España saldrá del déficit excesivo el año que viene, pero tendrá que seguir con los ajustes

• Si baja del 3% de déficit público, se cerrará el procedimiento abierto en 2009
• Esa salida ocurrirá aunque no se cumpla el objetivo del 2,2% este año
• Entrará en una fase preventiva donde también estará sujeta a controles

Bruselas calcula que este año se cerrará con un déficit público del 2,7%, tras incluir las últimas medidas añadidas en la tramitación de los Presupuestos.

España saldrá del procedimiento de déficit excesivo el año que viene, según prevén las instituciones europeas, porque su déficit público bajará de la barrera del 3% del PIB. La salida de ese brazo correctivo se producirá a pesar de que esperan que el país incumpla sus objetivos de reducción de déficit este año y el próximo. Sin embargo, el cierre de ese proceso no significará el final de los controles europeos y la exigencia de ajustes.

En la primavera del año que viene, con los datos confirmados por Eurostat, la UE repasará el déficit público español de 2018. Si queda por debajo del 3% y las previsiones apuntan a que tampoco rebasará ese tope en los dos años siguientes, la Comisión Europea pedirá al Consejo de la UE que cierre el expediente por déficit excesivo abierto a España en abril de 2009, que ha obligado al país al proceso de recortes más intenso de su historia.

Una reducción del déficit de más de 8 puntos en nueve años

Así, en nueve años, habrá conseguido pasar del 10,95% de déficit que registró cuando se inició ese procedimiento -el cuarto nivel más alto de una UE sacudida por la mayor crisis desde su creación- al 2,7% previsto por la Comisión Europea para este año (cálculo actualizado tras incluir la subida de pensiones pactada durante la tramitación de los Presupuestos).

Durante ese tiempo, el país ha estado bajo la lupa de las autoridades europeas, que han vigilado las cuentas y políticas económicas españolas para asegurarse de que iban enfocadas a rebajar del 3% el desequilibrio entre los ingresos y gastos públicos y a garantizar que ese tope no vuelve a superarse.

Ese control no desaparecerá al salir del déficit excesivo, pero sí se hará de otra forma y tendrá otros objetivos.

Nuevos controles preventivos

Cuando se cierre ese procedimiento correctivo, España entrará en otro diferente de carácter preventivo, cuyo objetivo es consolidar a medio plazo el saneamiento de las cuentas públicas.

Ese cambio implica que, a partir de ese momento, los avances de España se medirán a través de indicadores estructurales, que reflejan tendencias consolidadas de las cuentas públicas, independientemente de medidas puntuales o vaivenes coyunturales de la economía.

El principal indicador utilizado es el objetivo presupuestario a medio plazo, que mide la sensibilidad del saldo presupuestario al ciclo económico de cada momento.

Cuando España entre en la rama preventiva, el logro de su objetivo presupuestario a medio plazo aún estará lejos. De hecho, la Comisión Europea calcula que el déficit estructural (que excluye el impacto de medidas puntuales o temporales) se va a deteriorar este año un 0,3%, con lo que se situará en un 3,3% del PIB.

Cuanto más sensible sea ese saldo presupuestario al ciclo económico, más exigente será la senda de ajustes marcada.

Sin embargo, para determinar esos ajustes, la Comisión Europea también tiene en cuenta otras variables, como el momento económico que vive el país y el nivel de deuda pública.

Ajustes estructurales rebajados por el alto nivel de paro

Así, el Ejecutivo comunitario ya ha adelantado que España deberá hacer en 2019 un ajuste estructural equivalente al 0,65% del PIB, lo que implica que su gasto público primario (que no incluye pago de intereses de deuda, ni fondos estructurales ni componentes cíclicos como las prestaciones por desempleo) no podrá crecer más del 0,6%.

Estos criterios son inferiores a los que deberían exigirse al país en función del nivel de deuda que arrastra (un 1% de ajuste estructural y una reducción del 0,3% del gasto público primario), una suavización que se ha producido por la situación del mercado laboral español, especialmente, por el alto nivel de paro.

En la rama preventiva –al contrario de lo que sucede en la de déficit excesivo-, no está prevista la imposición de sanciones por incumplimientos.

Si en su evaluación anual de las cuentas públicas, Bruselas apreciara un aumento del déficit estructural del 0,5% del PIB en un año -o del 0,25%% de media en dos ejercicios consecutivos-, pediría la apertura de un procedimiento de desvío significativo, algo que acaba de pedir para Hungría y Rumanía.

Si el país afectado no corrigiese ese desvío ni siguiera las recomendaciones europeas, Bruselas podría pedir que depositara el equivalente al 0,2% de su PIB en un fondo a nombre de la Comisión Europea, pero no se impondrían sanciones.