Ocho de los nueve docentes denunciados por incitar al odio tras el 1-O piden el traslado

• La Fiscalía los denunció por haber "humillado" a hijos de guardias civiles por obligarles a identificarse
• La causa ha sido archivada contra cinco de ellos y siguen como investigados los otros cuatro
• Otros 20 profesorores han solicitado el cambio de centro

Imagen de archivo de la Guardia Civil en Cataluña el 1-O

Ocho de los nueve docentes del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) denunciados tras el 1-O por incitar al odio por obligar a identificarse a los hijos de los guardias civiles que cursaban estudios han solicitado su traslado a otro centro escolar, junto a una veintena más de otros profesores.

La Fiscalía denunció en su momento a nueve profesores de este centro por, presuntamente, haber "humillado" a hijos de guardias civiles después del referéndum ilegal del 1 de octubre, aunque la causa ha sido archivada contra cinco de ellos y siguen como investigados los otros cuatro.

En total, cerca de una treintena de los docentes del IES Palau de Sant Andreu de la Barca han solicitado cambiar de centro, según fuentes cercanas al Departamento de Enseñanza, lo que supone casi un tercio de la plantilla de profesores del IES, donde se imparten ESO, Bachillerato y varios ciclos formativos.

El Institut El Palau, que imparte clases desde 1985, está situado cerca de un cuartel de la Guardia Civil, por lo que muchos de sus alumnos son hijos de agentes de la Benemérita.

El profesorado denunció ser víctima de una campaña

Después del referéndum del 1-O, tras culminar una investigación, la Fiscalía denunció ante el juez a nueve docentes del IES El Palau por entender que habían humillado a hijos de guardias civiles que son alumnos de este centro.

En la denuncia les acusó de un delito contra los derechos fundamentales, como lesionar la dignidad de las personas por su nacionalidad y por "injurias graves" contra los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En un comunicado reciente, el profesorado del centro hizo "un llamamiento a la solidaridad" y aseguró haberse sentido "víctimas de una campaña que pretende desacreditar el modelo público catalán, atribuyéndole una función adoctrinadora y promotora de una división inexistente".

Algunos organismos, como el Síndic de Greuges o desde el propio Departamento de Enseñanza, han valorado que los hechos ocurridos "pueden ser nefastos para el instituto", que tradicionalmente "había obtenido buenos resultados y goza de prestigio en el mundo educativo"