El Consejo de Europa analiza "fuertes sospechas" de corrupción en el senador del PP Pedro Agramunt
- Le acusa de haber favorecido a Azerbaiyán en los informes de la organización
- Agramunt rechaza las acusaciones y anuncia acciones legales
- La comisión de ivnestigación culpa a Agustín Conde y Jordi Xuclá de incumplir el código ético
Un informe externo sobre las acusaciones de corrupción en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) revela "fuertes sospechas" de que el senador valenciano Pedro Agramunt (Partido Popular) "fue parte de actividad de naturaleza corrupta", aunque sin evidencias ni puebas concluyentes.
Agramunt fue presidente de la APCE entre enero de 2016 y octubre de 2017, cuando dimitió tras una polémica visita a Siria con parlamentarios rusos en la que se entrevistó con el presidente Bachar al Asad.
El informe también acusa de infringir el código ético de la organización al diputado Jordi Xuclá (PDeCat) y al actual secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde cuando era diputado del PP.
Relaciones con Azerbaiyán
En el informe publicado este lunes [EN] se analiza el comportamiento de ocho miembros del Consejo de Europa en el marco de las relaciones con Azerbaiyán y las labores de observación de las elecciones parlamentarias de 2005 y 2015 y presidenciales de 2013. En enero de 2013, el pleno del Consejo de Europa rechazó el llamado "informe Strässer", que denunciaba la situación de los presos políticos en Azerbaiyán.
El texto apunta a que Agramunt y otros representantes contribuyeron a suavizar las críticas del Consejo a las autoridades azeríes a cambio de favores por parte del lobby azerí.
Según testigos, entre los representantes del Grupo Popular Europeo circulaban sobres con dinero procedente de Azerbaiyán. Un testigo asegura que Agramunt reconoció tener en su habitación un sobre con 15.000 euros en efectivo. Otros testimonios de funcionarios de la APCE apuntan a que el senador del PP "podría haber sido sobornado con prostitutas".
El informe señala también, aunque sin aportar conclusiones, que la campaña de Agramunt para alcanzar la presidencia del la APCE fue apoyada activamente por Muslum Mammadov, lobista para Azerbaiyán.
En todos los casos el informe cita testimonios pero no pruebas directas o documentales.
En cambio, sí se acusa directamente al expresidente del Grupo del PPE en la APCE, el italiano Luca Volonté, de participar en "actividades corruptas". Volonté ya fue acusado en Italia de recibir varios pagos periódicos de las autoridades azeríes durante 2013 y 2014.
Las denuncias de corrupción en la APCE provienen de varias ONG y medios de comunicación que han desvelado una supuesta "diplomacia del caviar" de Azerbaiyán en la institución.
Agramunt niega las acusaciones y anuncia medidas legales
El senador popular no quiso comparecer ante la comisión para ofrecer su testimonio oral, ante lo que consideraba falta de garantías. Sus abogados ofrecieron hacerlo por escrito, pero la comisión lo denegó aduciendo que ya era demasiado tarde.
En un comunicado enviado a la agencia Efe este martes, Agramunt ha negado todas las acusaciones y ha anunciado que estudia medidas legales. "El relato y las conclusiones del informe suponen el mayor ataque a los derechos civiles de cualquier individuo en un Estado de derecho, proveniente de personas que se suponen son los que han de defender los derechos humanos", ha declarado Agramunt.
El senador asegura que el documento "traspasa todos los límites del Estado de Derecho y los estándares mínimos de la democracia" porque "se acusa, se juzga, se condena y se ejecuta, sin iniciarse procedimiento contradictorio alguno".
El senador valenciano del PP denuncia una "caza de brujas" de "algunos miembros del secretariado, de algunos parlamentarios y de algunas organizaciones con una agenda política muy clara" que "no han conseguido demostrar nada". A su parecer, el informe está lleno de "manipulaciones, fábulas y rumores interesados, basados en testimonios en su mayor parte anónimos y contradictorios".
Además, ha acusado a la comisión de investigación de haber adoptado una actitud "claramente inquisitorial". "Si hubiese pruebas, lo procedente sería ponerlas en conocimiento de los tribunales de justicia", ha añadido.
Xuclá y Conde, acusados de infringir el código ético
En el informe también se acusa de mala praxis al diputado del PDeCAT Jordi Xuclà y al entonces diputado del PP y actual 'número dos' del Ministerio de Defensa, Agustín Conde.
El informe califica de "sospechosa" la actuación de Xuclá como jefe de la delegación de la misión de la APCE en las elecciones parlamentarias de 2015 en Azerbaiyán. Supuestamente, Xuclà habría preparado una declaración preliminar por su cuenta durante la misma tarde de las elecciones.
Aunque el Consejo señala que las circunstancias en torno al informe son "inusuales", exonera a Xuclà de acusaciones más graves tras escuchar sus alegaciones.
Con respecto a Conde, el informe indica que durante su labor como co-observador en las elecciones de 2015 su compañero de misión, el polaco Tadeusz Iwinski. recibió instrucciones en forma de declaraciones preparadas por parte del belga Stef Goris, parlamentario de la APCE hasta 2007 y que el informe señala como figura "esencial" en el engranaje de influencia de Azerbaiyán.
El documento señala que Conde no recibió personalmente las indicaciones pero "sí era responsable conjuntamente de la redacción y del contenido de las declaraciones que fue presentado en su nombre", por lo que se saltó el código de conducta de misión de observación electoral.
Conde no quiso comparecer en persona ante la comisión de investigación cuando fue citado para dar testimonio, y en su lugar envió un resumen escrito de sus actividades.
La comisión externa e independiente está compuesta por tres exjueces europeos, el británico Nicholas Bratza, el francés Jean-Louis Bruguière y la sueca Elisabet Fura, e inició sus trabajos el pasado junio. Han escuchado medio centenar de testimonios de parlamentarios, miembros de la Secretaría de la APCE, periodistas e integrantes de la sociedad civil.
El presidente de la APCE, Michele Nicoletti, anunció este lunes que remitirá el informe a la Comisión de Reglamento para que decida las sanciones individuales a imponer a los parlamentarios que hayan vulnerado el Código de conducta.