas prácticas, formación técnica y marcos jurídicos orientados a esta lucha.

En términos más generales, el Compromiso de Lima ha destacado la importancia de fortalecer la gobernabilidad democrática, fortaleciendo "la autonomía e independencia judicial" y desarrollando "una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción".

También ha pedido garantizar la "transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión", particularmente a través del uso de nuevas tecnologías. "Proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción, de manera consistente con las obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión", ha sido otro de los aspectos subrayados en el documento.

También se ha acordado impulsar el control del financiamiento de las organizaciones políticas y sus campañas electorales, así como la exigencia de que rindan cuentas y promuevan la transparencia, además del establecimiento de medidas que impidan la corrupción en obras, contrataciones y compras públicas.