El Gobierno regula por ley las VTC y protege a los taxistas del "vacío legal"

• El número de vehículos con conductor (VTC) triplica lo que marca la normativa
• Las lagunas legales han propiciado situaciones de competencia desleal con el taxi
• La nueva regulación cubre el vacío entre las legislaciones de 2009 y 2015
• Las claves del conflicto del taxi frente a Uber y Cabify

Los taxistas protestan ante la Delegación del Gobierno en Valencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley para proteger al negocio del taxi ante la proliferación de las plataformas VTC (vehículos turismo con conductor) como Cabify y Uber, una situación que ha provocado la convocatoria de protestas masivas en el sector.

El decreto eleva a rango de ley la norma de la proporción de 1/30 recogida hasta ahora en el Reglamento de 2015 de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT), que determina un máximo de una licencia de VTC por cada 30 de taxi y que también establece que los VTC de una empresa tienen que ser utilizados habitualmente dentro de una comunidad autónoma al menos en un 80%.

En rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho que el propósito del real decreto "no es otro que garantizar un adecuado equilibrioentre la oferta de la modalidad VTC y los taxis", tras el "vacío legal" que ha provocado que distintas sentencias judiciales hayan roto "de facto" la proporción del 1/30.

Los taxistas protestan en Madrid contra la "competencia desleal" de Uber y Cabify

Según de la Serna, por "64.217 licencias de taxis" concedidas, hay "7.058 licencias de VTC", lo que "supone una proporción de un VTC por cada nueve taxis", tres veces más de lo permitido.

Un portavoz de Uber ha señalado a Europa Press que, con esta legislación, el Gobierno "pierde la oportunidad de generar miles de puestos de trabajo" y de "modernizar" la movilidad de las ciudades. No obstante, la multinacional de VTC, que en España opera en Madrid y Barcelona, ha expresado su disposición a trabajar con el Ejecutivo y el sector del taxi para que "cada vez más ciudadanos dejen su coche en casa".

Los taxistas secundan la huelga de forma "masiva" y protestan en Madrid contra las VTC

Protección en todas las CC.AA.

El real decreto-ley aprobado incluye la posibilidad de que las comunidades autónomas denieguen la concesión de nuevas licencias cuando la proporción VTC/taxis supere lo establecido.

De la Serna ha afirmado que el decreto "refuerza el principio de eficacia en todo el territorio nacional" y "consolida el ambito de competencias en materia de tranpsorte que la Constitución garantiza al Estado".

La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha acogido con satisfacción la regulación impulsada por el Gobierno, ya que considera que persigue "estabilizar el mercado" y que haya una competencia "más leal" en el sector.

Según el presidente de la federación, Miguel Ángel Leal, sin la normativa impulsada por el Ejecutivo y con una inminente sentencia del Supremo favorable a la liberalización, se podría haber dado acceso a miles de nuevas licencias VTCy colapsar el mercado.

Recurso de la CNMC

La aprobación de esta norma, que deberá ser convalidada por el Congreso, resta trascendencia a la decisión que el Tribunal Supremo debe adoptar sobre el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el real decreto de 2015 que limita el número de licencias VTC y les impone una serie de condiciones

Este recurso, al que se sumaron posteriormente Unauto, la patronal de las VTC, y las plataformas Uber y Cabify, pide la nulidad de tres preceptos, entre ellos el que fija una proporción de treinta taxis por cada VTC.

De la Serna ha asegurado que el real decreto-ley permitirá garantizar una "convivencia equilibrada" entre los taxis y las VTC, y proporcionará una mayor "seguridad jurídica".

El real decreto-ley ha sido defendido por el Ministerio de Fomento y los representantes de las asociaciones de taxistas e incluye una disposición adicional que establece la convocatoria, de forma extraordinaria, de la Conferencia Nacional de Transportes para analizar la legislación estatal y autonómica y comprobar si se pueden introducir cambios para mejorar la competitividad.

Según el titular de Fomento, la nueva norma también ha tenido en cuenta lo ocurrido como consecuencia del vacío legal que se produjo entre la Ley Omnibus de 2099 y el real decreto de 2015.