Más de 500 organizaciones consideran que los PGE son "un paso atrás" en la lucha contra la desigualdad
- Piden a los partidos y al Gobierno que se supere el bloqueo parlamentario
- Critican que quede en papel mojado la prestación a familias sin ingresos
Más de 500 organizaciones de la sociedad civil, que vigilan los compromisos políticos contra la pobreza, ven preocupadas "la falta de voluntad en la asignación de los presupuestos para las políticas de reducción de desigualdades” en lo que va de legislatura y denuncian que las cuentas públicas suponen "un paso atrás" en el objetivo de conseguir una sociedad con igualdad de oportunidades.
La red Polétika en su informe Pasos atrás en la legislatura del cambio (en pdf) alerta de que "sin un urgente cambio de actitud por parte de los partidos políticos y el Gobierno, traducido en acuerdos legislativos y presupuestarios ambiciosos podría darse por perdido este mandato".
Tras analizar más de 700 iniciativas parlamentarias, concluyen que el bloqueo está comenzando a afectar incluso a los pasos positivos que se habían dado al comienzo de la legislatura y que podrían acabar dejando en papel mojado medidas clave para el bienestar de todas las personas.
Explican que la Ley de Cambio Climático, la Ley Integral para Erradicar la violencia contra la infancia o la regulación de los lobbies, iniciativas que valoraron de forma muy positiva, están estancadas.
Polétika cree que otras medidas que sí han llegado a aprobarse, como el Pacto de Estado contra la violencia de Género o la creación de una comisión no legislativa de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, están funcionando a medio gas al no ir acompañadas de un presupuesto que permita realizar sus propuestas.
La transparencia, asignatura pendiente
Estas organizaciones -entre las que se encuentran Greenpeace, Médicos del Mundo e Oxfam Intermón- consideran que la calidad democrática basada en la transparencia, la participación ciudadana y las libertades sigue siendo una asignatura pendiente.
Casi dos años después del inicio de la XII legislatura, hay abiertos en el Congreso dos debates que mejoran el derecho de acceso a la información: la ya mencionada regulación de los grupos de interés y la reforma de la Ley de Transparencia. Sin embargo, los grupos parlamentarios "no han avanzado nada en incorporar mecanismos reales de participación ciudadana en la toma de decisiones".
Critican que la derogación de la conocida como ley mordaza finalmente ha superado un bloqueo de más de 10 meses, pero ha vuelto a ver dilatada su tramitación tras recibir cientos de enmiendas las dos propuestas diferentes que fueron registradas.
Asimismo, la Iniciativa Legislativa Popular que contempla una prestación a familias con bajos ingresos sin derecho a subsidio por desempleo superó el bloqueo de la Mesa del Congreso para quedarse atascada parlamentariamente, a pesar de que podría ayudar a 1,8 millones de familias en España.
Esta tendencia de parálisis y ralentización podría haber sido revertida con las cuentas públicas de 2018, pero Polétika opina que “vuelven a ser una oportunidad perdida y mantienen secuestrado cualquier impacto positivo en la lucha contra la desigualdad”.