La exasesora María José Rofa señala la falta de "expedientes al uso" y de solicitud de ayudas en el caso de los ERE

• Rofa, testigo clave en el juicio, asegura que las órdenes "venían de arriba"
• Destaca la ausencia de documentación, marco jurídico y relación de afectados
• Dice que recibió órdenes "indirectas" de cargos ajenos a la Junta de Andalucía
• Quién es quien en el caso de los ERE

María José Rofa, a su salida del juzgado de Sevilla el 6 de julio de 2012.

La exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, testigo clave en el caso de los ERE, ha asegurado que en su época (2008-2011) las órdenes para dar ayudas "venían de más arriba" y ha descrito el caos que hallaron al llegar en la documentación de las ayudas dadas en la etapa anterior, ya que "no había solicitud" ni "expediente al uso".

Rofa, que aportó mucha documentación para la investigación, ha declarado este martes en el juicio de la pieza política contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Antes de testificar, la exasesora ha destacado su colaboración "en todo lo que se me ha pedido" con "25 declaraciones" y los documentos aportados "para explicar la situación de la Dirección General de Trabajo, donde viví situaciones de amenazas de mis superiores".

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El convenio con IDEA "no era jurídico"

Rofa, que ha estado investigada en varias piezas separadas del caso y aún lo está en alguna, entró en la Dirección General de Trabajo como asesora en julio de 2008 de la mano de Juan Márquez, uno de los acusados junto a su antecesor Javier Guerrero. Márquez le encomendó encargarse con el también asesor Ramón Díaz de las ayudas sociolaborales de la Dirección de Trabajo y recopilar "las deudas y compromisos firmados" de su antecesor, época en la que según Rofa "no había habído ningún funcionario encargado", sino que lo llevaba Guerrero y sus secretarias, según le dijeron.

Cuando preguntó por la normativa que las reglaba, le explicaron que "lo que había era un convenio que se había firmado con IDEA, agencia pública a través de la cual se pagaban las ayudas con dinero que le enviaba Empleo (según la Fiscalía para eludir la fiscalización previa), que, cuando lo vio le pareció "simple, un acuerdo de política de Gobierno pero no una cosa jurídica".

Falta de registro de los afectados

Según Rofa, detectaron que "había muchos más compromisos" de ayudas de la disponibilidad presupuestaria para el programa y "toda la deuda estaba vencida generando intereses" porque se habían incumplido los plazos de pago, lo que provocó muchas reclamaciones.

Así, la exasesora asegura que la documentación que hallaron sobre las ayudas era solo "el convenio y poco más", que "no había solicitud" ni "expediente al uso" y "ni una orden". En el despacho que ocupó Guerrero, Rofa halló además un "cúmulo de documentación con notas de reuniones" de las negociaciones de los ERE y "borradores de lo que iba a costar la póliza"

En la mayoría tampoco aparecía la relación de los trabajadores afectados o copia de las pólizas ni aludían a la norma que amparaba la concesión de las ayudas, e incluso vieron "pagos cruzados" en los que Guerrero ordenaba a IDEA pagar ayudas a un colectivo con dinero enviado para otro, lo que "para nosotros era un puzzle".

Órdenes de cargos ajenos a la Junta

Según su versión, llegaban reclamaciones de pólizas sin pagar de los directivos de mediadores en los ERE Vitalia y Uniter, Antonio Albarracín y José González Matas respectivamente, pero sobre todo "Albarracín era un machaque continuo".

Preguntada por el fiscal si su jefe le ordenó arreglar los expedientes haciendo convenios a posteriori de ayudas dadas, Rofa ha respondido que se hicieron pero "no porque hubiera que arreglar sino que los expedientes de Guerrero era como que se habían quedado a medias, había asumido compromisos y si se decidía pagar, se hacía el convenio para continuar el expediente".

Las órdenes de pago iban en su época firmadas por Márquez, pero también por el viceconsejero de Empleo, un visto bueno que "según la rumorología" se implantó en época de Guerrero para ejercer un "control" por el "desfase" que causaba en IDEA.

Rofa también ha afirmado que "el director general por sí solo no podía pagar", y que, en su época, "algunas veces era el último en enterarse" de la concesión de una ayuda, que "venían de más arriba", citando la destinada a los extrabajadores de Delphi, que la decidió el viceconsejero Agustín Barberá, la de Boliden acordada "por Presidencia", la de Santana, que atribuye a una "decisión política" o la de Navantia, procedente de "Innovación".

Además, Rofa ha dicho que recibió indicaciones de cargos fuera de la Consejería de Empleo para conceder ayudas de forma "indirecta". Según Rofa, Márquez encargó en 2009 un informe al bufete Garrigues para revisar el procedimiento de concesión de las ayudas, a lo que el fiscal le ha preguntado por qué hubo un intercambio de borradores de ese informe. La exasesora ha respondido que el objetivo era indicar en qué hacer hincapié o cómo redactarlo más claro porque "hay una tendencia en todos los cargos públicos a no leer, de siempre".

El informe definitivo al que el consejero dio el visto bueno no estuvo hasta diciembre pero según la testigo en la Dirección de Trabajo ya desde verano se cambiaron procedimientos siguiendo las indicaciones del mismo.