Bruselas ordena a España recuperar 167 millones en ayudas concedidas a Correos

• La empresa se benefició de una compensación excesiva por el servicio postal universal y de una exención fiscal
• CC.OO. reclama al Gobierno un plan de prestación del servicio postal universal que lleva 20 años en un cajón

Un buzón de correos en Barcelona en una imagen de archivo.

La Comisión Europea (CE) ha ordenado a España recuperar casi 167 millones de euros en ayudas estatales concedidas a Correos, tras determinar que la empresa pública se benefició de una compensación excesiva por el servicio postal universal entre 2004 y 2010 y también de exenciones fiscales incompatibles.

En concreto, el Ejecutivo comunitario calcula que Correos recibió una compensación excesiva de unos 166 millones de euros en esos seis años por la prestación del servicio postal universal en España, así como ventajas indebidas gracias a una exención fiscal específica de 900.000 euros concedida en 2004, según detalla en un comunicado.

La decisión es el resultado de una investigación en profundidad iniciada por la CE en febrero de 2016 a raíz de dos denuncias de la Asociación de Empresas de Reparto y Manipulación de Correspondencia (ASEMPRE) y UNO, lobby de la patronal de paquetería, en las que se alegaba que Correos se había beneficiado de varias medidas de ayuda estatal ilegales e incompatibles.

Bruselas examinó si las ayudas cumplían las normas de la UE en materia de compensación por la prestación de un servicio público, adoptadas en 2011. Los países pueden conceder ayudas estatales para compensar el sobrecoste que entraña la prestación de un servicio público siempre que se cumplan determinados criterios, en particular, que la compensación no sea excesiva.

Ayudas ilegales

La evaluación reveló que las ayudas concedidas a Correos para garantizar el servicio postal universal obligatorio -consistente en prestar servicios básicos en todo el país a precios asequibles y con determinados requisitos mínimos- y las exenciones fiscales son incompatibles, con el acervo comunitario por lo que la CE ordena a España recuperar esos importes.

La Comisión evaluó además las aportaciones de capital concedidas a Correos entre 2004 y 2006, y concluyó que estas se hicieron en condiciones que habrían sido aceptadas por un inversor privado que operara en condiciones de mercado, por lo que "esta medida no constituye una ayuda pública a tenor de las normas de la UE", señaló en el comunicado.

Asimismo, analizó la compensación concedida a Correos desde 2004 por la entrega de material electoral y concluyó que es una medida anterior a la adhesión de España a la UE, que "constituye una ayuda existente que no debe recuperarse".

El Ejecutivo comunitario recordó que las normas sobre ayudas estatales de la UE exigen que se recuperen las que sean incompatibles, con el fin de eliminar el falseamiento de la competencia que ocasionan estas ayudas. Estas reglas no incluyen multas y la recuperación no sanciona a la empresa en cuestión, sino que "simplemente restablece la igualdad de trato con respecto a las demás empresas".

CC.OO. reclama un plan que regule el servicio postal universal

Comisiones Obreras denuncia que los lobbies privados demandantes reclamaron también la investigación de los regímenes de la seguridad social y pensiones de funcionarios -que no han sido atendidos- y solicitaron que se multara a Correos con 8.000 millones de euros.

Para CC.OO., los lobbys privados "utilizan como coartada la falta de un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal pendiente desde hace 20 años, consecuencia de la desidia e inacción política de los distintos Gobiernos del PP y del PSOE que no han cumplido con el mandato de la Ley Postal de 1998 y de la de 2010".

El sindicato critica que “la desidia de los sucesivos gobiernos hacia Correos ha impedido fijar el coste real de la prestación del Servicio Postal Público, que se ha venido paliando por cantidades a cuenta al capricho de los distintos Gobierno (recortes de PGE 17 y 18, por ejemplo)”.

CC.OO. ha insistido en que esta indefinición ha sido "utilizada por los gobiernos para el intercambio de cromos políticos, en detrimento del servicio prestado a la ciudadanía" y añade que la inseguridad jurídica "ha sido aprovechada por los operadores privados para atacar al Correo Público”.

Urge al gobierno socialista a que acabe con la actual situación y acelere la aprobación Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, cuya cuantía sería de 230 millones de euros, según los sindicatos, para "evitar que se juegue con una empresa de casi 60.000 trabajadores y trabajadores y un derecho público de la ciudadanía". En caso contrario, CC.OO. mantendrá e intensificará las movilizaciones a partir de septiembre.