La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Girona por el fraude en la empresa de aguas

• Ya hizo registros en septiembre en el marco de la Operación Aquarium
• Se investigan irregularidades en la gestión de la empresa municipal del agua
• Afecta a las etapas de gobierno del PSOE y de Puigdemont en el consistorio

La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Girona por un presunto desvío en la gestión del agua

La Guardia Civil ha registado este miércoles los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter para recabar documentación en el marco de la Operación Aquarium sobre un supuesto delito de malversación por fraude en la gestión de la empresa de agua, Agissa, entre 1998 y 2013, según han informado fuentes de la investigación.

Este requerimiento de información se ha llevado a cabo con la autorización de la titular del juzgado de instrucción número 2 de Girona, y, según Anticorrupción, la investigación pretende determinar "el posible uso de fondos públicos que estarían relacionados bien con el canon acordado en la prórroga de 2013 de la concesión de Agissa -relativa al circuito del agua-, bien con partidas presupuestarias del ejercicio 2014 de, al menos, el Ayuntamiento de Girona".

En este sentido, se investiga el origen del dinero con el que el Ayuntamiento de Girona adquirió en 2014, por cerca de cuatro millones de euros, el fondo artístico del crítico e historiador Rafael Santos Torroella, que incluía una colección de arte contemporáneo de unas 1.200 obras, entre ellas de Picasso, Dalí o Miró, y si tiene alguna relación con la prórroga del contrato de cesión de la gestión de agua a Agissa, que se ejecutó durante el mandato de Puigdemont como alcalde.

Una decena de agentes de la Guardia Civil se han personado hacia las 9:10 horas, acompañados del fiscal Anticorrupción José Grinda, en el Ayuntamiento de Girona, así como en los consistorios gerundenses de Sarrià de Ter -que en la época investigada estaba liderado por el actual presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent-, y de Salt.

Posibles delitos de malversación, prevaricación y falsedad

El supuesto fraude que se investiga se remonta a la etapa del alcalde socialista Quim Nadal y continuó cuando Carles Puigdemont fue regidor de esta localidad, antes de ser nombrado presidente de la Generalitat. En la época investigada, también fue alcalde de Sarrià de Ter el actual presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), que fue primer edil de esta localidad gerundense entre 2007 y 2018.

El pasado 19 de septiembre, la Guardia Civil registró en estos mismos municipios la sede de la compañía de Aguas AGISSA, la empresa mixta público-privada de aguas de Girona, en el contexto de esta operación anticorrupción, derivada del caso del 3%. También requirieron documentación relacionada con esta empresa en el Ayuntamiento de Girona, además de realizar registros en domicilios de directivos y exdirectivos de la compañía.

En un comunicado, Anticorrupción ha detallado que entonces se intervinieron documentos de los que "se infiere la posible comisión" de delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil "por parte de quienes fueran responsables públicos de los Ayuntamientos" de Girona, Salt y Sarrià de Ter.

La investigación comenzó en 2015

Puigdemont, imputado por el Tribunal Supremo por rebelión y malversación por el proceso unilateral a la independencia, y que actualmente se encuentra en Alemania pendiente de su proceso de extradición a España, fue alcalde de Girona entre 2011 y 2016, antes de ser designado presidente de la Generalitat en 2016.

La investigación judicial deriva de una denuncia que la CUP interpuso en 2015 contra directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento del agua en Girona, así como por unas diligencias de investigación que abrió la Fiscalía Provincial de Girona, por un supuesto desvío de fondos en beneficio de la parte privada de Agissa que podría ascender a 15 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación del caso, a partir de un informe que la Agencia Tributaria elaboró a raíz del caso del 3% de presunta financiación ilegal de CDC sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión de la empresa de suministro de agua.

En la causa se investigan los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos en la gestión de Agissa, donde en los últimos años se habrían desviado beneficios a la parte privada de la empresa -Girona SA-, en detrimento de la pública, lo que podría haber provocado una subida de la tarifa final del agua. Entre otras irregularidades se investiga la última renovación del contrato de suministro del agua, en 2013, cuando Carles Puigdemont era alcalde de Girona.

En relación a esta investigación, la actual alcaldesa de Girona, Marta Madrenas (PDeCAT), ha asegurado que "todo el dinero que se ha invertido en la compra del Santos Torroella proviene de partidas ordinarias del ayuntamiento, no del canon del agua, y todos los presupuestos son públicos y están colgados en la página web del ayuntamiento".