Educación de Madrid confirma una segunda denuncia por maltrato a un niño con autismo en un colegio de Getafe

• La familia del menor, que ya no asiste a clases, ha pedido un cambio de centro
• Tres trabajadores del centro están siendo investigadas tras la primera denuncia

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha confirmado que una familia ha denunciado un segundo caso de maltrato a un niño de diez años en el colegio de educación especial Ramón y Cajal de la localidad de Getafe.

Este caso, del que ha informado este mediodía la cadena Ser, es el segundo conocido esta semana en el mismo centro y por el que tres personas están siendo investigadas por el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Getafe.

Del segundo caso, del que se desconocen detalles, una fuente de Educación ha dicho que la familia del menor ha reclamado un cambio de centro educativo, que el menor ya no asiste a clases y que en breve se producirá una reunión que la familia ha reclamado con Inspección Educativa.

Educación, según su fuente, ha abierto un Expediente de Información Reservada para revisar el caso y averiguar si hubo mala praxis por parte de las tres personas supuestamente implicadas, dos profesoras y un auxiliar de una empresa contratista.

Fuentes de la Consejería de Educación han confirmado a Europa Press que la segunda denuncia llegó hace unos días a la Inspección y que esta misma tarde hay una reunión con los padres, la dirección del centro pública y un miembro de la Inspección para abordar la situación.

Declaran los tres imputados y dos testigos

Con respecto al primer caso, fuentes judiciales han confirmado este miércoles que la denuncia fue presentada el 10 de enero pasado y que se han incoado diligencias previas en las que "han declarado como investigados" (imputados) tres personas y "dos más como testigos".

La Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid explicaban este miércoles, según recoge Europa Press, que tuvieron conocimiento del primer caso el pasado mes de noviembre, cuando los profesores estaban cambiando de ropa al alumno y se encontraron con que llevaba un dispositivo de grabación, pero que hasta ahora no habían conocido el contenido de estas grabaciones.

Al preguntar a los padres al respecto, éstos explicaron, según Educación, que se trataba de un GPS para tener localizado al pequeño en caso de pérdida y que después de este descubrimiento, el menor no volvió a acudir al centro. Un mes más tarde, la familia denunció a la dirección del propio centro que su hijo podría haber sufrido malos tratos y vejaciones por parte de algunos trabajadores del centro.

La dirección del centro, tras tener conocimiento de esta denuncia, lo elevó a la Consejería, que trabajó en dos vías: la inspección educativa y la Unidad de Acoso Escolar, recientemente creada para este tipo de casos. Comenzaron a trabajar en este sentido, y de forma paralela llegó la denuncia ante el juez.

El presidente de la Federación de organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid (Plena Inclusión Madrid), Javier Luengo, ha exigido a la Comunidad de Madrid una "implicación directa" en estos casos, con una "investigación profunda".

Luengo ha pedido al Gobierno regional que revise si los profesores y el personal auxiliar del centro específico para personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) tienen la formación adecuada y necesaria.