El Banco de España avisa: el paro, el envejecimiento, la alta temporalidad y la deuda pública limitan el crecimiento

• Advierte que habrá que seguir con recortes para cumplir objetivos de estabilidad
• Alerta de las “escasas” iniciativas para resolver problemas estructurales
• Señala que debe continuarse con recortes para cumplir los objetivos de deuda

El supervisor señala que la recuperación "se ha apoyado, en parte, en elementos que tenderán a agotarse progresivamente".

La capacidad de la economía española de crecer a medio plazo de forma sostenible y equilibrada es modesta y se sitúa por debajo del 1,5%, según el Banco de España, que apunta que ese potencial de crecimiento está limitado por el alto paro estructural, el envejecimiento de la población y la reducida productividad derivada de la elevada temporalidad en el mercado laboral.

En su informe anual, el organismo público también señala como otra de las vulnerabilidades el endeudamiento público y déficit estructural elevados.

Aunque el banco central destaca que “durante 2017 se prolongó la etapa expansiva de la economía española” y continuó “la corrección parcial de desequilibrios”, avisa de que esa mejora “se ha apoyado, en parte, en elementos que tenderán a agotarse progresivamente”, como la política monetaria expansiva del BCE.

“Amplia agenda de reformas”

Por eso, insta a las autoridades a acometer “una amplia agenda de reformas” para resolver las actuales vulnerabilidades de la economía española.

Ante esa necesidad, el Banco de España aprecia que “las iniciativas para resolver los problemas estructurales de la economía son escasas” y apunta a que “la fragmentación parlamentaria está dificultando la puesta en marcha de iniciativas legislativas de calado”.

En ese sentido, destaca que “muchas de las tareas pendientes” exigen planes de acción a medio y largo plazo “que superan el ciclo político habitual y, por tanto, exigen una puesta en marcha sin demora y un compromiso político amplio y duradero”.

Paro y temporalidad elevados, ineficiencias del mercado laboral

Así, señala como “prioritario” el objetivo de reducir el desempleo y su persistencia en determinados colectivos, como los parados con menor nivel de formación.

Para eso, considera que “las políticas públicas deben dirigirse a asegurar la empleabilidad de esos colectivos”.

Además, el Banco subraya que “la elevada segmentación del mercado de trabajo dificulta las mejoras de productividad”, ya que en la actual recuperación económica, “al igual que ocurrió antes de la crisis, se ha mantenido la pauta de mayor crecimiento del empleo temporal con respecto al indefinido”.

Al cierre del año pasado, la tasa de temporalidad en España era del 26,7% -frente al 24% que había un año antes- y se mantenía como la más alta de la zona euro, donde la media era del 16,2%.

El supervisor también apunta que “hay cierta evidencia de una menor duración de los nuevos contratos temporales en el período reciente, lo que aumenta la rotación y dificulta la acumulación de capital humano”.

Por último, recuerda que existe un “elevado porcentaje de parcialidad involuntaria” que, unido a todo lo anterior, ha llevado a la reducción de las horas efectivamente trabajadas y, por tanto, a la bajada de la productividad y a “la desigualdad de los ingresos laborales”.

Como solución, el Banco de España recomienda reducir la temporalidad del mercado de trabajo y favorecer la conciliación laboral, así como invertir en capital humano y tecnológico, reformando el sistema educativo –“replantearse tanto el sistema de aprendizaje como el propio contenido del currículo educativo”- y aumentando la inversión en I+D+i.

Según advierte en su informe, "las ganancias de competitividad frente al área euro han recaído más en el ajuste de los salarios que en el de los márgenes empresariales".

De hecho, recuerda que el aumento medio anual de la remuneración por asalariado fue del 0,4% entre 2014 y 2017, pero que en el año pasado, el incremento fue del 0,1% y se produjo una pérdida de poder adquisitivo de 2 puntos porcentuales "vinculada al repunte del componente energético de la inflación".

