La exasesora de Empleo de Andalucía: Chaves y Griñán conocían la gestión de las ayudas

• María José Rofa es testigo clave en la causa que aportó la UCO
• "El gabinete -de Gobierno- pedía información de conflictos, pagos o protestas"
• Las órdenes para las ayudas venían "de los órganos de Gobierno"

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en una imagen el pasado mes de abril durante el juicio del caso de los ERE en Andalucía.

La exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa ha declarado este martes que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán conocían cómo se gestionaban las ayudas investigadas en el caso ERE y que la decisión de conceder muchas venía de "distintos miembros del Gobierno".

Rofa -testigo clave en la causa que aportó a la UCO, con 1.627 archivos para la investigación- ha declarado este martes en el juicio de la pieza política contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Los expresidentes socialistas Chaves y Griñán son dos de los 22 acusados y a preguntas del abogado del PP sobre si ambos conocían la gestión de las ayudas de la Dirección General de Trabajo, Rofa ha respondido: "Entiendo que sí porque el gabinete pedía suficiente información de los conflictos, pagos o protestas puntualmente".

Ha explicado que era "normal" que cuando el presidente iba a visitar un territorio su gabinete pidiera datos de la conflictividad laboral en el mismo.

Las órdenes para dar ayudas venían de "miembros del Gobierno"

El letrado del PP le ha preguntado que concretara a quienes se refirió el lunes en una respuesta al fiscal señalando que las órdenes para dar algunas ayudas "venían de arriba", y Rofa ha apuntado a "diferentes miembros del Gobierno según el territorio" donde se ubicaban las empresas ya que cada uno representaba a una provincia, poniendo como ejemplo la intervención del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías para las ayudas a la cárnica Primayor de Jaén.

"Viene del Consejo de Gobierno, del consejillo y de Presidencia directamente", ha añadido, concretando que cuando habla de presidencia se refiere "a ambos con los que yo he trabajado".

Rofa -que fue investigada en varias piezas separadas cuya imputación se archivó aunque queda una-, entró en la Dirección General de Trabajo como asesora en julio 2008 de la mano de Juan Márquez, uno de los acusados en el juicio junto a su antecesor Javier Guerrero, y siendo consejero Antonio Fernández, igualmente procesado.

Hasta su cese en marzo de 2011 también trabajó con Manuel Recio como consejero y Daniel Rivera como director general y participó en la revisión de los expedientes de ayudas encargadas por éstos el fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010 tras estallar el caso a raíz de hallarse "intrusos" en el ERE subvencionado de Mercasevilla (prejubilados que nunca trabajaron en la empresa).

Las llamadas de Guerrero

Según Rofa, durante esa revisión una compañera recibió muchas llamadas en su móvil de Guerrero y cuando la cogió éste le dijo que "eso eran cuatro maromos y no se preocuparan", lo que provocó que Guerrero creyera que era su antecesor Juan Márquez quien llamó y pensara que se había filtrado el trabajo de revisión que estaban haciendo y pidió a esta trabajadora y a otro que se fueran.

El domingo fue ella quien recibió una llamada de quien también fue asesor de la Dirección de Trabajo Ramón Díaz, que le preguntó si había estado allí revisando expedientes y ella le contestó que no sabía nada.

"Me dijo que si entendía de dónde le estaba llamando, yo le dije que no entendía nada ni quería entender", ha señalado, y ha explicado que Díaz estaba ya trabajando en la Diputación y entendió que "le estaban pidiendo información del PSOE de Sevilla".

Uno de los expedientes con los que se trabajó fue el de González Byass, en el que figuraba como prejubilado el exconsejero de Empleo Antonio Fernández aunque nunca cobró la póliza.

Según Rofa, aparecía un listado de DNI de los beneficiarios y el propio director general pidió comprobar el de Fernández y tras constatar que era uno de los trabajadores del listado, le escuchó hacer una llamada diciendo "ya sabemos porque este pollo no sale del Parlamento".

Según Rofa, la documentación de los expedientes que obra en la causa "no es con la que yo trabajo" sino que fueron "reconstruidos" completándolos con los ERE y las pólizas y "se ha sacado información" ya que "sólo aparecen mis correos electrónicos y notas, de Daniel Rivera no aparece nada".

Fue Rivera quien cesó a Rofa y en su declaración ha asegurado que estuvo "amenazada por él" y en una conversación el 15 de marzo la llamó "tres veces gilipollas".