Los letrados del Congreso aprecian que el borrador de concurso público en RTVE tiene aspectos "contrarios a la ley"

• Señalan que el procedimiento de concurso público es "congruente" con la ley
• Apuntan la dificultad de adaptar el proceso a una ley "con alguna contradicción"
• Creen que la propuesta limita las facultades de elección de Congreso y Senado
• La Mesa del Congreso verá el lunes las correcciones de los grupos al informe

Ana Pastor, sobre el concurso público en RTVE: "El informe de los letrados dice que hay que hacer muchísimas correcciones"

El borrador pactado por los grupos parlamentarios -salvo el PP- para renovar mediante concurso público al presidente y el resto del Consejo de Administración de RTVE contiene algunos aspectos que "podrían ser contrarios a las previsiones legales" que regulan la elección parlamentaria de esos órganos, según aprecia el informe consultivo elaborado por la Secretaría General del Congreso de los Diputados a petición de las Mesa de esa Cámara y al que ha tenido acceso RTVE.es.

Por esta razón, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, convocará una reunión monográfica de la Mesa el próximo lunes sobre la propuesta de concurso para renovar el consejo de administración de RTVE para que los grupos aporten sus correcciones a los problemas técnicos detectados por los servicios jurídicos de la Cámara.

El informe de estos constata que la celebración de un concurso público resulta, "en principio, congruente" con la Ley 5/2017 aprobada en septiembre pasado por el Parlamento para -según enuncia el título de la ley- "recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos".

Contradicciones en la ley

Sin embargo, los letrados del Congreso advierten que los problemas entre esa ley y el borrador que define ese concurso público surgen tanto por "alguna contradicción" contenida en la propia ley -a la que califica de "poco clara"-, como porque esa propuesta del procedimiento "define con exceso algunos aspectos del mismo, limitando las facultades de elección de las Cámaras en contra de la ley".

La principal contradicción contenida en la ley estaría -según el informe- en "la imposibilidad de comprobar" que se cumple "el nombramiento por mayoría absoluta, siempre que la candidatura hubiera sido propuesta por al menos la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara", ya que en el procedimiento de concurso público "no son los grupos parlamentarios quienes proponen a los candidatos" al consejo de administración de RTVE.

Por otro lado, los letrados avisan que el borrador iría contra la ley al establecer que las vacantes que puedan producirse en el consejo se cubran mediante concurso público. Recuerdan que la norma vigente en ese punto (la Ley 17/2006, ya que ese aspecto no se ha derogado) establece que son las Cámaras las encargadas de cubrirlas a propuesta de los grupos, "lo que excluye el sistema de concurso público en estos casos".

Problemas del modelo de candidaturas

También "tiene difícil encaje en la Ley" la propuesta del borrador de que se distinga entre candidatos a consejeros y candidatos a presidente, ya que "es al Congreso de los Diputados a quien corresponde elegir, entre todos aquellos, a dicho presidente sin que la Ley prevea ninguna limitación directa o indiercta a esta facultad con ningún tipo de 'preselección'".

La presentación por parte de los candidatos de "un proyecto de gestión vinculante para todo el mandato que pasaría a formar parte del contrato programa en caso de ser elegido" también excedería la ley de 2017 y el régimen de mandato-marco establecido en 2006.

Según el informe de los letrados, "se vería afectada no sólo la capacidad del Gobierno para negociar con RTVE los contratos-programa, sino también la de las Cortes Generales, que aprueban un mandato-marco que se vería condicionado" al tener el proyecto de gestión un carácter vinculante.

Indefiniciones respecto al Comité de Expertos

Además, el Comité de Expertos definido en el borrador plantea "problemas de fondo" porque, al "carecer de base parlamentaria, altera sustancialmente la propia naturaleza de los procedimientos de designación de personas".

Sobre ese órgano, los letrados advierten que sus funciones no están definidas en la ley, por lo que caben interpretaciones. Así, dicen, podría optarse porque su papel sea sólo emitir informes de evaluación.

Sin embargo, el borrador señala que ese comité realizaría una "'selección de candidatos', como paso previo a la elección del Consejo de Administración" por parte de Congreso y Senado.

En cualquiera de las dos interpretaciones, el informe considera que "resulta contrario a la Ley": en el primer caso porque la redacción del borrador sobrepasa esa norma, y en el segundo porque "se eliminaría de facto la posibilidad de hacer una selección por parte de las Cámaras".

Además, si se opta por esa segunda interpretación, los letrados señalan que hay que tener en cuenta que la propuesta del borrador "no establece garantías suficientes para los participantes en el concurso para el caso de que discrepen de la decisión del Comité, al no preverse un sistema de recursos".

El informe recomienda también concretar varios puntos del proceso de designación de los miembros del Comité, así como sus reglas de funcionamiento.

La Mesa del Congreso estudiará el lunes las correcciones de los grupos

En los próximos días, los grupos procederán a corregir los problemas técnicos detectados para poder aportar el lunes su propuesta a la Mesa de la Cámara Baja, y la resolución definitiva deberá aprobarla después las mesas conjuntas de Congreso y Senado.

La intención de Pastor, según ha asegurado ella misma, no era alargar más el proceso, sino que los propios letrados de la Cámara corrigieran los problemas técnicos en la resolución. Sin embargo, los representantes de la oposición en la Mesa, en concreto Unidos Podemos, ha pedido que sean los grupos los que corrijan estos fallos porque no querían que se perdiera la "esencia" del acuerdo político.

Pastor había avanzado que no se trata de una cuestión política sino "jurídica" y por eso, como presidenta del Congreso, le toca "defender" y "velar" por la legalidad de todos los procedimientos porque así lo establece la ley.