La UE amplía las sanciones a Nicolás Maduro y penaliza a 11 cargos oficiales por represión
- Tienen prohibido viajar a territorio comunitario por la "violación de derechos humanos" y la falta de democracia
- El Gobierno venezolano rechaza las sanciones y la "agresión continuada de la UE"
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han aprobado este lunes sancionar a 11 personas con cargos oficiales en Venezuela, entre ellos los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami, al considerar que han "violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de derecho" en un país sumido en una grave crisis económica y social.
Además, amplían las sanciones al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que renovó el cargo en abrilen unas elecciones cuestionadas por varios países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea. Por su parte, el Gobierno venezolano ha rechazado las sanciones inmediatamente, así como cualquier "amenaza" de la UE.
No obstante, el titular de Exteriores español, Josep Borrell, ha asegurado que la decisión de la UE "no excluye en ningún caso la voluntad de diálogocon el país, y ha prometido que el Gobierno de Pedro Sánchez pondrá "más énfasis" en "intentar encontrar socluciones políticas".
Todos los sancionados tienen prohibido viajar a territorio comunitario y los bienes que puedan tener en la UE están congelados. En total, desde la creación de la "lista negra" de enero, se han añadido 18 políticos venezolanos. Entre los últimos nombres penalizados figuran el inspector general de la Fuerza Armada Bolivariana, Sergio José Rivero, el comandante general del Ejército Bolivariano, Hesús Rafael Suárez, el jefe de la Dirección General de Contraingeligencia Militar, Iván Hernández, o el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías José Jaua Milano.
Completan la lsita la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, el director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Alirio Bernal, la vicefiscal general, Katherine Nayarith Harrington, la miembro del CNE y la Junta Nacional Electoral, Socorro Elizabeth Hernández y el secretario general del CNE, Xavier Antonio Moreno.
Venezuela rechaza la "agresión continuada" de la UE
Poco después de conocer las sanciones, el Gobierno venezolano ha emitido un comunicado rechazándolas al considerarlas como una "agresión continujada e injerencista" por parte de la UE y ha asegurado que no aceptará "amenazas de ninguna potencia o grupos de países coaligados con reminiscencias imperiales".
"Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional contra once altos funcionarios del Estado Venezolano", según un comunicado de la Cancillería venezolana.
Además, el Ministerio de Exteriores venezolano ha criticado la "sorprendente la flagrante subordinación" de la UE al Gobierno de Donald Trump.
Los Veintiocho piden más democracia
Reunidos en mayo, los ministros acordaron tomar nuevas medidas restricticas "selectivas" y "reversibles" que no perjudicaran al pueblo venezolano en respuesta a las elecciones presidenciales celebradas recientemente en el país latinoamericano, que la UE no considera "ni libres, ni justas".
La UE considera que el proceso electoral no foreció las garantías para resultar inclusivo y democrático, por lo que llamaron a celebrar nuevos comicios "de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano". Entonces, la Unión reiteró la necesidad de respetar a todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular a la Asamblea Nacional, además de solicitar la liberación de los presos políticos y la defensa de los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Los Veintiocho han dejado claro que sus sanciones van enfocadas a promover "soluciones democráticas capaces de garantizar la estabilidad política del país y que permitan a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población".
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