El Gobierno seguirá con "normalidad" la reapertura de embajadas catalanas pero las vigilará

• "Vamos a mirarlo con normalidad", afirma en principio la portavoz del Ejecutivo
• La Generalitat anunció que reabrirá las delegaciones en el exterior cerradas con el 155

El Gobierno, sobre el traslado de los líderes catalanes presos: "Se actuará para bien de todos"

El Gobierno afirma que asiste con "respeto" y "normalidad" al anuncio de la Generalitat de Cataluña de que reabrirá sus delegaciones en el extranjero, las conocidas como "embajadas catalanas" tras retirarse la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en virtud del cual el Ejecutivo de Mariano Rajoy las cerró. Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha advertido de que el Estado puede supervisar qué tipo de actividad se desarrolla en ellos.

Así ha respondido la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a una pregunta sobre la reacción a la decisión del Govern que dirige Quim Torra. El jueves, el consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, visitó la delegación de Bruselas, la única que quedó abierta en estos últimos meses de crisis política en Cataluña, para anunciar que a partir de ahora impulsarían su presencia y "en dos o tres semanas" se reabrirían las sedes de Washington, Londres, Roma, Berlín y Ginebra, antes de reabrir, en una segunda fase, las oficinas de lugares como París, Lisboa o los países nórdicos.

"Asistimos con respeto a la apertura de embajadas", ha dicho la portavoz del Ejecutivo, que ha equiparado con las oficinas que otras comunidades autónomas tienen en otros países. "Vamos a mirarlo con normalidad", ha insistido, "aunque obviamente en todos los casos el Gobierno tiene procedimientos para entrar a conocer qué se está haciendo desde esos puntos en el exterior", añadiendo que, por ejemplo, "las relaciones comerciales son procedentes". "En eso estamos", ha concluido.

Celaá ha subrayado que el propósito del Gobierno es "normalizar las relaciones políticas" con las comunidades y, en el caso de Cataluña, además "evitar la tensión".

Sobre el traslado de los políticos presos: "Se actuará para bien de todos"

Por otro lado, la portavoz del Gobierno ha señalado que una vez que concluya la instrucción el caso del "procés" independentista en el Tribunal Supremo se evaluará la situación de los líderes independentistas que se encuentran en prisión preventiva y que han solicitado un traslado de prisión. "Se actuará para bien de todos", ha asegurado Celaá.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Celaá ha hecho referencia a la discrepancia surgida entre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el juez Pablo Llarena, que instruye la causa del "procés", sobre la competencia en materia de traslado de presos.

Según Celaá, es "una cuestión de matices", y ha recordado que los presos en prisión provisional están a disposición del juez instructor y que acabadas las diligencias pueden ser trasladados y están bajo la responsabilidad de Instituciones Penitenciarias.

"Por su propia seguridad y para facilitar el trabajo del juez de instrucción", los presos preventivos están cerca de ese juez instructor y una vez acabadas las diligencias la responsabilidad es de Instituciones Penitenciarias, ha argumentado la portavoz. La instrucción acabará próximamente, pero Celaá ha evitado hablar de decisiones futuras que pueda tomar el Consejo de Ministros.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron el jueves a Efe que ese departamento no tiene previsto trasladar a los presos que impulsaron la declaración unilateral de independencia: el exvicepresident Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, además de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Este viernes, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha avisado a Pedro Sánchez que "los presos políticos no van a ser moneda de cambio para nada", refiriéndose a estas discrepancias entre el ministro del Interior y el juez del Supremo. "Toda la cuestión de los presos políticos no debe de ser objeto de negociación (...) Queremos soluciones. Es un tema de justicia que estén en las prisiones catalanas. No tendrían que estar ni imputados", ha subrayado Torra.