Los exconsellers Mundó, Borrás y Vila rechazan su procesamiento y se niegan a declarar ante el Supremo

• Están acusados de malversación y desobediencia en la causa contra el "procés"
• El lunes conocieron su causa por desobediencia cinco exmiembros de la Mesa

Los exmiembros del Govern Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila, llegando al Tribunal Supremo.

Los exconsellers del Govern catalán Santiago Vila (Empresa), Carles Mundò (ERC, Justicia) y Meritxell Borrás (JxCAT, Gobernación) han conocido este martes en el Tribunal Supremo sus procesamientos por malversación y desobediencia en el marco de la causa abierta por el "procés" independentista en Cataluña y los han rechazado, sin querer hacer ninguna otra declaración ante el juez.

El juez considera que los tres exmiembros del Govern también eludieron los requerimientos del Tribunal Constitucional al aprobar el decreto que regulaba la convocatoria del referéndum. Además, en su auto de procesamiento, señala que estos consejeros autorizaron a sus departamentos las acciones y contrataciones necesaria para hacer posible la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, así como la disposición de fondos públicos destinados para otros fines.

Vila, exconseller de Empresa, quien como sus dos excompañeros en el Govern ha permanecido menos de diez minutos ante el juez, ha declarado a los periodistas, a su salida del tribunal, que frente al magistrado se ha limitado a manifestar su desacuerdo con el procesamiento. Eso es lo que han hecho también los tres exconsellers: se han remitido a sus anteriores declaraciones en las que ya rechazaron las acusaciones contra ellos.

"El trámite ha sido muy rápido, hemos confirmado nuestro desacuerdo con el auto de procesamiento, nos hemos remitido a lo que declaramos en su momento, yo en la Audiencia Nacional ya atendí a todas las preguntas. Como nada ha cambiado, no tenemos mas que añadir", ha dicho Vila a los periodistas.

Además, ha confirmado que recurrirá contra el procesamiento y ha subrayado la convicción de que "ni yo, ni ningún miembro del Gobierno, gastamos ni un solo euro de dinero público. En consecuencia, la acusación de malversación estoy convencido de que se va a demostrar que es infundada".

Boya (CUP), procesada por desobediencia

La exdiputada de la CUP Mireia Boya, procesada únicamente por desobediencia, ha sido la última en cumplir el mismo trámite, técnicamente conocido como indagatoria. El magistrado sostiene que se saltó las decisiones del Constitucional al registrar en el Parlament la proposición de Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República, que perseguía la 'desconexión' de Cataluña, y presentar la del Referéndum.

Boya ha sido la única en declarar y ha espetado a Llarena que la sentencia sobre el "procés" "ya está dictada. La Justicia está politizada. El juicio real se resolverá en instancias internacionales", según varias fuentes presentes en la declaración.

Mireia Boya ha manifestado además que el derecho a la autodeterminación está por encima de la indisoluble unidad de España y que no debería existir el delito de desobediencia.

Un mes en prisión

Borrás y Mundó fueron encarcelados el pasado 2 de noviembre por orden de la juez de la Audiencia Nacional que entonces instruía la causa, Carmen Lamela, junto con el resto de miembros del exGovern y después de un mes en ella pagaron 100.000 euros para poder quedar en libertad.

Vila, encarcelado el mismo día, sólo pasó una noche en el centro penitenciario y salió al día siguiente tras hacer efectivos los 50.000 euros que se solicitaron en su caso. En cuanto a Mireia Boya, el juez no acordó ninguna medida cautelar contra ella tras tomarle declaración como investigada.

El juez Llarena había citado el lunes a los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament que hicieron posible la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Comparecieron también ante el magistrado, con la única excepción de Ramona Barrufet, que lo hará por videoconferencia, y se ampararon en la inviolabilidad parlamentaria para defenderse de la acusación de desobediencia al Tribunal Constitucional.

A estos parlamentarios Llarena les acusa de un delito de desobediencia por incumplir de forma "tenaz y perseverante" los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional para impedir la aprobación de las leyes del 'procés' que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado 27 de octubre.

Con todo, las comparecencias de los imputados que no están en prisión preventiva ni han sido procesados por rebelión, han sido menos duras que las celebradas en abril para cubrir este mismo trámite de comunicación de procesamientos a los inculpados que sí están en prisión preventiva, que hablaron de que la causa contra el "procés" es una causa política que criminaliza a un movimiento ciudadano pacífico, y denunciaron vulneración de derechos, falta de imparcialidad y contaminación política por parte del Tribunal Supremo.