Llarena suspende de cargo público a los diputados independentistas presos y a Puigdemont

• El juez cierra la instrucción del 'procés' y declara en rebeldía a los huidos
• El Govern denuncia que pretende "alterar mayorías" en el Parlament

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull entre los 14 exmiembros del Govern procesados

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, ha cerrado la instrucción y ha comunicado a la Mesa del Parlament la suspensión en las funciones y cargos públicos de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva así como del expresident Carles Puigdemont, huido en Alemania, todos ellos procesados por rebelión.

Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", aquel procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

Esta medida afecta al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras de ERC, y a los diputados del PdeCat, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, al igual que al expresidente catalán Carles Puigdemont, pero no así al exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín (ERC), que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento.

En cuanto a Toni Comín, la suspensión no le afecta al solicitar, junto a la exconsejera Meritxell Serret, dejar sin efecto el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo ya que alegaron que hasta el 5 de junio de 2018 "no fueron tenidos por parte", ni se les había notificado hasta entonces dicha resolución, ni se les ha recibido declaración indagatoria para comunicarles personalmente su procesamiento.

El juez no comparte los argumentos esgrimidos, pero considera que debe aceptar la pretensión de los dos exconsejeros, aunque hayan comparecido en el procedimiento con "posterioridad" a que se desestimasen los recursos del resto de procesados, para que puedan recurrir sus procesamientos por rebelión y malversación de Comín y por los delitos de desobediencia y malversación de Serret.

Llama a la Mesa del Parlament a adoptar las medidas necesarias

Recuerda el auto que es la Mesa del Parlament la que debe adoptar las medidas precisas para que esta suspensión se haga efectiva y deja la posibilidad de que los procesados suspendidos puedan ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.

Añade el magistrado que esta medida es provisional y que si su situación procesal cambia, ya sea porque se atribuya a los procesados otras infracciones penales distintas a la rebelión o se modifique su situación de prisión provisional, podrían recuperar su condición política.

Por otra parte, el juez Llarena no acepta ninguna de las últimas diligencias solicitadas tanto por las defensas como por la acusación popular ejercida por VOX al considerar que son "innecesarias o reiterativas" y cree que la causa está lista para su enjuiciamiento.

Por ello, cierra la instrucción pero sólo contra los 18 procesados que están a su disposición, pues deja abierta la investigación contra los investigados huidos Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel, cuya situación queda pendiente en una pieza separada sobre la que el juez Llarena sigue siendo competente.

Declara en rebeldía a los huidos, entre ellos Puigdemont

El juez declara en rebeldía a los procesados que se encuentran huidos, incluido el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que serán investigados en otra pieza separada y acuerda la conclusión del sumario del "procés" respecto de los procesados no fugados, a quienes da quince días para su comparecencia en el tribunal competente para enjuiciarlos en el Supremo.

En relacion a la fianza por responsabilidad civil subsidiaria impuesta a los exmiembros del Govern en prisión y a los huidos, el magistrado declara como "suficiente" el ingreso de 2,1 millones euros efectuado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

En otro auto, Llarena ha rechazado incluir en la causa del 'procés', como solicitaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Neus Lloveras (alcaldesa de Vilanova i la Geltrú) y Miquel Buch (alcalde de Premiá de Mar), al considerar que no hay indicios que justifiquen su responsabilidad por el "delito pluripersonal de rebelión", sin perjuicio de que su actuación pueda ser investigada por "una responsabilidad penal distinta".

Contra este auto no cabe recurso, pues según dice el magistrado con la conclusión del sumario pierde la competencia y envía a la Sala las actuaciones para que revise cualquier escrito que presenten las partes, incluso para que confirme o revoque la decisión de Llarena de cerrar la investigación y sobre la suspensión de cargo público que este martes ha hecho efectivo. Lo único de lo que continúa siendo competente es sobre la pieza separada que ha creado tras declarar en rebeldía a los procesados huidos de la Justicia.

El Govern ha denunciado que la suspensión de seis diputados decretada por Llarena pretende "alterar mayorías" en el Parlament, mientras que el grupo de JxCat ha pedido que sea la Cámara quien decida si aplica esa suspensión. Fuentes del ejecutivo catalán consultadas por Efe posteriormente han indicado que ven esta decisión de Llarena como "una nueva vulneración de los derechos de los diputados" afectados.

Por su parte, Puigdemont, a través de Twitter desde Alemania, ha alertado de que el voto de los ciudadanos está siendo "quebrantado por una justicia que continúa haciendo política"."Concretamente hay un apartheid contra políticos escogidos democráticamente y que somos suspendidos de manera arbitraria por un juez", ha añadido Puigdemont.