Cifuentes denuncia ante la Fiscalía el proyecto del Campus de la Justicia de Esperanza Aguirre

• La obra impulsada por la expresidenta madrileña en 2007 nunca se concluyó
• Según la Cámara de Cuentas, no cumplió "ningún criterio de racionalidad"
• La oposición llevó el caso del Campus de la Justicia ante la Fiscalía en marzo
• El Gobierno autonómico desvincula la denuncia de la polémica del máster

Esperanza Aguirre, en el acto de colocación de la primera piedra del Campus de la Justicia, en abril de 2008.

El Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes, ha denunciado ante la Fiscalía las posibles "irregularidades" detectadas en la gestión del Campus de la Justicia, un proyecto encargado en 2007 por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre que pretendía agrupar las sedes judiciales en el barrio de Valdebebas y que nunca se terminó.

Lo hace después de que un informe de la Abogacía General -encargado por la Comunidad tras recibir una auditoría de la Cámara de Cuentas- haya detectado incumplimientos de forma "sistemática" de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad, según ha adelantado El Mundo.

La oposición en la Asamblea de Madrid, que hace un mes ya llevó el caso ante la Fiscalía cifrando el "quebranto patrimonial" para los madrileños en 130 millones de euros, ha calificado de "sorprendente" que Cifuentes dé este paso ahora en medio del "lío" por su máster cuando lleva "años defendiendo" la gestión de sus predecesores respecto al Campus.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha argumentado que entonces no se unieron a la denuncia de la oposición porque necesitaban el informe de la Abogacía y ha desvinculado el paso dado de la polémica por el presunto máster irregular de Cristina Cifuentes.

La denuncia llega después de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que advertía de que la estructura organizativa mercantil del Campus de la Justicia no seguía "ningún criterio de racionalidad económico-organizativo".

Hace unas semanas, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunciaba que el Gobierno regional había elevado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid este informe sobre el Campus de la Justicia para que valorara si es necesario tomar medidas. Entonces señaló que en el informe había "cifras y datos" que a todos generan "dudas en la forma de gestión".

Posibles "ilícitos penales" en el Campus de la Justicia

Ha sido el propio Garrido, quien ha explicado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid, que después de la evaluación de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que recogía que podían existir "ilícitos penales", han dado el paso de trasladarlo a la Fiscalía.

Ahora, debe ser esta la que decida si hay indicios de criminalidad y, en su caso, si lo remite al juzgado. Garrido ha asegurado que en ese momento desde el Gobierno regional se valorará personarse como acusación particular, como han hecho en el caso Púnica.

"La posibilidad de que la Comunidad pudiera estar ahí para recuperar el presunto dinero dañado a las arcas públicas siempre estaría presente, una vez que la Fiscalía determine qué es lo que corresponde hacer", ha subrayado.

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid ha adelantado que rescindir los contratos adjudicados costará entre 6 y 12 millones de euros.

La oposición critica la "pasividad" del Gobierno regional

Este paso del Ejecutivo madrileño ha suscitado la crítica de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid por la "pasividad" que, a su juicio, ha mantenido hasta ahora Cifuentes con este caso pese a que ya conocía las "malversaciones, irregularidades y presuntos delitos" de este proyecto.

"El Gobierno solo se mueve cuando hemos presentado la denuncia, hemos ido a la Fiscalía, cuando los medios de comunicación han evidenciado que lo que estábamos diciendo era exactamente así", ha señalado la portavoz del PSOE-M en la citada comisión, Mercedes Gallizo.

La socialista ha resaltado que es "muy sorprendente" que sea precisamente en este momento, "en medio del lío en el que está la señora Cifuentes", cuando deciden trasladarlo a la Fiscalía.

Por su parte, el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez ha afeado al Ejecutivo autonómico su actitud "remolona y reticente" durante el período que llevan investigando la cuestión. Para este parlamentario es "muy extraño" el momento y sostiene que puede tratarse de "una cortina de humo" ante la polémica del máster de la presidenta o un "ajuste de cuentas entre las familias del PP".

Desde Ciudadanos, la parlamentaria Solís ha resaltado que ha existido "pasividad total" para investigar este caso que era "tan evidente".