Tres de cada cinco españoles, a favor de cambios legales que eviten las muertes de migrantes en el Mediterráneo
- Lo revela una encuesta realizada por Oxfam Intermón antes de la crisis del Aquarius
- El 87% opina que los Gobiernos europeos "pueden hacer más" para ayudar a los refugiados
- Un 55% de ciudadanos teme que lleguen terroristas infiltrados entre los inmigrantes
Tres de cada cinco residentes en España creen que hay que cambiar la legislación y el sistema de acogida para que la gente no ponga su vida en peligro en el Mediterráneo, según una encuesta de Oxfam Intermón publicada este martes, víspera del Día Internacional del Refugiado. Según el sondeo -realizado antes de que ocurriera la crisis del Aquarius-, el 87% de los encuestados opina que los gobiernos europeos "pueden hacer más para ayudar a los refugiados" y un 86% admite que "ellos mismos" podrían hacer más también.
Además, un 70% de ciudadanos considera que hay que ayudar "urgentemente" a las personas refugiadas "porque se encuentran en peligro extremo".
Tercer país con más llegadas por mar en 2017
Según el informe de 2017 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), las peticiones de asilo en España pueden alcanzar un nuevo récord este año, ya que sólo en los cinco primeros meses se han superado las 17.000, mucho más de la mitad que en todo 2017.
El año pasado, España fue el tercer país con más llegadas en sus costas en 2017 (el 13% del total, frente al 70% de Italia y el 17% de Grecia), con un incremento del 105% respecto al año anterior. Pero la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, ha recordado que, "en comparación con el PIB, no hay ninguna avalancha y esas cifras son completamente asumibles".
La encuesta publicada por Oxfam este martes revela además que para el 64% de la población de España las políticas migratorias y de asilo deberían tener en cuenta la perspectiva del retorno, esto es: trabajar con la idea de que esas personas puedan volver a sus países de origen.
El estudio recoge también datos que muestran la penetración de algunos de los mitos fomentados por los sectores xenófobos y anti-inmigrantes. Así, hasta un 55% de las personas encuestadas expresa su temor a que acoger a personas refugiadas promueva la llegada de terroristas infiltrados entre ellos, aunque un 80% está preocupado por el auge del racismo y la xenofobia.
Balance negativo del Gobierno de Rajoy
En otro informe sobre la política de acogida del anterior Gobierno publicado también este martes, Oxfam Intermón hace un balance muy negativo de la gestión del Ejecutivo del PP.
A su juicio, la respuesta de Rajoy "fue de mínimos", limitándose al enfoque de cierre de fronteras acompañado por "un presupuesto para ayuda humanitaria ínfimo, que no permite atender a las personas desplazadas por los conflictos o los desastres".
Asegura el documento que la política de cuotas también falló, pues aunque el Gobierno de Rajoy cumplió con un año de retraso el 99% de la cuota vinculante de reasentamiento establecida en julio de 2015 (1.433 de 1.449 personas), sólo llegó al 14% de la cuota vinculante de reubicación establecida en la misma fecha (1.359 de 9.323 personas).
Indica que el Gobierno anterior también limitó las posibilidades de reagrupación familiar, al conceder tan sólo 264 permisos de residencia a familiares de refugiados en el año 2016, el último del que hay datos disponibles.
Además, la organización no gubernamental señala que, tanto a nivel español como comunitario (a través de los fondos fiduciarios), parte de los fondos que se computan como ayuda al desarrollo se destinó en realidad al control de fronteras o a la cooperación policial.
De hecho, casi la tercera parte de toda la Ayuda Oficial al Desarrollo española desembolsada en los países del Sahel en 2015 fue gestionada por el Ministerio del Interior, con una clara intención de frenar flujos migratorios, afirma la ONG.
Frente a estas políticas fallidas a nivel español y europeo, Oxfam Intermón pide a Pedro Sánchez que en el próximo Consejo Europeo "movilice al resto de Estados miembros para que compartan la responsabilidad de proteger los derechos humanos de todas las personas que llegan a nuestro continente", y que impulse "un giro en las actuales políticas de externalización de fronteras de la UE, que ponen en peligro en terceros países a miles de personas".
También insta al nuevo Ejecutivo a tener en cuenta a niñas y mujeres en las políticas de desplazamiento global, extender vías legales y seguras para acceder al asilo, aumentar los fondos destinados a ayuda internacional y garatizar su uso para fines de desarrollo, e implementar el Tratado de Comercio de Armas de forma efectiva.