La sociedad cooperativa Factoo presenta concurso voluntario de acreedores

• Factoo dice que pide el concurso para proteger a sus asociados y garantizar la marcha de la actividad
• El Ministerio de Empleo descalificó a Factoo como cooperativa el pasado mes de agosto

Imagen de la web de Factoo.

La sociedad cooperativa Fidelis Factu, S. Coop -propietaria de la marca Factoo, dedicada a facturar trabajos para terceros-, ha presentado concurso voluntario de acreedores. En agosto de 2017, el Ministerio de Empleo descalificó a Factoo como cooperativa, lo que suponía su disolución. Sin embargo, la empresa anunció entonces que acudiría a los tribunales, por lo que podía seguir funcionando.

En un comunicado, recogido por Efe, Factoo asegura que el concurso de acreedores es una medida que ha tomado para proteger a sus asociados y garantizar la marcha de la actividad.

La empresa afirma que ha tenido recurrir a este procedimiento por una única deuda con Hacienda y la Seguridad Social, debido al adelanto de un IVA y cuotas que la cooperativa aún no ha cobrado,  que sale de facturas impagadas por "retraso" de la propia Administración.

Según su máximo responsable, José María Escrivá, la decisión responde al "daño económico que están generando las administraciones públicas tanto a la cooperativa como a sus asociados, en vez de presentar una propuesta ganadora para todos".

Factoo, descalificada desde agosto como cooperativa

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordó en agosto de 2017 descalificar a Factoo como cooperativa por realizar "numerosas conductas infractoras", entre la que destacaba que no realizaba "actividad cooperativizada alguna".

La Unidad Especializada en el Área de Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia elaboró un informe que indicaba que los socios trabajadores de la cooperativa eran simulados, ya que en realidad se trataba de "profesionales trabajadores por cuenta propia dedicados a cualquier actividad" obligados a emitir factura a sus clientes y cumplir con su régimen fiscal.

El informe, sobre el que se pronunció favorablemente la abogacía del Estado, indicaba que "en los dos años que lleva activa ha tenido en alta a más de 5.000 afiliados distintos" y que "cada uno" de ellos "se mantiene en alta durante escasos días, lo que supone una vinculación anómala" para una cooperativa de este tipo, ya que deberían ser indefinidos.

En paralelo, numerosos "cooperativistas" fueron investigados y sancionados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y se les reclamó diferentes cantidades. Este hecho llevo a otras cooperativas de facturación a cerrar.