EE.UU. sanciona a tres altos cargos de Nicaragua cercanos al presidente Daniel Ortega

• Entre ellos se encuentra su consuegro y jefe de la Policía nicaragüense, Francisco Díaz
• Washington advierte de las consecuencias de "apoyar a un Gobierno que instiga la violencia"

Pintada contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una pared de Managua.

Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra tres altos cargos de Nicaragua cercanos al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, después de casi tres meses de protestas en el país y de enfrentamientos entre la oposición y los simpatizantes sandinistas, que han dejado más de 300 muertos en el país, incluido un ciudadano estadounidense.

Entre ellos se encuentra el consuegro de Ortega y jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, además del vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López, y secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno Briones. Los tres verán congelados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en Estados Unidos.

El objetivo de las sanciones es "enviar un mensaje" al resto de funcionarios nicaragüenses para que sepan que "apoyar a un Gobierno que instiga la violencia" tiene como consecuencia perder acceso al sistema financiero estadounidense, según han explicado altos funcionarios de Estados Unidos bajo cobertura del anonimato.

En una rueda de prensa telefónica, las mismas fuentes han precisado que las sanciones son una "respuesta inmediata" a la crisis que vive Nicaragua, la más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Nicaragua cumple dos meses de crisis con 200 muertos y sin previsión de diálogo

Vulneraciones de los derechos humanos y corrupción

Los funcionarios estadounidenses han descrito a Francisco Díaz como el "líder de facto" de la Policía Nacional de Nicaragua, a la que organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han acusado de haber cometido graves violaciones de derechos humanos en colaboración con grupos paramilitares. Washington considera que, bajo las órdenes de Díaz, la Policía de Nicaragua ha llegado a cometer ejecuciones extrajudiciales.

Sobre otro de los sancionados, Moreno Briones, los responsables estadounidenses han detallado que su papel actual es de "enlace" entre los gobiernos municipales y el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega, aunque también ha actuado como "líder" de la Juventud Sandinista. Estados Unidos asegura que, a principios de 2017, Moreno reclutó a motoristas para que ayudaran a reprimir manifestantes, una imagen que se ha visto en las actuales protestas.

Por otro lado, el Gobierno estadounidense acusa a Francisco López de haberse embolsado "grandes cantidades de dinero" usando su posición como vicepresidente de Albanisa, la compañía que importa y vende productos petroleros de Venezuela, y como presidente de la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (Petronic).

Albanisa está integrada por Petronic, que aporta el 49% del capital, y por Petróleos de Venezuela, la compañía estatal venezolana, que contribuye con el restante 51%. López, que también es tesorero del FSLN, supuestamente facilitó que altos cargos nicaragüenses usaran los fondos del propio FSLN y Albanisa para comprar estaciones de radio y televisión, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos.