El Supremo de Ecuador vincula a Rafael Correa con el secuestro de un opositor y le exige regresar

• La Justicia ecuatoriana relaciona al expresidente con el secuestro de Fernando Balda en 2012 en Colombia
• Correa, que reside en Bélgica, deberá comparecer ante el Tribunal en Quito cada 15 días

Una mujer apoya a Rafael Correa en el Tribunal Supremo en Quito.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ha vinculado este lunes al expresidente Rafael Correa y le ha ordenado presentarse ante el tribunal en Quito cada 15 días a partir del 2 de julio.

La jueza de Garantía Penales de la CNJ, Daniella Camacho, con base en los argumentos de la Fiscalía, ha declarado la validez procesal del caso y lo ha relacionado con Correa, que reside de forma permanente en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, aunque deberá viajar a Ecuador por tener nacionalidad ecuatoriana. Camacho no ha acordado, sin embargo, la solicitud de la Fiscalía de colocarle un dispositivo de rastreo tecnológico.

El exmandatario está acusado de los delitos de "asociación ilícita" y secuestro de Balda, uno de los más enconados políticos opositores a la gestión de Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. Por su parte, el abogado defensor de Correa, Caupolicán Ochoa, ha anunciado que apelará el fallo de la juez porque su cliente se declara inocente: "Incluso se ha rebasado la expectativa fiscal", ha dicho.

Un único detenido en seis años

Balda denunció su secuestro en 2012 pero no ha sido hasta este año, con el nuevo presidente Lenín Moreno, cuando la Fiscalía ha iniciado la investigación y ha solicitado las primeras versiones del caso. Según denunció entonces el político, fue abordado por cinco personas el 13 de agosto de 2012 en Colombia, que lo introdujeron con violencia en un coche. Más tarde, el vehículo fue localizado y una persona fue detenida.

El delito denunciado se produjo cuando Balda se encontraba en suelo colombiano en 2012 pese a haber sido llamado por otros asuntos por la Justicia ecuatoriana. Agentes de Inteligencia de Ecuador, según la Fiscalía por órdenes superiores que llegaban presuntamente hasta Correa, ordenaron una operación para situar a Balda y aprehenderlo de forma ilegal, aunque fue liberado poco después gracias a la acción de las autoridades colombianas.

El Ministerio Público, que no ha llegado a pedir la prisión preventiva para el exmandatario, ha presentado indicios como prueba de la supuesta asociación ilegal, entre ellas cartas enviadas por agentes de la Inteligencia a Correa y dos depósitos bancarios a favor del exagente Raúl Chicaiza, ahora cooperador eficaz de la Fiscalía.

Manifestaciones a favor de Correa

Decenas de simpatizantes de Correa se han agolpado en las inmediaciones del Tribunal en su defensa. Al final de la audiencia, los manifestantes han lanzado huevos y otros objetos contra periodistas que cubrían la diligencia, al acusarlos de favorecer los intereses de grupos de derechas opuestos al gobierno que presidió Correa. La Policía ha acordonado el lugar para resguardar el orden y evitar desmanes.

"Seguiremos apoyando la defensa de Rafael Correa, argumentando nacional e internacionalmente, tenemos que recurrir a los gobiernos de la región, a todas las instancias de derechos humanos para evitar que se consume este atropello", se ha quejado a Efe Ricardo Patiño, excanciller y exministro de Defensa bajo el gobierno de Correa.

La instrucción fiscal del caso concluirá el próximo 18 de julio, plazo en el que las partes deberán presentar sus pruebas.