Amnistía acusa al Gobierno de Nicaragua de aplicar una represión "letal" contra las protestas

• AI eleva el número de fallecidos a 83 y habla de "ejecuciones extrajudiciales"
• Acusa al presidente Ortega de permitir la actuación de grupos paramilitares

Manifestantes este lunes en las calles de Managua enfrentándose con la policía

Amnistía Internacional (AI) ha acusado al Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, de llevar a cabo una estrategia de represión "letal" para sofocar las protestas de sus ciudadanos, en las que ya han muerto 83 personas, según datos de la organización no gubernamental, en los 42 días transcurridos desde que comenzó la crisis sociopolítica en la que está sumido el país centroamericano.

"Existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta", ha indicado Amnistía en su informe Disparar a matar: Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua presentado este martes en Managua.

Según AI, el Gobierno de Ortega está llevando a cabo una represión caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, "ejecuciones extrajudiciales", el control de los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales para sofocar las protestas.

Las protestas, que ahora incluyen multitudinarias manifestaciones a favor y en contra el Gobierno, arrancaron por la oposición a una reforma de la Seguridad Social, que finalmente fue retirada, y continuaron para denunciar las víctimas mortales en los actos represivos.

El estudio fue realizado en Nicaragua por una misión de Amnistía Internacional entre el 4 y el 13 de mayo "para investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos". AI ha realizado más de 30 entrevistas personales y ha estudiado y documentado 16 casos, 9 de ellos de personas fallecidas, informa Efe.

"Ejecuciones extrajudiciales"

En el estudio se cifra en 51 las muertes registradas en 24 días en 6 ciudades de Nicaragua, pero la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, dio este martes en rueda de prensa la cifra actualizada de 83 casos documentados de fallecidos.

"Las autoridades nicaragüenses se han vuelto contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y con frecuencia letal a sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. A continuación, el Gobierno del presidente Ortega ha tratado descaradamente de encubrir estas atrocidades, violando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", según Guevara.

Dentro de la estrategia de represión, la organización humanitaria internacional señaló el discurso de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, la estigmatización pública por parte del Gobierno de los manifestantes, o la utilización de grupos parapoliciales.

AI acusa al Estado de permitir la actuación de paramilitares

"La aquiescencia estatal con la que actúan estos grupos se manifiesta en el hecho de que la mayoría de los ataques se comete por particulares en presencia de la fuerza pública o en coordinación con ellos, y en el hecho de que la Policía no persigue su actividad delictiva sino que permite su huida y dispersión", ha indicado.

"Amnistía Internacional considera que existe un patrón que indicaría que los grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines, causaron la muerte de manera intencional, en un significativo número de casos", agrega el documento.

La organización humanitaria también denunció la localización de disparos en cabeza, cuello y tórax y los actos de encubrimiento y obstaculización de las investigaciones mediante omisión de exámenes médicos, la falta de exhaustividad en el tratamiento de las pruebas, los obstáculos al acceso a la justicia o el acoso a los familiares de las víctimas.

Pide a Ortega que investigue las ejecuciones extrajudiciales

Amnistía ha realizado diversas recomendaciones al presidente Ortega como la garantía y el respeto al derecho a la libertad de expresión y la manifestación pública y pacífica, la implementación de medidas que detengan el uso de la fuerza, asegurar que la policía se abstenga de realizar actos de intimidación, hostigamiento y represalias, o la detención del discurso estigmatizador y criminalizador.

La organización ha solicitado también al Ministerio Público investigar de manera pronta, imparcial e independiente los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, la debida diligencia en el levantamiento de evidencia o la participación de las víctimas y las familias en las diligencias de investigación.

Asimismo, ha pedido a las autoridades judiciales la independencia e imparcialidad de los jueces, y al Estado de Nicaragua cumplir con las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).