El PSOE presenta su ley de la eutanasia y llama a los partidos a apoyarla
- Los socialistas defienden que se convierta en un derecho constitucional
- Contemplaría casos de discapacidad grave y crónica y un "sufrimiento insoportable"
- Los profesionales sanitarios tendrían derecho a la objeción de conciencia
El PSOE ha presentado este jueves una proposición de ley de regulación de la eutanasia, con el objetivo de que se convierta en un derecho constitucional, y ha hecho un llamamiento a los partidos para que apoyen esta propuesta con la que se da "un paso más" a los cuidados al final de la vida y la muerte digna.
En rueda de prensa, el secretario de Justicia y Nuevos Derechos, Andrés Perelló, y la secretaria de Sanidad, Luisa Carcedo, han dado detalles de esta propuesta, que debe ser "un nuevo derecho efectivo".
Lo debe ser, según los socialistas, para aquellas personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad terminal, pero también para aquellas "que deciden no vivir más" en casos de discapacidad grave y crónica y que padezcan un "sufrimiento insoportable".
Financiación pública de la "ayuda a morir"
La iniciativa socialista considera que esta "prestación de ayuda para morir" debe estar incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y debe ser de financiación pública, incluso cuando se practique en el domicilio particular de la persona solicitante.
En la proposición se contempla que los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tengan el derecho de ejercer la objeción de conciencia.
El rechazo o la negativa a realizar la prestación por razones de conciencia será una decisión siempre "individual del personal sanitario" y deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. La propuesta prevé la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la "ayuda a morir".
La regulación bajo control médico de cuidados paliativos en casos de sufrimiento extremo o padecimientos crónicos desahuciados, y la elección de la eutanasia por los pacientes dentro de este contexto, han sido motivos de aguda controversia política y social en España desde hace años.
Baste recordar el caso del doctor Luis Montes, exdirector del Hospital Severo Ochoa de Leganés y fallecido recientemente, al que la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza Aguirre persiguió en 2005, apoyada en dos denuncias que resultaron ser falsas sobre aplicación irregular de eutanasia.