Erdogan despide a 18.000 funcionarios antes de clausurar el estado de emergencia en Turquía

• El Gobierno turco alega supuestos vínculos golpistas para despedir a un gran número de militares y policías

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en un asamblea de su partido, el sábado 7 de julio.

El Gobierno de Turquía ha ordenado el despido de 18.632 funcionarios, en su mayoría militares y policías, por supuestos vínculos con "organizaciones que amenazan la seguridad del Estado".

Las expulsiones fueron publicadas en el Boletín Oficial por medio de un decreto al amparo del Estado de emergencia impuesto en el país tras el golpe de Estado en julio de 2016, y que está previsto que concluya el lunes.

Casi 9.000 policías, unos 6.000 militares, pero también unos 1.000 empleados del Ministerio de Justicia y unos 650 profesores se han visto afectados por esta medida, que también ha llevado a la clausura de 12 asociaciones, tres diarios y un canal de televisión. Una última purga que los medios turcos presentan como la última bajo el estado de emergencia.

Los medios turcos afirman que el estado de emergencia se levantará el lunes, tras la toma de posesión del presidente Recep Tayyip Erdogan, ya que fue una de las promesas de su campaña en las pasadas elecciones parlamentarias y presidenciales del 24 de junio, en las que consiguió revalidar su mandato con una amplia mayoría. El lunes entrará también en vigor un nuevo sistema presidencial que otorga amplísimos poderes ejecutivos al presidente.

Purgas y detenciones contra simpatizantes del opositor Gülen

Estos despidos se enmarcan dentro de la intensa purga en la Administración, destinadas a expulsar del funcionariado a simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que Ankara acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado de 2016.

El Gobierno del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que en el pasado fue un estrecho aliado del predicador, acusa a la red de Gülen de haber organizado la asonada, algo que el clérigo niega.

Desde el fallido golpe, alrededor de 130.000 funcionarios, militares y policías, así como empleados de otras instituciones estatales, han sido expulsados de su trabajo por supuesta pertenencia a la red de Gülen. Decenas de miles de personas se encuentran también detenidas, muchas todavía a la espera de juicio, tras el golpe del que se cumplen casi dos años.

En la práctica, "aniquilación profesional"

Organizaciones como Amnistía Internacional han criticado estas purgas masivas por considerarlas arbitrarias ya que se realizan bajo acusaciones genéricas.

Los afectados están además condenados a la "aniquilación profesional", según denunció Amnistía Internacional, porque, tras ser expulsados, es muy difícil encontrar trabajo en el sector privado, temeroso de contratar a personas señaladas como enemigos políticos.

Aunque la mayoría de los expulsados son supuestos simpatizantes de Gülen, también se ha despedido, especialmente en el Universidad, a académicos de izquierda críticos con el gubernamental partido islamista AKP.