La Audiencia Nacional cita a 23 investigados por las mordidas del 3% en CataluLa Audiencia Nacional cita a 23 investigados por las mordidas del 3% en Cataluña

• El auto señala que las mordidas pudieron alterar la "economía nacional"
• El juez sitúa a Puigdemont en una reunión con un empresario imputado

Imagen de archivo de detenciones en la sede de Convergència (CDC) por el presunto cobro de comisiones del 3%

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar a 23 investigados por el caso de las mordidas del 3% de CDC en Cataluña, entre ellos el director del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y el ex teniente de alcalde de la ciudad condal Antoni Vives.

En un auto, el magistrado, que también instruye el caso Pujol, ha ordenado así las primeras diligencias desde que asumió la investigación, al entender que la red del 3% pudo alterar "la economía nacional" y ha situado al expresidente catalán Carles Puigdemont en una reunión mantenida en 2003 con uno de los empresarios imputados, cuando era alcalde de Girona.

Entre los citados del 11 al 22 de junio, muchos de ellos detenidos en febrero de 2017, figuran altos cargos del departamento económico de CDC, directivos de empresas públicas, cargos del Ayuntamiento de Barcelona y empresarios, por delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos públicos, malversación, blanqueo, fraude, financiación ilegal de partidos, falsedad y tráfico de influencias.

Declararán sobre el presunto pago de comisiones de empresas donantes de Convergència a cambio de la adjudicación de obras, como el túnel de Glòries o la ampliación del Puerto de Barcelona, en la etapa en que el convergente Xavier Trias ostentaba la alcaldía de la capital catalana.

Una estructura para "financiar ilegalmente el partido"

De ámbito de CDC, está citado el exresponsable económico y jurídico del partido Francesc Sánchez, que es el abogado de Víctor Terradellas, detenido este jueves en una macrooperación por el desvío de más de 2 millones de la Diputación de Barcelona con CiU y socio del diputado de JxCat Francesc Dalmases, uno de los parlamentarios del entorno de máxima confianza del expresidente Carles Puigdemont.

El juez considera que Sánchez contribuyó "a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido en forma encubierta mediante 'donaciones' a fundaciones ligadas a CDC (Cattdem y Forum Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia empresas que colaboraban con 'donaciones' al partido".

También ha citado a la que fuera jefa económica y financiera de CDC Anna Dolors Benítez y al exgerente y coordinador del área económica Carles del Pozo, quienes, según el juez, interactuaron junto con el extesorero Andreu Viloca "en toda la gestión de donaciones".

El director de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, tendrá que responder ante el juez por su antiguo papel como gerente del ayuntamiento de Barcelona, y declarará asimismo Isabel Muradas, subdirectora de Estudios de la Generalitat que dio información privilegiada a un constructor.

Cargos de empresas públicas y adjudicación de contratos

Otros de los citados son cargos de las empresas públicas que adjudicaron los contratos investigados, como el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, empresario del círculo más próximo al expresidente catalán Artur Mas, y Antoni Vives, el ex teniente de alcalde que fue vicepresidente de esta entidad portuaria y presidente de la empresa municipal Bimsa.

De Bimsa están citados asimismo su exdirector Ángel Sánchez Rubio y el que fuera director de obra civil Ernest Santolaria. Otros de los investigados que acudirán a declarar es Ramón Massague, que fue coordinador de entidades municipales del consistorio barcelonés, y Constantí Serrallonga, ex gerente municipal del ayuntamiento.

Esos días deberá presentarse asimismo en la Audiencia Nacional Pilar Matesanz, directora de contratación de Infraestructures.cat, la principal responsable de la contratación de obra pública de la Generalitat.

Los empresarios que se beneficiaron de las adjudicaciones sospechosas que tendrán que ir ante el juez De la Mata son Ambrosio Martínez (Copisa), José María Zaragoza y Pedro Javier del Llano (Oproler), Ramón Anglada (Rubau), Joan Albert Arqués (Benito Arnó), Antonio Cañellas (Construcciones Deco), Ramón Blázquez (Certis), Joan Maria Pujals (Impulsa Grup), Antonio García Bragado (Tec Cuatro), Jordi Soler (Grup Soler) y Jordi Durán (Urbaser).

El juez sitúa a Puigdemont en una reunión con un empresario imputado

En el auto, el juez De la Mata sitúa al expresidente catalán Carles Puigdemont en una reunión mantenida en junio de 2003, cuando era alcalde de Girona, con el exdirector de Bimsa, Sánchez Rubio.

El magistrado encuadra los contactos con el expresidente catalán en 2013, cuando Sánchez Rubio "ayuda a introducir a la empresa Oproler en el sistema de contratación del Ayuntamiento de Girona". "Así se corrobora en el parte comercial que elabora Bassols en fecha 29 de mayo de 2013, donde refleja ese objetivo en una visita reunión en Bimsa-Ayuntamiento de Girona", dice De la Mata.

Unos días después de ese parte, el 4 de junio, se celebró la reunión preparatoria de la visita a Girona en la que participaron Puigdemont, Bassols y Sánchez Rubio y que tuvo lugar en el Parlament catalán. El objetivo de ese encuentro -dice el juez basándose en información incautada- fue preparar un "nuevo pliego y organización de licitaciones".

Un día después, el 5 de junio, tuvo lugar otra comida entre Sánchez Rubio, Puigdemont y el entonces teniente de alcalde de Barcelona, Antoni Vives, que tenía como finalidad "seguir el tema". "Tales afirmaciones -concluye el juez- denotan la falta de imparcialidad y la ilegalidad en el comportamiento de un alto funcionario de BIMSA como es Sánchez Rubio".