Los jóvenes de Alsasua acusados de terrorismo niegan su participación en los hechos

• Uno de ellos reconoce que discutió con los agentes por cuatro multas
• Este lunes ha comenzado el juicio en el que se les acusa de terrorismo
• El martes declararán los guardias y sus parejas

Los acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua niegan su participación

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a los ocho jóvenes de Alsasua (Navarra) acusados de agredir y amenazar a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad en octubre de 2016. Los jóvenes están acusados de terrorismo y el fiscal pide penas que van de los 12 a los 62 años de cárcel y que en total suman 375 años.

Todos ellos se han limitado a responder a las preguntas de sus abogados y han negado haber participado en los hechos e incluso, en varios casos, de haber estado en el bar donde se produjeron. También han negado tener odio hacia la Guardia Civil o formar parte de ningún movimiento del entorno de ETA para expulsar del País Vasco y Navarra a las fuerzas de seguridad del Estado.

A la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares (Madrid) han acudido familiares, amigos y políticos procedentes de Navarra para apoyar a los acusados. Entre ellos, el vicepresidente del Parlamento Foral, Unai Uhalde, de Geroa Bai, y la diputada de EH Bildu Bakartxo Ruiz.

Está previsto que este martes declaren los guardias civiles y sus parejas.

Discusión por cuatro multas

Los primeros en declarar han sido los tres acusados que se encuentran en prisión preventiva: Jokin Unamuno, Adur Ramírez y Ohian Arnanz. Para este último se solicita la pena más alta (62 años de cárcel) por delitos de lesiones y amenazas terroristas.

Unamuno ha reconocido que discutió con uno de los los guardias porque le había multado en cuatro ocasiones, pero ha negado haber golpeado o amenazado a nadie.

"Le dije que menuda jeta que tenían porque se dedicaban a crujir a multas a los jóvenes del pueblo y que luego acudían a los bares", ha declarado Unamuno, que se enfrenta a una petición de 50 años de cárcel.

Arnanz ha negado haber participado en ninguna agresión y ha asegurado que solo intentar mediar en una discusión.

Monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares que retransmite el juicio a los ocho jóvenes de Alsasua acusados de terrorismo EFE/Fernando Villar

También han negado haber participado en la agresión y formar parte de ningún colectivo del entorno de ETA los cinco acusados que se encuentran en libertad, cuatro de los cuales se enfrentan a 50 años de prisión y la única mujer imputada a 12 y medio.

El más joven, Jon Ander Cob, de 21 años, a quien ubicó en el lugar la pareja del teniente herido con la que, según ha dicho el acusado, coincidió en el instituto ha considerado que se trata de "una confusión visual" que no ha sido con "mala intención".

Mientras, Julen Goicoechea, que se define como una persona pacífica, "apolítico" y cliente habitual del bar Koxka, ha dicho en su declaración que creyó que el tumulto era "una movida más de las que suele haber" y ha asegurado que él solo va a ese local a "echar unas risas con los amigos, tomar una copa e intentar ligar".

Igualmente Aratz Urrizola ha señalado que estuvo en el bar Koxka pero ha indicado que se fue antes del incidente. Mientras que Iñaki Abad, el de mayor edad, 31 años, que grabó con su propio móvil un vídeo cuando pasaba por el bar Koxka, se ha calificado de "políticamente inactivo" y ha comentado que en el bar en el que trabajaba tenía un trato normal con el teniente y su novia, de "camarero a cliente".

La joven de 23 años Ainara Urquijo, acusada de amenazar a la pareja de uno de los guardias civiles agredidos, para la que el fiscal pide 12 años y medio de cárcel, ha reconocido que se alteró con la Policía Foral cuando vio que habían detenido a una persona por estos hechos, pero ha negado esas amenazas.

Acusados de agresiones y amenazas terroristas

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de octubre de 2016 durante las fiestas patronales. Según la acusación, los guardias civiles, un sargento y un teniente, y sus parejas se encontraban en un bar de Alsasua cuando fueron reconocidos por uno de los acusados. Al poco tiempo un grupo de unas 25 personas les rodearon y amenazaron incluso de muerte, conminándoles a que se fueran.

Finalmente, fueron expulsados a golpes y agredidos también fuera del local, "con gran violencia y brutalidad", según el escrito de la acusación. Uno de los guardias sufrió fractura de un tobillo y el resto de los denunciantes tuvieron que ser atendidos en el hospital.

La Fiscalía relaciona a los supuestos agresores con el movimiento Ospa! ('¡Fuera!') y la campaña Alde Hemendik ('Fuera de aquí'), cuyo origen se remonta a los años 70, y que se opone a la presencia en Navarra y País Vasco de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La Fiscalía engloba esta campaña en la actividad de los partidarios de ETA.

Por su parte, la defensa asegura que se trató de una "bronca de bar" y denuncia la inadmisión de pruebas durante la instrucción.

La portavoz de las familias de los ocho acusados, Isabel Pozueta, ha asegurado que tras la primera jornada de la vista oral, se van "de alguna manera más tranquilas". Considera que ha quedado "evidente" que "no son terroristas" sino "unos chavales normales" que salieron un día "de juerga" y que lo ocurrido allí fue "una trifulca de bar".

Polémica por la calificación de terrorismo

La calificación de estos hechos como terrorismo ha estado rodeada de polémica. La Audiencia Navarra, que no veía este delito, planteó una cuestión de competencia para quedarse con el caso. Pero el Tribunal Supremo falló en favor de que la causa llegara a la Audiencia Nacional, donde se juzgan los delitos de terrorismo.

Este sábado, miles de personas han salido a la calle en Pamplona para protestar por la calificacion de terrorismo, que consideran desproporcionada. La marcha contó con el apoyo del Gobierno de Navarra, partidos como Geroa Bai, Podemos, I-E y EH Bildu, y sindicatos como CCOO, ELA y LAB.

El manifiesto de apoyo a los acusados ha contado con firmas de eurodiputados de varios países. Amnistía Internacional también ha solicitado a la Fiscalía que retire la acusación.