Lesmes pide al Gobierno que defienda "la acción del Estado" ante la demanda contra Llarena de los huidos en Bélgica

• El presidente del Supremo envía una carta a los ministros de Exteriores y Justicia
• La embajadora en Bélgica pedirá al Gobierno belga que defienda la inmunidad de Llarena

El expresidente catalán Carles Puigdemont y el presidente del Parlament, Roger Torrent, junto a los exconsellers Clara Ponsatí, Merixell Serret, Lluis Puig y Toni Comín.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido al Gobierno que realicen "las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado" y del juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos contra el juez del alto tribunal.

Lesmes, en calidad de presidente del Supremo, ha enviado una carta a los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia, Josep Borrell y Dolores Delgado, respectivamente, para explicar que la citación de un juez belga a Llarena el próximo 4 de septiembre "se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo" encargado de la causa.

Ante la petición de Lesmes, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha dado ya instrucciones a la embajadora de España en Bélgica, Cecilia Yuste, según han informado a Europa Press fuentes de ese ministerio, para que pida al Gobierno belga que comparezca en la causa abierta en ese país contra el juez Pablo Llarena y defienda la inmunidad de jurisdicción de España y del propio magistrado.

Una demanda para "defraudar las garantías de independencia" del juez

El presidente del CGPJ, que ha conversado telefónicamente con los dos ministros antes de enviarles la misiva, explica en su carta que ha tenido conocimiento, a partir de una comunicación que le ha sido remitida por el juez decano de Madrid, de la demanda y del emplazamiento hecho a Llarena ante un tribunal belga.

El juez decano también le remitió el acuerdo por el que rechazó dar traslado a Llarena de la demanda y del correspondiente emplazamiento al considerar que concurre el supuesto de exclusión previsto en el artículo 1 del Reglamento europeo 1393/2007.

El argumento esgrimido por el juez decano radica en que "la demanda no es civil, pese a la apariencia con la que pretende presentarse, sino que pretende cuestionar y examinar actuaciones soberanas llevadas a cabo por el Estado español a través de sus órganos jurisdiccionales".

A la vista de esos documentos, remitidos también a los ministros, el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo ha realizado un primer análisis jurídico de la situación planteada, que concluye, al igual que hizo el juez decano, que la iniciativa procesal "se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa".

Pide que Bélgica comparezca ante el tribunal

"Ante esta situación, le pongo de manifiesto que (...) el texto de la demanda revela que, de manera oblicua aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado", advertía en sendas misivas el presidente del Tribunal Supremo.

Por todo ello, estima "absolutamente necesario e imprescindible que se lleven a cabo las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado" por la demanda contra él presentada por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en Berlín, la exconsellera Clara Ponsatí, que está en Escocia y los exconsellers Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, que están en Bélgica.

En concreto, "las que procedan ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica, toda vez que, aun cuando consta el rechazo del emplazamiento, las decisiones que puedan llegar a adoptar los tribunales belgas son una incógnita".

Por ello, solicitaba al ministro Exteriores que, "conforme a la práctica procesal belga", requiriese al Ministerio de Asuntos Exteriores belga "para que Bélgica comparezca ante el tribunal belga, en representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado".