Cifuentes declara este martes como investigada en el caso de su máster por falsificación y cohecho

• La jueza rechazó su petición de elevar el caso al Tribunal Supremo al haber un aforado en él, Pablo Casado
• Quedan muchas incógnitas que aclarar, pese a las pruebas que Cifuentes ha aportado

Cristina Cifuentes, el día de su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Llegó el día en que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, apartada de la política y sin su condición de aforada, tendrá que declarar ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción como imputada por falsificación documental y cohecho impropio en el caso de las presuntas irregularidades en el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que precipitó el fin de su carrera política.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel será quien tomará declaración a Cifuentes, ya que en la víspera decidió desestimar la declinatoria solicitada por la defensa de la expresidenta madrileña para que anulara su declaración a la espera de que el caso pudiera llevarse al Tribunal Supremo, ya que este máster también se juzga en el caso del diputado y candidato a presidir el PP Pablo Casado, que sí es aforado.

El privilegio del que gozaba de poder ser enjuiciada por el Tribunal Supremo lo perdió cuando el 25 de abril renunció a su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, así como el fuero que perdió al entregar su acta como diputada de la Asamblea de Madrid.

Cifuentes deberá ir a la citación judicial acompañada por un abogado y no tiene la obligación de decir la verdad, ya que los acusados pueden alegar todo lo que quieran en el ejercicio de su derecho a la defensa.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid dimitió 36 días después de que estallara la polémica, y tras la difusión de una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011. La expresidenta, que ya había renunciado al uso de su máster, atribuye todas las irregularidades a la universidad y defiende que obtuvo el título legalmente porque cumplió con todo lo que le pidió el centro y todo lo que exigía la ley.

Desde entonces, la instrucción de la causa ha ido revelando nuevas anomalías que han ampliado la investigación con tres piezas separadas al margen de la principal, al detectar "indicios de delitos" en diversos expedientes académicos, como el del 'popular' Pablo Casado.

Incógnitas aún por esclarecer

Desde que comenzó la polémica, Cifuentes ha defendido su título correspondiente al curso académico 2011-2012 respaldándose en diferentes documentos aunque el principal, y del cual presumió incluso en un vídeo subido a las redes sociales para asegurar que no se iba a marchar, ha sido el acta del tribunal ante el que supuestamente habría defendido su Trabajo de Fin de Máster (TFM), aunque, según se publicó después, tenía al menos dos firmas de profesoras falsificadas.

Durante su comparecencia en el pleno específico sobre el máster que se celebró en la Asamblea a finales de abril, Cifuentes también aportó una carta del profesor Pablo Chico al rector de la universidad, Javier Ramos, admitiendo "el error de transcripción relacionado con la plataforma informática donde se vuelcan las notas".

Cifuentes también aportó otro documento con su matrícula en dicho máster, el pago de dicha matrícula (1.586,39 euros) y su certificado académico personal, donde figuran las 12 asignaturas del máster, con el número de créditos conseguido (60) y las correspondientes calificaciones, así como también la nota media ponderada (un 7,43).

La exdirigente también mostró como prueba un documento con el pago por la expedición del título académico oficial, por importe de 176,27 euros, emitido el 23 de octubre de 2014 y abonado el 4 de noviembre del mismo año.

Sin embargo, no ha llegado a justificar la dispensa que le habría permitido participar en el máster, que era presencial, sin acudir a clase, como han testificado otros alumnos del postgrado; Cifuentes ha dicho que fue algo que acordó con el profesorado y la dirección, pero no ha aportado documentos que esclarezcan que no recibió un trato de favor en este sentido.

Trabajo final de máster aún sin aparecer

También quiso encajar en su explicación el hecho de que se matriculara varios meses después de empezar el curso o que hubiera defendido el trabajo final sin tener aprobadas todas las asignaturas, aunque la universidad exigía a sus alumnos tener todas las restantes asignaturas aprobadas antes de defender el TFM, un trabajo que tampoco ha sido aportado en todo este tiempo.

Quedan serias dudas sobre la validez del acta con la que justificó su presentación tras estallar el escándalo, ya que la supuesta presidenta del tribunal evaluador del TFM, Alicia López de los Mozos, también imputada en el caso, asegura que ni evaluó a Cifuentes ni firmó ese acta. Este lunes ha declarado ante la jueza que otra de las profesoras, Cecilia Rosado, la presionó para que diera por buena su firma falsificada sobre este documento.

Además, en la fecha en la que la exdirigente del PP dijo que defendió el TFM -2 de julio de 2012- se celebraba en Madrid, de donde era delegada del Gobierno, la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa, aunque Cifuentes aseguró que el seguimiento de esa jornada no le correspondía a ella, sino a la Policía.

Este martes comparecen otros cuatro profesores de la URJC, mientras que dentro de la misma investigación, comparecerán como investigados el próximo 3 de agosto el profesor Pablo Chico de la Cámara y el alumno Álvaro Morante. Lo hacen después de que este martes, declararan en calidad de investigados otros docentes. Quien no lo hizo, porque se ajustó a su derecho a no declarar, fue el director del Instituto de Derecho Público (IDP), Enrique Álvarez Conde.