Nicaragua registra ya 212 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

• El organismo culpa al Gobierno de Ortega de graves violaciones de derechos humanos
• El Ejecutivo nicaragüense ha calificado de "parcial" este informe
• Desde abril, el país está sumido en la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años 80

Un manifestante antigubernamental porta un lanzagranadas casero durante las protestas de Masaya, cerca de Managua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calcula que 212 personas han fallecido en Nicaragua hasta el 19 de junio, durante la presentación de su informe final sobre la crisis del país ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al mismo tiempo, acusa al Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de graves violaciones a los derechos humanos en este informe.

En el documento, de 97 páginas, la CIDH eleva a 212 el número de muertos hasta el 19 de junio y concluye que "el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia".

"Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", reza el informe.

El texto recoge las conclusiones finales de la visita que la Comisión realizó a Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo para analizar las protestas, que comenzaron el 18 de abril y que han desembocado en la crisis más sangrienta del país desde los años ochenta. Durante la presentación del informe, la relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, ha asegurado que la Policía Nacional nicaragüense y grupos paramilitares han implementado un "patrón" de violencia destinado disuadir a los manifestantes.

"Patrón" de violencia instaurado por Policía y paramilitares

"Existe un patrón de actuación de antimotines, grupos paramilitares y terceros armados actuando con la dirigencia de la Policía", ha afirmado Urrejola, quien explicó que ese "patrón" consiste en el "uso excesivo y arbitrario de la fuerza letal de forma deliberada".

A este respecto, la CIDH considera en su documento que "la respuesta del Estado a través de sus fuerzas policiales, fuerzas antimotines y grupos parapoliciales mediante la utilización de armas de fuego, bombas lacrimógenas y el uso de balas de goma, fue desproporcionada".

Después de visitar Nicaragua, la CIDH ya presentó un informe preliminar en el que alertó de la presencia de francotiradores y de "graves violaciones de derechos humanos".

Grupo de expertos independientes

Con el consentimiento del Ejecutivo nicaragüense, la CIDH y la OEA han decidido crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que viajará a Nicaragua por primera vez el 3 de julio, ha detallado Urrejola.

Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.

La Iglesia católica está mediando en un diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil para encontrar una salida pacífica a la crisis política, pero ese proceso ha quedado cancelado por desacuerdos. No obstante, la Iglesia ha adelantado que reanudará el diálogo después de que la CIDH presentase su informe final

Acusaciones de parcialidad

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, ha calificado de "parcial" el informe final sobre la crisis en el país que ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y asegura que no "es política de Estado la represión de las fuerzas sociales".

"Nicaragua rechaza de forma integral el informe de la CIDH por considerarlo totalmente parcializado", ha dicho Moncada Colindres durante una intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington.

Moncada Colindres asegura que el Estado trabaja para que "prevalezca la paz" y rechaza una de las conclusiones más duras que hace el informe de la CIDH, la existencia del "patrón" de violencia contra los manifestantes por parte de la Policía Nacional en colaboración con grupos paramilitares. "Reafirmamos que no es política de Estado la represión de las fuerzas sociales y menos el uso arbitrario de la fuerza. Rechazamos las recurrentes e infundadas afirmaciones sobre denuncias hechas contra el Estado de Nicaragua y, en particular, de la Policía Nacional, a la que alude el informe", subraya.

De esa forma, Moncada Colindres considera que el informe de la CIDH forma parte de los intentos que, a juicio del Gobierno de Nicaragua, se están produciendo para dar un "golpe de Estado" y forzar la renuncia del actual presidente, Daniel Ortega, que lleva 11 años en el poder. "El Estado de Nicaragua expresa categóricamente su posición sobre los hechos que analiza la CIDH, los cuales no se dan en el marco de la protesta social, sino en el marco de un intento de la ruptura de constitucionalidad para cambiar por la vía del hecho a las autoridades y del Gobierno legítimamente electo", considera.

Relativa calma

Nicaragua ha amanecido en relativa calma, tras una intensa jornada en la ciudad de Masaya en la que, según activistas, los obispos de la iglesia católica evitaron una "masacre". A pesar de que el ambiente se mantiene tenso en Nicaragua debido a la crisis que se ha cobrado al menos 212 vidas en poco más de dos meses, el comercio ha vuelto a abrir este viernes sus puertas, aunque de manera tímida, y hubo cierta fluidez en el tráfico.

Hombres vestidos de civil, encapuchados, con la bandera del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y fuertemente armados con fusiles que únicamente se ven en manos de policías y militares (AK-47, M16 y Dragunov), se mantienen en puntos estratégicos de Managua.

En ciudades como Masaya, Rivas, León y la propia capital, los vecinos han erigido más barricadas o han cavado zanjas para evitar nuevos ataques de las "fuerzas combinadas" del Gobierno de Daniel Ortega.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) afirma que la intervención de la iglesia católica en Masaya el jueves evitó una "masacre" en la que decenas de personas hubieran muerto en un ataque inminente de las "fuerzas combinadas", compuestas por policías, antidisturbios, "parapolicías", "paramilitares" y grupos de choque oficialistas.

Esta mañana los nicaragüenses se han apostado frente a los televisores para ver la transmisión de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado su informe final sobre la situación del país. Se espera que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) llame a retomar el diálogo nacional, de la que es mediadora, después de la presentación de la CIDH.