La juez cita como imputada a Cifuentes por cohecho y falsificación por el caso del máster de la URJC

• La expresidenta de la Comunidad de Madrid tendrá que declarar el 26 de junio
• Al dimitir como diputada autonómica, ya no está aforada
• Los delitos de los que se le acusa acarrean penas de hasta seis años de cárcel

Fotografía de archivo de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.

La juez que investiga la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos ha llamado a declarar en calidad de investigada -lo que antes se conocía como imputada- a la expresidenta madrileña el próximo 26 de junio por delitos de falsificación y cohecho.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que este jueves comenzó la toma de declaraciones a los investigados en el caso y ha decidido realizar nuevas citaciones, incluida la de Cifuentes.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien dimitió el pasado 25 de abril por el escándalo del máster y por un presunto hurto de unas cremas en 2011, también ha renunciado a su condición de diputada, es decir, ha perdido su aforamiento y puede ser investigada por un juzgado ordinario.

Cifuentes, que ha pedido el reingreso en la Universidad Complutense, será investigada por delitos que, además de pena de cárcel, llevan aparejada la inhabilitación especial para cargo o empleo público o al menos la suspensión.

En concreto, los delitos de cohecho y falsedad documental por los que tendrá que declarar la expresidenta de la Comunidad de Madrid acarrean penas de prisión de hasta seis años e inhabilitación para ejercer como cargo público durante un máximo de seis años.

Otras cuatro personas investigadas

La juez del número 51 de Madrid investiga las circunstancias en las que se produjo la aprobación del máster de la expresidenta madrileña en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), causa en la que, de momento, ha citado a cuatro personas más como investigadas, además de Cifuentes.

Este jueves, la juez decidió imputar a Alicia López de los Mozos, la profesora de la URJC que negó haber presidido el tribunal de evaluación del Trabajo Fin de Máster y que certificó que su firma había sido falsificada, y que había acudido a declarar inicialmente como testigo.

Y antes que ella, ya habían sido citados como investigados Cecilia Rosado, profesora del máster de Cifuentes y secretaria del tribunal encargado de examinarla; Amalia Calonge, funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que alteró sus notas, y el exdirector del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde.

La causa del máster

La titular del Juzgado número 51 empezó la investigación por la denuncia de Ángela Figueruelo, catedrática de la Universidad de Salamanca y una de las profesoras cuya firma fue falsificada, en este caso en el acta de convalidación de notas.

Después, asumió la investigación que había iniciado la Fiscalía de Móstoles y finalmente decidió ampliar la causa para averiguar qué ocurrió con el acta relativa a la defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes.

Para el lunes 14 la magistrada ha citado como testigo a Ignacio Escolar, director de eldiario.es (el medio digital que publicó las primeras informaciones sobre el caso) y ya el próximo 6 de junio a Enrique Álvarez Conde, en este caso como investigado. Ese mismo día declararán como testigos Figueruelo y otros doce testigos, entre ellos los profesores Alfredo Allué y Laura Nuño y nueve alumnos.

Declarará sin estar aforada

Cifuentes deberá ir a la citación judicial acompañada por un abogado y no tiene la obligación de decir la verdad, ya que los acusados pueden alegar todo lo que quieran en el ejercicio de su derecho a la defensa.

El privilegio del que gozaba de poder ser enjuiciada por el Tribunal Supremo lo perdió cuando renunció a su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, así como el fuero que perdió al entregar su acta como diputada de la Asamblea de Madrid.

La eliminación del aforamiento era uno de los compromisos de Cifuentes en su programa electoral, aunque aún esta iniciativa legislativa está en trámite parlamentario.