El Congreso da luz verde al desalojo exprés de pisos ocupados de particulares

• El texto final remitido al Senado excluye los pisos de bancos y fondos buitre
• Sí incluye las viviendas de entidades sociales y administraciones públicas
• La propuesta del PDeCat recibe el apoyo del PP, Cs y el PNV
• PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís han votado en contra

El Congreso aprueba el desalojo exprés de las viviendas ocupadas propiedad de particulares

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este martes al desalojo exprés de pisos ocupados que sean propiedad de particulares y de viviendas sociales de administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja ha aprobado la proposición de ley del PDeCAT que modifica en este sentido la Ley de Enjuiciamiento Civil y ha remitido al Senado el texto para completar su tramitación.

Tras las enmiendas, del texto final remitido a la Cámara Alta se han caído las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que no podrán beneficiarse del proceso de desahucio exprés como sí estaba previsto en un principio. De esta manera, los bancos y los 'fondos buitre' quedan fuera, informa Europa Press.

La proposición de ley ha salido adelante con los votos a favor del PP, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PSOE -que participó inicialmente en la ponencia-, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromís han votado en contra, según detalla esta agencia.

Ejecución del desalojo en menos de 20 días

El texto establece que la persona física que sea propietaria o poseedora legítima, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social podrán pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o una parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento".

Según informa Macarena Bartolomé, periodista de TVE en el Congreso, el proceso que actualmente puede durar como mínimo 2 años se podrá realizar en menos de 2 meses. Una vez dictada la sentencia, el desalojo podrá llevarse a cabo en menos de 20 días si así lo pide el demandante.

La portavoz del PDeCat Lourdes Ciuró ha defendido que el cambio legislativo servirá para "acabar con las mafias, que se aprovechan del largo espacio de tiempo que hay desde que se presenta una demanda hasta que concluye, que pueden ser dos años".

Los socialistas se han descolgado del texto -que en gran medida habían acordado y respaldado en fase de ponencia- porque el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes" y porque no garantiza, añade la diputada Mar Rominguera, que "quienes ocupan una vivienda por encontrarse en situación de vulnerabilidad tengan garantías de que serán reubicados".

Unidos Podemos se opone a la modificación

Por su parte, el representante de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, ha expresado la intención de su grupo de recurrir la modificación ante el Tribunal Constitucional una vez sea publicada en el BOE.

"Lo de hoy ha sido una vergüenza y un ejercicio de hipocresía. Se ha aprobado un texto que incumple nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", ha manifestado.

Mayoral también ha criticado al PSOE por no querer "asumir su responsabilidad", ya que, ha dicho, "participó de la ponencia y formó parte del acuerdo". "Cuando ha habido que tomar la decisión concreta de si había o no había alternativa habitacional, se han posicionado claramente con el PP, PNV, Ciudadanos y PDeCAT", ha insistido el representante de Podemos.

Unidos Podemos se ha opuesto a la modificación porque promueve "un procedimiento judicial en el que no hay derecho a la defensa" y "porque no se garantiza la alternativa habitacional de la población vulnerable".