La Fiscalía pedirá prisión para el miembro de 'La Manada' que intentó obtener el pasaporte

• La petición del guardia civil fue denegada ya que los condenados tienen prohibido salir del país
• Su abogado dice que solo consultó la caducidad del pasaporte

La Fiscalía pedirá el ingreso en prisión del miembro de 'La Manada' que pidió renovar su pasaporte

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Navarra que convoque una nueva vista para pedir el ingreso en prisión de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado a nueve años de prisión con los otros cuatro miembros de 'La Manada' por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016, ante el riesgo de fuga que considera que se manifiesta en su intento de conseguir el pasaporte pese a la prohibición de salir de España.

La Fiscalía General del Estado ha informado de esta petición después de que la Fiscalía de Navarra haya recibido la comunicación de la Jefatura Superior de Policía en la que le informa de ese intento, que se produjo en la mañana del lunes 25, apenas tres días después de su puesta en libertad bajo fianza tras abonar la fianza de 6.000 euros que le impuso la Audiencia de Navarra para salir de prisión.

El Ministerio Público ha pedido también a la Sala que deduzca testimonio del auto en el que se estableció la medida cautelar de no obtención de nuevo pasaporte y de la comunicación de la Policía informando oficialmente del hecho al juzgado de guardia de Sevilla, por si los hechos pudieran ser constitutivos de un "posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa".

Antonio Manuel Guerrero intentó el lunes 25 obtener el pasaporte, pero su petición fue rechazada. Según la diligencia a la que ha tenido acceso Efe, la jefa del equipo de expedición de esos documentos en la oficina de Tablada-Sevilla le comunicó la imposibilidad de realizar ese trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional.

Guerrero había solicitado cita previa para realizar ese trámite y acudió a la oficina a las 11:30 horas. Una hora después, se personó ante el juzgado de guardia de Sevilla para cumplir uno de los requisitos que le impuso la Audiencia de Navarra para salir en libertad.

Su abogado: solo consultó la caducidad de pasaporte

Jesús Pérez, el abogado del guardia civil Antonio Manuel Guerrero ha explicado a Efe que Guerrero "se presentó en la Policía informando de su situación y si debía hacer algo", ya que creía que tenía el pasaporte caducado pero "no lo sabía seguro y quería preguntar cómo debía actuar" e "incluso si tenían que quedárselo allí la Policía".

"Le informaron de que al estar caducado el pasaporte no tenía que hacer nada", ha asegurado el abogado, una situación que "se ha puesto en conocimiento del juzgado".

"Ante tantos requisitos para el cumplimiento de la libertad provisional mi representado ha querido cumplir escrupulosamente con todo", ha defendido el abogado, que ha añadido que "no quería tener ni el más mínimo problema" y acudió a la comisaría para informarse "por exceso de celo".

Como el resto de los condenados, debe comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia y así lo hizo el mismo lunes y este miércoles. También tiene prohibido acceder a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.

Asimismo, se le retiró el pasaporte y se les prohibió salir del territorio nacional sin autorización judicial, además de designar un domicilio donde pueda ser hallado, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizado en él de inmediato se expedirá la correspondiente orden de busca y captura

Guerrero, nacido en 1989 y guardia civil desde 2015, fue padre tras un vis a vis con su novia de siempre, mientras cumplía prisión provisional por los hechos juzgados.

Recursos contra la libertad de 'La Manada'

Mientras, el abogado de la víctima, el Ayuntamiento de Pamplona, el fiscal, y el Gobierno de Navarra, tal y como habían anunciado, han presentado sendos recursos de súplica contra la puesta en libertad provisional de los cinco condenados de 'La Manada'. Los recursos coinciden en señalar que no solo existe riesgo de fuga de los condenados, sino también de reiteración delictiva y el del letrado de la víctima señala además que las medidas cautelares "limitan más los derechos de la víctima que a los propios procesados".

En concreto, el abogado de la víctima solicita al tribunal que dicte la prisión provisional ya que "el único cambio que se ha producido" es el hecho de haberse dictado sentencia condenatoria "de forma que los indicios ya son hechos probados". El letrado señala además que aunque se haya prohibido a los procesados comunicarse con la denunciante se ha producido la reciente publicación en un medio digital de una carta de Antonio Manuel Guerrero, "quien en tono totalmente desafiante se dirigía a la víctima, sin que se haya tomado ninguna medida por parte de este tribunal, a pesar de la prohibición".

Mientras, el fiscal destaca en su recurso que el riesgo de fuga "no solo no ha desaparecido, sino que resulta más notorio", ya que, si bien las penas son muy inferiores a las solicitadas, "no es menos cierto que, aun no siendo firme, sí pesa ahora sobre ellos una condena de nueve años de prisión, es decir, una pena grave derivada de un delito grave" y recuerda que además cuatro de los cinco condenados en Pamplona están siendo investigados por un presunto abuso sexual y contra la intimidad en la localidad cordobesa de Pozoblanco.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona, según un comunicado, reitera el riesgo de fuga motivado por la gravedad de las penas impuestas (nueve años de prisión) o por la posibilidad de su incremento por los recursos a la sentencia presentados ante el TSJN, entre otras causas. Además, insiste en que sigue existiendo el riesgo de reiteración delictiva.

El Gobierno de Navarra, personado como acusación popular, sostiene en su recurso que "la gravedad de la pena impuesta y de la aún más grave" que ha solicitado que se les imponga en su recurso de apelación contra la sentencia "es un dato objetivo que no debe desconocerse". También considera que existe riesgo de reiteración delictiva, al contrario de lo que dictamina el tribunal.