Condenados por corrupción urbanística el líder de la trama Pretoria, el exdiputado del PSC 'Luigi', y diez acusados más

• La pena más alta impuesta es la de Luis Andrés García, Luigi, con más de siete años de prisión
• El ex altos cargos de Pujol, Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra, son condenados a menos de dos

De izda a dcha. El ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, el exconsejero Macià Alavedra, el exdiputado socialista Luis Andrés García, y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz, durante el juicio por la trama Pretoria.

La Audiencia Nacional ha condenado a los once acusados en el juicio del caso Pretoria por corrupción urbanística en tres municipios del área metropolitana de Barcelona. Las mayores penas de prisión son para el exdiputado catalán del PSC y "conseguidor" de la trama, Luis Andrés García, Luigi, con más de 7 años y un mes de cárcel y una multa de 14,1 millones de euros por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental; y para el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz, con más de 5 años y 8 meses y una multa de 3,4 millones por prevaricación y cohecho.

Entre los condenados están también los ex altos cargos de Jordi Pujol en la Generalitat de Cataluña Lluis Prenafeta -exsecretario de Presidencia de la Generalitat en la década de los 80- y Maciá Alavedra, exconseller de Economía entre 1990 y 1997. Estos dos exdirigentes de CiU se libran de ir a prisión ya que han sido condenados a menos de dos años de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo tras pactar con la Fiscalía su confesión, pero tendrán que pagar una multa de 5,8 y 3,2 millones de euros, respectivamente. [Consulta el cuadro de condenas].

La Audiencia Nacional considera probado que ambos "intervinieron activamente" en las operaciones de especulación inmobiliaria "en favor de empresarios particulares" en San Andrés de Llavaneras y Badalona en connivencia con Luis Andrés García, Luigi.

Los tres expolíticos se valieron de las "estrechas y fluidas relaciones personales" que desarrollaron en sus años de cargos públicos para llevar a cabo estas operaciones a cambio de comisiones ilegales para enriquecerse. Luigi, que fue diputado del PSC en el Parlament de 1980 a 1988, estaba también acusado de blanqueo de capitales pero ha sido absuelto de este último delito.

En el juicio de la Operación Pretoria se han juzgado en concreto tres operaciones urbanísticas irregulares desarrolladas en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona durante los años 2002 y 2009, así como las ganancias ilícitas que con ellas ingresaron los acusados en sus patrimonios directamente o bien a través de intermediarios o testaferros, según ha comunicado este lunes la Audiencia Nacional en una nota.

El fallo del caso Pretoria llega ocho años y ocho meses después de las primeras detenciones en 2009, ordenadas en su día por el entonces juez Baltasar Garzón, y aplica a todos los acusados el atenuante simple de dilaciones indebidas por la duración del procedimiento.

Tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y blanqueo

La sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia, de 1370 páginas y fechada el pasado viernes 29 de junio, condena a los acusados por los siguientes delitos: tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Además de Luis Andrés García, Bartomeu Muñoz, Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra, han sido condenados el testaferro del primero de ellos, Manuel Valera (2 años y 3 meses por tráfico de influencias y cohecho); el empresario Josep Singlá (1 años y 10 meses por los mismos delitos) y el ex teniente de alcalde y exresponsable de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco, condenado a 8 años y medio por prevaricación, pero absuelto de tráfico de influencias.

Los cuatro acusados restantes llegaron a un acuerdo con la Fiscalía como Prenafeta y Alavedra, según informa Efe. Son la esposa de Prenafeta, María Lluísa Mas, y los testaferros de Alavedra Philip Mc Mahan y Gloria Torres, condenados los tres a 6 meses de cárcel; y el empresario Manuel Carrillo, sentenciado a 5 meses y 29 días sustituibles por multa.

Operaciones urbanísticas para conseguir comisiones

La sentencia, con ponencia de la presidenta del Tribunal, Concepción Espejel, considera probado que entre los años 2002 y 2009 en el área metropolitana de Barcelona, en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, los condenados participaron en diversas operaciones urbanísticas que buscaban beneficios y comisiones para promotores e inversores particulares en lugar de "favorecer el interés público".

