Llarena propone a Alemania entregar a Puigdemont por sedición y abre una pieza separada con los huidos

• El delito de sedición contempla penas de hasta 15 años de cárcel
• La rebelión implica violencia y la sedición conlleva alzamiento "tumultuario"
• Puigdemont, Rovira y el resto de huidos procesados, en una pieza separada

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, reunido en Berlín con diputados de JxCat.

El juez del Tribunal Supremo encargado de la causa por el 'procés' hacia la independencia ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, encargado de decidir sobre la extradición de Carles Puigdemont, en el que plantea la opción de que entregue al expresident por un delito de sedición (que contempla penas de hasta 15 años de cárcel), aunque confía en que finalmente lo haga por rebelión. En su opinión, los hechos encajan en el artículo 81 del Código Penal alemán relativo al delito de alta traición.

En este documento (pdf.), al que ha tenido acceso RTVE.es, el juez plantea esa posibilidad en el caso de que los jueces alemanes consideren que no se dan los requisitos para entregar a Puigdemont por un delito de rebelión al no apreciar la concurrencia del requisito de violencia, algo que sí percibe el juez Llarena.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ya descartó el delito de rebelión al no ver violencia y dejó en libertad a Puigdemont bajo fianza de 75.000 euros.

Como hiciera Llarena en el auto dictado el miércoles, en el que confirmó el procesamiento de todos los implicados en el "procés", el juez plantea la posibilidad de que lo ocurrido en los días previos y posteriores al referéndum del 1-O y ese mismo día se interprete como sedición.

"Con independencia de cuál sea el delito que constituyan estos hechos en Alemania o cual sea la gravedad de la calificación conforme a su ordenamiento jurídico, estamos convencidos de que los hechos son constitutivos de algún tipo de infracción penal en Alemania. No resultaría entendible que los hechos descritos puedan ser cometidos por el presidente de un land, sin contrariar la ley penal alemana en ninguno de sus preceptos", concluye el juez Llarena.

En definitiva, pide a la justicia alemana que analice si "un intento de romper la Constitución", aunque fuera sin violencia, no sería delito en este país y si "un intento de segregación de un land" no sería delictivo.

Y también aplica el mismo criterio en otro escrito, enviado a los autoridades judiciales belgas, en el que plantea que el exconseller de Sanidad Antoni Comín también sea juzgado por un delito de sedición.

La rebelión implica violencia y la sedición, conlleva alzamiento "tumultuario"

La diferencia entre ambos delitos radica, y lo explica el juez en su auto, en que la rebelión implica el uso de la violencia para obtener ese tipo de fines, en tanto que la sedición conlleva un alzamiento "tumultuario".

El magistrado, pese a defender que hubo violencia "conscientemente asumida y buscada", admite la posibilidad de que la Fiscalía acuse por sedición. Lo que no aceptaría el Supremo en ningún caso sería la entrega por un delito menor, como la malversación, deja claro Llarena.

El magistrado contesta a la petición de información por parte del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein señalando que en los hechos investigados existe "suficiente intensidad de violencia, en el sentido de poder haber comprometido de manera efectiva y profunda la capacidad de decisión del Gobierno".

Y enumera una serie de hechos que, a su juicio, justifican la rebelión por parte de los procesados: 300 incidentes de movilizaciones públicas, "escraches a la policía estatal", "amenazas" a empresarios que tenían contratos de alojamiento con la policía estatal, cortes de carreteras y "barricadas de fuego". "Se sitiaron los edificios institucionales del Estado sitos en Cataluña", añade Llarena.

"Control armado del territorio en manos de los insurrectos"

Vuelve a insistir en que hubo violencia durante la votación del 1-O y durante los registros en la sede de la consellería de Economía, donde se sucedieron, dice, "incidentes". Apunta el magistrado a que "se lanzó a la población a hacer frente a los agentes policiales encargados de los registros y de las detenciones".

"Que la policía autonómica no velara por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sino por que prosperara su transgresión, permitió que los procesados hicieran ver al gobierno de España que el control armado del territorio estaba en manos de los insurrectos", dice el auto, que añade: "La insurrección fue de tal envergadura que dos días después de la votación y de que comenzaran los cortes de carreteras, la habitual programación televisiva y de radio de todos los medios de comunicación del país tuvo que verse alterada por el rey dirigió un mensaje a la nación". Incluso Llarena justifica el delito de rebelión argumentando que 3.000 empresas cambiaran su domicilio social fuera de España.

Habla de "proceso violento" porque logró "desactivar el control legítimo del orden público" en Cataluña, "desatendió y sobrepasó" los mandatos imperativos emanados del Poder Judicial en España, "desobedeció sistemáticamente" los requerimientos del Gobierno y, por todo ello, "condicionó todos los resortes del Gobierno y poder del Estado", lo que, en su opinión, tiene que tener "reflejo" en el tipo penal que analizan.

Llarena envía decenas de vídeos que están relacionados con episodios violentos, acosos e insultos a ciudadanos y fuerzas de seguridad para apoyar sus argumentos respecto al uso de violencia.

Llarena abre pieza separada con los huidos

Por otro lado, Llarena ha abierto una pieza separada dedicada al expresidente Puigdemont y los otros seis huidos de la justicia española con el fin de evitar retrasos en el juicio y no tener así que esperar las decisiones sobre las euroórdenes cursadas y las extradiciones.

De esta forma, habrá una pieza principal y otra separada, en la que serán juzgados Puigdemont (Alemania), la secretaria general de ERC, Marta Rovira (Suiza), los exconsellers Lluis Puig (Bélgica), Clara Ponsati (Escocia), Meritxell Serret (Bélgica) y Toni Comin (Bélgica), y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel (Suiza).

Puigdemont, Puig, Ponsati y Comin están procesados por rebelión y malversación; Rovira, por rebelión; y Serret y Gabriel, por desobediencia.

Pide a la Audiencia Nacional correo de los manos de los mossos

Además, en la misma providencia, el instructor pide a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, los correos electrónicos de los mandos de los Mossos d'Esquadra y la relación de llamadas entre los investigados, respecto de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre en la Consellería de Economía y al referéndum del 1-O.

También pide al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la consulta, diversas actuaciones como el informe de la Guardia Civil sobre malversación de fondos públicos en los preparativos y ejecución del 1-O con facturas y evidencias.

Requiere además los informes sobre el contenido de la agenda moleskine intervenida a Josep María Jové, considerado organizador del referéndum del 1-O y diputado en la actual legislatura, y sobre el análisis de la documentación intervenida en su despacho.

Lo hace después de que el juez del 13 de Barcelona enviara a Llarena una exposición razonada ante la aparición de indicios contra Jové y LLuis Salvadó, que fue secretario de Hacienda del Govern y es diputado de ERC, y Llarena preguntara hace días a la Fiscalía si procede imputar a estas dos personas.