Zaplana, el último icono caído del poder autonómico del PP
- Es el tercer expresidente de la Comunidad Valenciana investigado por la justicia
- En la Comunidad de Madrid, hay otros tres expresidentes del PP imputados
La corrupción política sigue castigando al PP con un goteo de escándalos, juicios y cargos imputados o dimitidos. En un momento anímico bajo para el partido en el Gobierno, la detención del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, un destacado miembro de la familia 'popular' en los equipos de José María Aznar y Mariano Rajoy, supone un nuevo icono caído en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, que hace tambalear dos de los símbolos del poder autonómico del Partido Popular.
Madrid y Valencia son más que feudos del PP; son campo de pruebas de las políticas que ha impulsado el partido después a nivel nacional desde el Gobierno, y sus datos de crecimiento económico y de empleo han servido para engalanar los balances de gestión con los que el PP se ha presentado en toda España como garante de la buena gestión.
Ahora, el partido cuenta en cada caso a sus últimos presidentes autonómicos como imputados o dimitidos a causa de las grandes tramas corruptas de Gürtel, Púnica, Lezo y sus ramificaciones, o asuntos particulares como el que ha llevado a la dimisión de Cristina Cifuentes, y el PP afronta las elecciones autonómicas y municipales de 2019 en interinidad, sin candidaturas definidas y con una acentuada crisis de reputación.
COMUNIDAD VALENCIANA
La detención de Zaplana complica al PP valenciano que preside Isabel Bonig la papeleta ante las elecciones autonómicas y municipales del próximo año, y añade más lastre a las aspiraciones del partido de alternancia frente al gobierno del socialista Ximo Puig. Son ya tres los expresidentes valencianos investigados en causas relacionadas con la corrupción política.
Eduardo Zaplana (presidente entre 1995 y 2002)
El expresidente de la Generalitat valenciana ha sido detenido este 22 de mayo tras una larga carrera política salpicada por la sospecha de vinculación con casos de corrupción, que hasta ahora había esquivado, aun cuando casi nunca estuvo exenta de polémicas, desde que se convirtió en alcalde de Benidorm gracias a una moción de censura y una tránsfuga del PSOE.
Una vez que este cartagenero de nacimiento se convirtió en presidente de la Generalitat, encarnó el dominio político incontestado del PP en la Comunidad Valenciana, aunque no se desprendió del rastro de la sospecha. Se le vinculó al caso Naseiro, pero las grabaciones en las que aparecía fueron anuladas y las querellas archivadas. Gran promotor turístico de la Comunidad Valenciana en el extranjero, también se vio envuelto por la sospecha de irregularidades en las obras del parque temático Terra Mítica.
Hoy se le investiga por haber aflorado presuntamente dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunidad Valenciana. Pero ya tuvo que declarar en calidad de testigo en la Audiencia Nacional por los 'pinchazos' de una conversación mantenida con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en el marco del caso Lezo, sobre una grabación con la que se chantajeó presuntamente al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.
Y dos meses antes, su nombre aparecía también en un informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el caso Púnica, en el que se apuntaba que pudo cometer un delito de tráfico de influencias en una gestión que hizo para la exacaldesa de Madrid Ana Botella con empresas investigadas en esa causa.
Tras incorporarse al Ejecutivo de José María Aznar en 2002, Zaplana dejó al frente del gobierno valenciano primero a José Luis Olivas en una interinidad de un año y luego a Francisco Camps, sucesores que, sin embargo, se vieron manchados por la corrupción antes que él.
José Luis Olivas (presidente de 2002 a 2003)
El expresidente de Bancaja, del Banco de Valencia y exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas , en una imagen de 2014. EFE
Presidente de la Comunidad Valenciana tras el nombramiento de Eduardo Zaplana y hasta las elecciones autonómicas de 2003, José Luis Olivas dejó acto seguido la política tras ocho años desempeñando cargos en la Generalitat valenciana para entrar en el sector bancario como presidente de Bancaja y del Banco de Valencia.
Fue detenido en 2015 junto a otras ocho personas en el marco de la denominada Operación Coral, y puesto en libertad dos días después, por apropiación indebida, blanqueo, corrupción y falsedad documental relacionados con los proyectos de inversión de la entidad en el Caribe.
El caso arrancaba en 2014 a raíz de una denuncia del representante legal de Bankia, después de que el Banco de España interviniera al Banco de Valencia. Se investigaban irregularidades en la concesión de préstamos al Grupo Gran Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe mexicano, eludiendo los procedimientos de control interno de las entidades financieras.
En enero de 2017, Olivas fue condenado a un año y medio de prisión por falsedad y delito contra la Hacienda Pública y tuvo que pagar una multa de 151.800 euros (casi el valor de lo defraudado). Se le condebaba así por falsificar una factura de 500.000 euros por servicios de asesoramiento al empresario Vicente Cotino (detenido este 22 de mayo junto a Zaplana), sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, que nunca realizó
Francisco Camps (presidente de 2003 a 2011)
El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia mantiene como uno de los investigados al expresident de la Generalitat Francisco Camps. EFE
El caso que le costó a Francisco Camps la dimisión como presidente de la Generalitat en julio de 2011 fue la llamada causa de los trajes, dentro de la trama Gürtel, un caso de cohecho impropio por haber aceptado unos trajes valorados en unos 12.000 euros como dádiva, y del que había sido absuelto.
