Imputado el exdelegado de la Generalitat en la UE por los gastos del referéndum del 1-O

• El juez de Barcelona que investiga la consulta le ha citado el 6 de junio
• También ha citado a otros tres cargos del Departamento de Exteriores
• Quiere saber si se malversó para pagar observadores internacionales

Fotografía de archivo de una de las urnas utilizadas en el referéndum del 1-O.

El juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña ha imputado este miércoles al exdelegado de la Generalitat ante la Unión Europea Amadeu Altafaj y a otros tres cargos del Departamento de Exteriores, por los pagos a los observadores internacionales que supervisaron la consulta independentista.

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha citado a declarar como investigado -como se conoce ahora a la antigua figura de imputado- el próximo 6 de junio a Amadeu Altafaj, que fue alto cargo y portavoz de la Comisión Europea antes de ser nombrado representante permanente de la Generalitat ante la UE.

Para ese mismo día, el juez ha fijado las declaraciones como investigados del ex secretario general de Exteriores Aleix Villatoro, el ex secretario general del Diplocat Albert Royo y de Marta Garbasall, directora de Servicios del Departamento de Exteriores que dirigía Raül Romeva.

El juez investiga si se malversó dinero público para los observadores

El objetivo de esos interrogatorios es averiguar si el Govern malversó fondos públicos en los gastos de los observadores internacionales que fueron designados para supervisar el referéndum de independencia del 1-O.

La Guardia Civil sostiene en un informe que la Generalitat pudo destinar hasta 177.065 euros en los desplazamientos de los observadores internacionales que debían garantizar la validez del 1-O, de los que por el momento aseguran tener constancia de que se pagaron 119.700 euros.

De hecho, el pasado 12 de abril el juez ordenó registrar las oficinas del Diplocat -organismo dependiente de Exteriores encargado de proyectar la imagen internacional de Cataluña que fue disuelto ese mismo día en aplicación del artículo 155 de la Constitución-, en busca de documentación relacionada con los pagos a los observadores internacionales.

Dos transferencias ordenadas por Altafaj

El magistrado ordenó esa diligencia a raíz de otro informe de la Guardia Civil que constató dos transferencias ordenadas por Altafaj desde las cuentas de la Delegación de la Generalitat ante la UE al The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de "contrato de servicios".

Asimismo, el juez ha aplazado al próximo 21 de junio la declaración como investigado de Antoni Molons, exsecretario de Difusión de la Generalitat, inicialmente prevista para el 16 de mayo próximo y con la que pretende averiguar si el gobierno catalán financió el 1-O mediante pagos opacos a Òmnium Cultural.

Molons fue detenido el pasado 15 de marzo por la Guardia Civil, que lo dejó en libertad después de que se negara a declarar en el cuartel y tras registrar su domicilio y su despacho oficial en el Palau de la Generalitat en busca de documentación relacionada con la financiación del 1-O.

La Guardia Civil sospecha que el Govern cesado pudo financiar la propaganda del referéndum independentista a través de pagos a Òmnium Cultural, que se habría encargado de confeccionar la campaña de publicidad del 1-O, con el fin de burlar la prohibición del Constitucional de destinar partidas de los presupuestos al referéndum de independencia suspendido.

Junto a esos cinco imputados, el juez tomará declaración entre mañana y el próximo 21 de junio a 17 testigos relacionados con la financiación del referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).