Bruselas denuncia a España por la falta de planes de gestión de residuos en cuatro autonomías

• Aragón, Baleares, Canarias y Madrid carecen de esa planificación
• España debía haberlos tenido antes de finales de 2010
• También pide al Gobierno que cumpla por completo la sentencia sobre vertederos

Una incorrecta gestión de residuos puede afectar negativamente a la salud humana y el medio ambiente.

La Comisión Europea llevará a España al Tribunal de Justicia de la UE por no establecer ni revisar los planes de gestión de residuos en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Islas Baleares, Canarias y Madrid) y en la ciudad autónoma de Ceuta. Según ha recordado Bruselas, el Gobierno tenía que haber establecido planes de gestión de residuos para cubrir la totalidad de su territorio antes del 12 de diciembre de 2010, y debía haberlos evaluado y revisado cada seis años.

Los planes de gestión de residuos son un instrumento clave para reducir los efectos negativos que la generación y la gestión de la basura tienen sobre la salud humana y el medio ambiente. Además, el Ejecutivo comunitario insiste en que también son esenciales para avanzar hacia la economía circular, uno de los objetivos prioritarios del gabinete Juncker.

La Comisión ha instado reiteradamente a España a cumplir las obligaciones recogidas en la Directiva marco sobre residuos (Directiva 2008/98/CE): primero, a través de una carta de emplazamiento enviada en noviembre de 2016 y, después, mediante un dictamen motivado en julio de 2017. Sin embargo, España no ha avanzado en la aplicación de la directiva sobre gestión de residuos.

Incumplimiento de la sentencia europea sobre vertederos

Por otro lado, Bruselas también ha remitido una carta al Gobierno español donde le pide que cumpla por completo la sentencia de la Corte europea de 15 de marzo de 2017, donde se condenó a España por no adoptar las medidas de seguidad necesarias en 61 vertederos repartidos por todo el país, un procedimiento judicial que inició en 2015 y que ya ha llevado a dos sentencias del tribunal europeo.

Las autoridades españolas tenían que haber garantizado que la gestión de los residuos en esos lugares se realiza sin poner en peligro la salud ni perjudicar al medio ambiente.

A pesar de que la Comisión Europea reconoce que ha habido algunos avances desde esa sentencia, "la clausura, sellado y las obras de reparación están aún pendientes en 22 vertederos": uno en Andalucía, 19 en Canarias y dos en Murcia.

"Más de un año después de la decisión del Tribunal, la sentencia aún no ha sido aplicada en su totalidad por las autoridades nacionales, lo que supone un riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente", señala el Ejecutivo comunitario en un comunicado, donde advierte que, si no se cumple por completo, llevará de nuevo a España ante el Tribunal de Luxemburgo y pedirá que se impongan sanciones financieras.

Así, da dos meses de plazo al Gobierno español para actuar, antes de enviar un dictamen motivado sobre este asunto, paso previo a la remisión del caso a la Corte europea.