Sin embargo, su implicación en esta trama de corrupción y financiación ilegal del PP podría ser mayor, atendiendo a las acusaciones del que fue secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, quien le acusó de orquestar la financiación irregular del PP mediante un sistema que consistía en girar facturas falsas a empresarios para pagar actos electorales de 2007 y 2008.
Dentro también del caso Gürtel, se le acusa de prevaricación, malversación y falsedad en los contratos de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2006, una pieza separada en la que se investiga si las adjudicaciones de la Fundación V Encuentro, que presidía Camps, se realizaron sin respetar las normas y sin concurso público.
Prevaricación y malversación también fueron las acusaciones que se le hicieron y por las que se le investigó en el caso Valmor, por presuntas irregularidades en la organización de los grandes premios de Fórmula 1 que tuvieron lugar en Valencia entre 2008 y 2012, denunciadas por el PSPV-PSOE y Esquerra Unida.
Hace menos de una semana Camps declaraba por este caso ante el juzgado de Valencia, el cual consideraba un asunto político del que responsabilizaba a Compromís, socio de gobierno del PSOE en la comunidad, al que tildaba de "partido catalanista que quiere que haya Fórmula Uno en Barcelona y no en Valencia".
COMUNIDAD DE MADRID
El lunes, Ángel Garrido tomaba posesión como presidente de la Comunidad de Madrid, y los únicos expresidentes autonómicos que se presentaron en la cita fueron el socialista Joaquín Leguina y el 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón. Las ausencias de este acto, singularizadas en sus predecesores en el cargo, Cristina Cifuentes, Ignacio González y Esperanza Aguirre, representan la degradación de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, dominio del PP desde 1995, del cual solo se desconocen vínculos directos con la corrupción a día de hoy a Aguirre y al recién estrenado en el cargo Garrido, número dos de la dimitida Cifuentes.
Alberto Ruiz-Gallardón (presidente de 1995 a 2003)
El próximo 7 de junio, el exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón tendrá que declarar como imputado en el caso Lezo por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.
La Fiscalía ya reclamó al juez investigar a Gallardón en noviembre de 2016 por el presunto desfalco de varios millones de euros en esta compra, una operación que, según Anticorrupción, estuvo controlada por él o por "su gente" y por la que imputa delitos de prevaricación y malversación.
Será el turno para Gallardón de declarar por la supuesta "sobrevaloración" en esta operación que se hizo a través de una estructura societaria, después de que lo hayan hecho varios ex altos cargos de la Comunidad en la época en la que él fue presidente autonómico. Sin embargo, Gallardón ha cuestionado la acusación contra él al señalar que la Guardia Civil la basa en manifestaciones vertidas ensu web por la asociación de carácter populista ATTAC Madrid.
Alberto Ruiz Gallardón junto al también expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en una imagen de mayo de 2014. EFE
Ignacio González (presidente de 2012 a 2015)
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es el único que ha conocido la cárcel. En libertad bajo fianza de 400.000 euros desde el pasado 8 de noviembre, pasó casi siete meses en prisión preventiva impuesta por el juez del caso Lezo.
El juez de la Audiencia Nacional le atribuye seis delitos: organización criminal, malversación, fraude en la contratación, falsedad documental y blanqueo de capitales, y se le imputa estar en el epicentro de la Operación Lezo, que se inició judicialmente en julio de 2016, y que investiga cómo González y su círculo usaron esta empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid para enriquecerse, en una trama extendida a Brasil, Panamá, República Dominicana y Colombia, con la compra de empresas como Inassa o Emissao.
Se acusa al brazo derecho y sucesor de Esperanza Aguirre al frente del gobierno autonómico de "prevalerse de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la Comunidad de Madrid", lo que habría hecho, según la investigación, financiando ilegalmente al PP, obteniendo comisiones por adjudicaciones relacionadas con el Canal de Isabel II, enriqueciéndose con plusvalías ilícitas en inversiones del Canal y por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero.
Cristina Cifuentes (presidenta de 2015 a 2018)
Fotografía de archivo de Cristina Cifuentes durante la rueda de prensa en la que anunció su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Emilio Naranjo
La última en caer en la Comunidad de Madrid fue Cristina Cifuentes, la presidenta que había hecho continua gala de su "tolerancia cero" contra la corrupción de sus predecesores y la transparencia como mantra en su política. Sin embargo, la combinación de un engaño en su currículum académico hace siete años y el vídeo de un hurto de la misma época en un supermercado de barrio dio al traste hace un mes con la larga carrera política de Cifuentes, que se había asentado como una de las apuestas más firmes del PP, y ahora está investigada por cohecho y falsificación.
La dimisión de Cristina Cifuentes puso fin a la polémica surgida por las dudas sobre el máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos -con varias investigaciones judiciales en curso-, rematada fatalmente con la difusión de un vídeo de 2011 que muestra, supuestamente, cómo habría sido sorprendida robando unas cremas en un supermercado.
Un acta falsificada, un expediente académico alterado, un supuesto trato de favor por parte de la universidad pública promovida por los gobiernos autonómicos del PP, explicaciones insuficientes y una moción de censura que iba a desembocar en su sustitución hicieron caer de forma abrupta a una dirigente que había resistido el paso por una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid en el marco de la trama Púnica por la contratación de la cafetería del parlamento regional.
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