La Audiencia Nacional condena al PP por lucrarse de la trama Gürtel y acredita la caja B

• Tendrá que pagar 245.000 euros de multa como partícipe a título lucrativo
• Se benefició de los actos sufragados por la trama en Pozuelo y Majadahonda
• La Audiencia Nacional subraya que el PP tuvo una 'caja B' desde al menos 1989
• La sentencia duda de la "credibilidad" de Rajoy al testificar que no había tal caja
• Según un voto particular, el PP no debe responder por sus agrupaciones locales

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, junto a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y el coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo.

La sentencia de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional referida a los primeros años de actividades de la trama Gürtel ha condenado a los principales cabecillas, al extesorero del PP Luis Bárcenas y ha condenado también por corrupción al Partido Popular en tanto que partícipe a título lucrativo.

Y en lo que concierne al futuro judicial que afronta esta formación sobre su financiación irregular, esta sentencia abre otra importante consecuencia colateral, ya que el tribunal considera probada la existencia de la caja B del PP, "una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde el año 1989".

En cuanto a este juicio sobre los primeros años de la trama corrupta Gürtel, los comprendidos entre 1999 y 2005, el PP ha sido declarado partícipe a título lucrativo y tendrá que pagar una multa de 245.492 euros por beneficiarse de Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo [ver sentencia íntegra del caso Gürtel, en pdf; resumen de la sentencia del caso Gürtel, en pdf].

La resolución incluye un voto particular del magistrado y presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que propone la absolución del PP y de cuatro de los acusados, y el partido ha anunciado que recurrirá la sentencia porque "en ningún caso conocía los hechos". Por su parte, el Gobierno también considera que los hechos de Gürtel no le "afectan en modo alguno", pese a que en este juicio se vio por primera vez a un presidente del Gobierno en ejercicio, Mariano Rajoy, declarando como testigo.

El caso Gürtel ha juzgado el entramado liderado por Francisco Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el Ayuntamiento de Madrid y los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, así como en la localidad malagueña de Estepona.

Según la sentencia, que recoge hasta doce tipos de delitos diferentes (entre ellos, asociación ilícita, fraude, cohecho, malversación, blanqueo, delitos contra Hacienda o tráfico de influencias) y condena a 29 de los 37 acusados, el PP nacional es el responsable de la financiación irregular.

La sentencia condena como partícipes a título lucrativo no solo al PP, sino también a la exministra Ana Mato (casada entonces con el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda) y a Gema Matamoros (esposa del que fuera alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega).

De qué se lucró el PP con la trama Gürtel

Según los hechos que la sentencia considera probados, el PP obtuvo "un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado" derivado del "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" construido en una "estructura de colaboración estable" entre los años 1999 y 2005 .

Los precios inflados, las comisiones recibidas por las adjudicaciones públicas o diferentes regalos como viajes, fiestas, celebraciones, etcétera, de los que se lucraron los políticos implicados y sus familiares son parte de ese lucro personal recibido de la trama corrupta y por el que se condena a Ana Mato y Gema Matamoros.

Y, según los jueces, otras cantidades detraídas sirvieron para pagar gastos electorales o fueron a parar como donaciones finalistas -o sa, para un fin especifico- a la 'caja B' del partido, "una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989".

De hecho, la sentencia pone en duda la credibilidad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de otros dirigentes del PP que negaron la existencia de dicha caja B en el partido, que la resolución considera "plenamente acreditada" al admitir algunos de los supuestos perceptores los pagos.

No obstante lo anterior, el dinero de esta contabilidad B, que anotaba el extesorero Luis Bárcenas -pieza fundamental en la trama organizada por Correa, según el tribunal- y que este habría distribuido entre el partido y sus dirigentes, no es objeto de este juicio ni de esta sentencia y solo es referida para "precisar el contexto" de lo enjuiciado. La 'caja B' está siendo investigada por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Así, se sufragaron actos electorales organizados por las empresas de Correa en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos. Es decir, los delitos cometidos por la trama Gürtel "produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y actos políticos" en campaña y precampaña.

Al constatarse que hubo un enriquecimiento ilícito, la sentencia establece que el partido deberá abonar 133.628,48 euros por los actos celebrados en Majadahonda -en los años 2001, 2002 y 2003, incluidos actos electorales en 2003 y trabajos en la sede del PP- y 111.864,32 por los actos en Pozuelo de Alarcón -actos electorales en las municipales de 2003-. En ambos casos los pagará de forma solidaria con otros condenados.

Y es el PP a nivel nacional el que debe responder, y no los grupos municipales, porque el tribunal entiende que fue el partido el beneficiado de esta actividad ilícita y porque el grupo municipal no es quien sufraga los gastos, como declaró en el juicio el testigo Pío García Escudero.

Voto particular en contra de la participación del PP

Sin embargo, el juez Ángel Hurtado, presidente del tribunal de tres magistrados que firman la sentencia, ha emitido un voto particular en contra de la condena al PP, del cual señala "su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento" de estos.

El magistrado, que en su día también se opuso a la declaración de Rajoy como testigo en el juicio, argumenta en un voto particular -cien páginas en las casi 1.700 que tiene la sentencia- que no cree que se pueda concluir que el PP y el grupo de Correa mantuvieran una estructura de colaboración estable a partir de la existencia de la caja B que llevaba el tesorero Luis Bárcenas y del puntual lucro en las elecciones municipales de Majadahonda y Pozuelo.

De hecho, considera que la sentencia que avalan sus compañeros de tribunal no explica por qué sostienen que el PP conocía lo que hacían sus grupos en estos municipios, ya que "Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda estaban actuando a espaldas de su partido".

Para este juez, "los auténticos beneficiarios (...) fueron quienes se beneficiaron realmente de las cantidades que proporcionó Francisco Correa", y argumenta que si en tiempo de elecciones el grupo municipal quedaba "vacío de contenido", como declaró García Escudero, y dado que Correa pagaba directamente a los candidatos, "se ve con más claridad la distancia que hay entre esas irregulares entregas y el PP nacional".