El Supremo archiva la denuncia de Torrent contra el juez Llarena por no haberla presentado en forma de querella

• La Sala Segunda del alto tribunal alega un defecto de procedimiento del presidente del Parlament
• Torrent denunció por presunta prevaricación y detención ilegal al instructor de la causa del "procés"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, contra el magistrado Pablo Llarena y otros tres jueces de dicho tribunal al no cumplir el requisito de haberla formulada mediante una querella, como exige el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"Al haber sido presentada denuncia y no querella, es claro que no se satisface el meritado requisito de procedibilidad, lo que es suficiente para acordar el archivo de las actuaciones", indica la providencia con la que la Sala II del alto tribunal archiva el caso, al menos tal como lo ha hecho, porque también reconoce "el derecho que asiste al presentante a reproducir su petición en los términos señalados". Los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral son los que firman esta providencia.

Hace cuatro días, Torrent formuló su denuncia contra el juez instructor de la causa sobre el "procés" independentista por presuntos delitos de prevaricación judicial y detención ilegal de diputados soberanistas, y también contra los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, integrantes de la Sala encargada de resolver los recursos de apelación contra las decisiones del instructor.

La denuncia sostenía que mantener en prisión preventiva a líderes independentistas procesados en esta causa, alguno de ellos diputados, supone la comisión de delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.

Consideraba Torrent que mantenerles privados de libertad es un "ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria" ya que el Parlament tiene autonomía organizativa e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano, en referencia a los intentos por investir como presidentes de la Generalitat a Carles Puigdemont (huido de la justicia), Jordi Sànchez y Jordi Turull (ambos en prisión preventiva).

La denuncia argumentaba que los magistrados del Supremo alterabano con sus decisiones "la garantía de imparcialidad e independencia judicial como paso previo a irrogar un tratamiento judicial desfavorable para con los diputados del Parlament", vulnerando sus derechos procesales y fundamentales con planteamientos extraprocesales.

Además atribuyó a estos magistrados la "sistemática y reiterada infracción de los principios de objetividad y de imparcialidad" que deberán instruir y juzgar un procedimiento con evidente repercusión y raigambre política.