Estas ganancias ilícitas fueron ingresadas "en sus patrimonios bien directamente o bien siendo canalizados a través de intermediarios, testaferros o sociedades administradas o controladas de hecho por los mismos", recoge el resumen de la sentencia.

De hecho, la Audiencia Nacional acuerda el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas (Pallaresa, Niesma y Badalona), que ascendieron a más de 5,88 millones de euros. También las dádivas recibidas por el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (1,14 millones), las ganancias de Alavedra (3,24 millones) y Prenafeta (5,19 millones).

'Luigi', el conseguidor de la trama Pretoria

Los magistrados de la Audiencia Nacional destacan en la sentencia el papel clave de Luis Andrés García, que por su pasado como diputado del PSC en el Parlament mantenía "fluidas relaciones personales y de antigua militancia política" con diversos cargos públicos. Una circunstancia que le permitió actuar como "conseguidor", "facilitador" o "intermediario" en favor de los empresarios del sector inmobiliario a cambio de comisiones.

Intervino, según los hechos probados, en las tres operaciones urbanísticas juzgadas "ideando y liderando las mismas y desarrollando actividades esenciales para seleccionar a los posibles inversores a los que ofertaba el plan de negocio". Favorecía también la aprobación de "los cambios urbanísticos" y la adopción de los acuerdos administrativos necesarios, "hasta el logro de la consumación de las transacciones y obtención de los beneficios proyectados para los promotores e inversores particulares y final percepción de contraprestaciones y comisiones tanto por él mismo como por los diversos cargos públicos e intermediarios que propiciaron la culminación de las diversas operaciones".

En el caso de Santa Coloma, relata la sentencia, la amistad con el entonces alcalde, Bartomeu Muñoz, y con el teniente de alcalde en el área de Urbanismo, Manuel Dobarco, le permitió tener un "dominio fáctico" sobre las decisiones municipales. En este sentido, las directrices impartidas por Luigi eran asumidas como propias por Muñoz, que en colaboración con Dobarco lograba la aprobación de los acuerdos en el pleno "percibiendo por ello cuantiosas e ilícitas contraprestaciones económicas".

En la operación de San Andrés, Luigi también influyó sobre el concejal de Urbanismo para la modificación urbanística de unas fincas y en el caso de Badalona ejerció su influencia sobre el consejero delegado de la sociedad pública Mariana Badalona para que una finca edificable en el puerto pasara a inversores particulares, que la revendieron logrando una gran plusvalía.

Alianza de Prenafeta y Alavedra con 'Luigi'

La sentencia considera probado que Prenafeta y Alavedra intervinieron en las operaciones de estos dos últimos municipios. "Sabedores de los contactos e influencias que Luis Andrés García tenía en estos municipios y del ascendente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el mencionado García, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares".

El tribunal recuerda que los condenados en la Operación Pretoria han cometido sus actividades ilícitas en una materia trascendente como el urbanismo. "Burlaron así los principios rectores que deberían haber presidido la actuación de una Administración Pública en una materia especialmente trascendente y delicada, como es la de urbanismo, adoptando decisiones sin que existieran en los expedientes informes técnicos rigurosos y objetivos que amparasen las modificaciones pretendidas, desplegando una actuación reiterada, más aún, habitual, dirigida inequívocamente a un favorecimiento intolerable hacia determinados particulares".

Además, los dos ex altos cargos de Pujol se sirvieron, según la Audiencia Nacional, de un complejo entramado societario y de cuentas bancarias en territorios off shore para ocultar cuantiosas ganancias procedentes de la actividad delictiva, tanto por sus intermediaciones en diversas adjudicaciones como por eludir el pago de impuestos.

Para lograr esta ocultación y reinversión de los fondos, ambos se sirvieron de sus esposas y de los testaferros Gloria Torres y Mc Mahan. Manuel Valera por su parte era el testaferro de Luigi y figuraba como administrador en la mayoría de las sociedades controladas de facto el exdiputado del PSC.