El envejecimiento, “un reto de primer orden”

Muy ligado a la ineficiencia del mercado laboral aparece el envejecimiento de la población, ya que “actúa negativamente sobre el número de personas en edad de trabajar y deprime las tasas de actividad y de ocupación”.

Así, la proporción actual de 3 personas mayores de 65 años por cada 10 entre 16 y 64 años se habrá duplicado en el año 2065, cuando habrá 6 mayores de 65 años por cada 10 en edad de trabajar, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para afrontar ese problema, el Banco recomienda incentivar la participación de los trabajadores de más edad en el mercado laboral -por ejemplo, con “la compatibilidad del cobro de una pensión con situaciones de empleo”-, revisar las restricciones de la política migratoria y fomentar la natalidad, para lo que aconseja –de nuevo- favorecer la conciliación laboral y familiar y “reducir la inestabilidad laboral en los años de edad fértil”.

Ese envejecimiento supone, además, “un reto de primer orden para la sostenibilidad de las finanzas públicas”, advierte el informe, que recuerda que –según las previsiones más recientes- el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados aumentaría como máximo el equivalente a 3,5% del PIB desde ahora hasta 2050.

Mecanismo de ajuste automático para las pensiones

Ante ese reto, el Banco de España aconseja una reforma del sistema de pensiones que refuerce la relación entre ingresos y prestaciones y, “en especial, que mantenga un mecanismo de ajuste automático que garantice la sostenibilidad de las pensiones futuras”.

Según sus cálculos, "se puede concluir que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales, que son elevadas en comparación internacional, exigiría incrementos de los ingresos del sistema muy significativos".

La tasa de sustitución es el porcentaje que supone la pensión sobre el último salario cobrado antes de la jubilación. Con el sistema actual, sin modificaciones, esa tasa será del 82% para un joven de 20 años que haya empezado su vida activa en 2016 y que cubra el período completo de cotización para jubilarse. Esa proporción está muy por encima del 63% de la media de la OCDE y del 71% de la Unión Europea.

"En ausencia de aumentos adicionales de los ingresos, el ajuste se produciría principalmente a través de una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas, cuyo descenso podría alcanzar los 20 puntos porcentuales entre 2013 y 2060", indica el informe que destaca: "De cara al futuro, la clave consiste en delimitar, de acuerdo con las preferencias sociales, las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones que se pretenden asegurar, de forma que se adecúen los ingresos para que la sostenibilidad quede garantizada".

Los recortes deberán continuar

El Banco de España alerta también de que, pese a haber registrado cinco años “de intenso crecimiento” económico, la reducción de la deuda pública ha sido “muy modesta” y persiste “un nivel elevado de endeudamiento exterior y público”.

“El mantenimiento de un endeudamiento público elevado durante un período prolongado puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico”, advierte la entidad, ya que absorbe recursos “que podrían destinarse a fines más productivos” y modifica las condiciones de financiación de la economía, “distorsionando las decisiones de inversión privada”.

En ese sentido, el Banco insiste en que España tendrá que seguir aplicando recortes, ya que aunque se prevé la salida del procedimiento de déficit excesivo aplicado por la UE, continuará sujeta a vigilancia y al cumplimiento de objetivos de reducción del déficit y la deuda.

“Si bien es muy probable que las administraciones públicas españolas sitúen su déficit por debajo del 3% en 2018, existe una mayor incertidumbre sobre el cumplimiento estricto del grado de reducción exigido del déficit público estructural, que según la Comisión Europea sería todavía elevado, del 3,1% del PIB potencial en este año, el mayor de los 19 países del euro”, advierte el informe.

Así, cuando España salga del déficit excesivo entrará de manera automática en el llamado “componente preventivo” del Pacto de Estabilidad europeo, que le exigirá reducir el déficit estructural en medio punto del PIB cada año y mantener el incremento del gasto público por debajo del crecimiento potencial a medio plazo de la economía (actualmente, 1,5%).

Además, la deuda pública tendrá que recortarse el equivalente a un punto y medio de PIB cada año durante los próximos 10 años.