Magdalena Valerio, una ministra de Trabajo experta en Seguridad Social para encauzar la reforma de pensiones

• Fue ponente del PSOE en el debate de la reforma de pensiones de 2013
• La alta temporalidad, la precariedad y la elevada tasa de paro, otros de sus retos
• Ha ocupado distintas consejerías en la Junta de Castilla-La Mancha
• Todos los nombres del Gobierno de Pedro Sánchez

Magdalena Valerio ha sido elegida por Pedro Sánchez para ocupar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una de las carteras clave del Gobierno, ya que le tocará lidiar con una todavía elevada tasa de paro y un sistema de pensiones pendiente de reformar.

Precisamente, el el área de Seguridad Social y pensiones es una de sus especialidades, ya que actualmente, es la secretaria ejecutiva de la Seguridad Social y el Pacto de Toledo en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Además, Valerio fue la ponente del PSOE en el debate de la reforma de las pensiones de 2013, cuando se introdujeron el Índice de Revalorización de las Pensiones y el factor de sostenibilidad.

Esta extremeña de 59 años es militante del PSOE y ha desarrollado su carrera política, principalmente, en Castilla-La Mancha, donde hasta ahora ocupaba la Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta.

Valerio es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en Derecho del Trabajo. Es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, ha sido diputada y concejala en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde reside.

Entre 2005 a 2011 ocupó distintas responsabilidades en la Junta de Castilla-La Mancha: consejera de Trabajo y Empleo (2005-2007), consejera de Turismo y Artesanía (2007-2008), y consejera de Administraciones Públicas y Justicia (2008-2011).

Un mercado laboral marcado por el paro y la temporalidad

Magdalena Valerio tendrá varios retos inminentes que resolver, sobre todo, la reordenación del sistema de prestaciones por desempleo, la reforma del de pensiones y la reactivación de un mercado laboral marcado por la elevada temporalidad (26%) y la segunda tasa de paro más alta de la UE (16,7%).

Después de los niveles máximos de desempleo alcanzados en 2013, España ha conseguido reducir el número de parados a menos de 3,8 millones, pero la disminución es cada vez más lenta y más complicada, ya que la mayoría de las personas que aún no han encontrado empleo cuentan con baja formación o son mayores de 55 años, dos de los grupos con menor empleabilidad.

Además, sólo 1,82 millones de esos parados perciben una prestación por desempleo, lo que deja la tasa de cobertura del sistema de protección social en un 59,5%.

En ese área, la nueva titular de Trabajo deberá retomar las negociaciones con los agentes sociales y las comunidades autónomas para reformar el sistema de protección por desempleo, después de que el Plan Prepara y el Programa de Activación por el Empleo, que afectaban a parados de larga duración, dejaran de funcionar el pasado 1 de mayo, cuando decayeron para acatar varias sentencias del Tribunal Constitucional que señalaban que la gestión de estas ayudas era competencia autonómica y no estatal.

Para sustituirlas, el anterior Gobierno trabajaba en una Renta Complementaria de Desempleo (RED), que no pudo sacar adelante al no contar con el apoyo de los sindicatos -que consideraban que recortaba la protección actual- ni de algunas comunidades autónomas.

No obstante, introdujo mediante una enmienda en los Presupuestos para este año la creación de un subsidio extraordinario por desempleo, "con carácter extraordinario y temporal", para que no queden desprotegidos los posibles beneficiarios de este tipo de ayudas económicas.

La elevada temporalidad del empleo de los asalariados y, en concreto, los contratos de muy corta duración (de menos de una semana) que son más de 1 de cada 4 de los que se firman cada mes, es uno de los principales problemas del mercado laboral.

Dinamización del casi paralizado diálogo social

Por ello, Valerio deberá retomar la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos que trataba de atajar la elevada temporalidad, así como legislar para reducir la brecha salarial de género o para introducir mejoras en el ámbito de la formación.

En general, el nuevo Ministerio de Trabajo se enfrenta al reto de dinamizar las mesas que comparte con patronal y sindicatos, que llevan varios años sin dar apenas frutos, y de potenciar el papel de los interlocutores sociales haciéndoles partícipes de las grandes reformas.

Entre esas reformas, la del sistema de pensiones es prioritaria y deberá ser abordada por el Ejecutivo entrante una vez la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo emita sus recomendaciones, enfocadas a revisar los gastos e ingresos de la Seguridad Social para asegurar su solvencia y garantizar el cobro de la pensión a futuras generaciones.

Con un déficit de 16.800 millones de euros en 2017 y un fondo de reserva de tan sólo 8.000 millones de euros, la Seguridad Social recibirá este año un préstamo de 15.164 millones de euros del Estado para el pago puntual de las pensiones.

El nuevo Gobierno deberá afrontar también una creciente movilización social, con unos sindicatos que llaman a manifestarse para exigir un pacto salarial que permita recuperar el poder adquisitivo y defender el sistema de pensiones y la igualdad.