Dolores Delgado, una fiscal experta en terrorismo yihadista se hace cargo del Ministerio de Justicia

• Actualmente era fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista
• Es integrante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)
• También es una firme defensora de la jurisdicción universal
• Todos los nombres del Gobierno de Pedro Sánchez

La fiscal Dolores Delgado, nueva ministra de Justicia de Pedro Sánchez, en una imagen de archivo de abril de 2016.

Dolores Delgado García, veterana fiscal de la Audiencia Nacional desde hace 25 años, una de las mayores expertas en la lucha contra el yihadismo y firme defensora de la jurisdicción universal -con experiencia en el Tribunal Penal Internacional-, ha sido la elegida por Pedro Sánchez para ocupar la cartera de Justicia.

De 28 años de servicio, 25 de ellos los ha pasado en la Audiencia Nacional, donde su su labor se ha centrado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra.

En la actualidad, Delgado era la fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional y recientemente había sido elegida vocal del Consejo Fiscal, principal órgano asesor de la Fiscalía General del Estado.

La nueva ministra de Justicia fue la fiscal encargada de la Operación Temple contra las redes colombianas del narcotráfico, con 34 condenados a casi 500 años de prisión, y 'Hielo Verde' contra una red internacional de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la que colaboraron las autoridades de España, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Costa Rica y Reino Unido.

Especializada en terrorismo

Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Dolores Delgado pasó a especializarse en el terrorismo, tanto el de ETA -con el procesamiento de la Mesa Nacional de Batasuna-- como el yihadista -se desplazó a Turquía para interrogar a la viuda del sangrieno miembro del DAESH de origen marroquí Mohamed Hamaduch, también llamado 'Kokito Castillejos' y entre sus recientes éxitos está el logro el pasado abril de fuertes condenas para los diez detenidos en la Operación Caronte- aunque también ha llevado los casos de los militares argentinos Scilingo y Cavallo-.

Desde el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011, preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad.

La mujer que ocupará una cartera tradicionalmente reservada a hombre es una trabajadora tenaz y criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP.

Nacida en Madrid en 1962, Delgado es integrante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fue colaboradora habitual del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, con quien le une una fuerte relación de amistad..

Durante unos meses del pasado año fue portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ante la prensa, si bien tras los atentados de Barcelona fue sustituida por Miguel Ángel Carballo.

Usuaria habitual de Twitter

Delgado es usuaria habitual de Twitter donde en su perfil se define como "fiscal de profesión... y de vocación" para añadir que cree "firmemente en la jurisdicción universal"-

Alguno de sus mensajes han generado cierta polémica, como el que escribió coincidiendo con la declaración como testigo en el juicio de la 'Gürtel' del expresidente Mariano Rajoy. "Insoportable esta corrupción sistémica. Lo de hoy ha sido patético, triste e indignante", escribió en la red social tras concluir la dicha declaración.

También causó cierto enfado en el Ministerio ocupado por Rafael Catalá otro mensaje que el pasado mes de agosto publicó Dolores Delgado calificando de "chapuza" el sistema de tramitación telemática Lexnet tras un agujero de seguridad detectado en el sistema, y un descontento similar provocó en Interior el plan de coordinación que diseñó el pasado mes de junio tras una operación yihadista en Madrid en la que se habrían solapado investigaciones de la Policía y de la Guardia Civil.

Los retos que tendrá Delgado

Delgado afronta la cartera de Justicia con múltiples frentes abiertos, y con el reto de elegir al nuevo fiscal general del Estado que dirigirá la acusación pública contra los dirigentes del proceso independentista catalán.

El fiscal cesa con el Gobierno que le nombró y Julián Sánchez Melgar está en funciones hasta que el nuevo Ejecutivo nombre a su sucesor, que llegará al cargo mientras se confirman los procesamientos de las principales figuras del "procés".

Bajo el paraguas del Ministerio de Justicia está también la Abogacía del Estado, personada como acusación en varias de las causas abiertas en torno al "procés" y responsable de las impugnaciones y recursos ante el Constitucional.

Las primeras decisiones de Delgado marcarán así una de los principales conflictos a los que debe enfrentarse el Gobierno socialista, pero su éxito dependerá también de su capacidad de tender puentes con jueces y fiscales.

El pasado 22 de mayo ambos colectivos protagonizaron una huelga conjunta para reclamar mejoras laborales y mayor independencia judicial. El anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, había logrado que las asociaciones le dieran tres semanas de tregua para intentar dar respuestas concretas a varias de sus peticiones y la mesa de retribuciones, que debe analizar las reivindicaciones salariales, iba a reunirse este 13 de junio.

Parte de las reclamaciones laborales podrían verse satisfechas con partidas del proyecto de presupuestos -pendiente de tramitación en el Senado- y en el Congreso hay proyectos que también coinciden con los intereses de las asociaciones, aunque ni el PP y el PSOE mostraron interés en una de sus principales demandas: reformar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los veinte vocales del Consejo deben renovarse en noviembre -diez elegidos por el Congreso y otros diez por el Senado- pero la mayoría de tres quintos exigida obliga a un amplio consenso parlamentario que se augura complicado en el actual panorama político.

Delgado pasará también a presidir la Comisión general de codificación, órgano asesor en la preparación de leyes que trabaja dentro de su departamento y cuya sección penal empezó hace pocos días a estudiar posibles cambios en la tipificación de los delitos sexuales tras la polémica sentencia en el caso de La Manada.

Otro frente sería el de la reforma del proceso penal para otorgar la dirección de las investigaciones a los fiscales, un cambio pendiente desde la anterior etapa de Gobierno socialista y por el que apostaba claramente Rafael Catalá.