Procesadas la empresa semipública Defex y 27 personas por corrupción en la venta de material policial a Angola

• El juez De la Mata cierra la instrucción del 'caso Defex' y ve indicios para llevar al banquillo a sus exdirectivos
• Se investiga el pago de comisiones y beneficios ilícitos por un contrato inflado de 152 millones de euros

Imagen de archivo de medidas de seguridad en las calles de una ciudad angoleña

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la instrucción del llamado caso Defex, que investiga varios contratos de venta de material policial a Angola, y ve indicios para sentar en el banquillo a 27 personas y a tres sociedades -la empresa semipública Defex, Comercial Cueto 92 SL y Global Reach SA- por presuntamente aplicar "brutales sobreprecios" para enriquecerse ilícitamente y por pagar comisiones ilegales a autoridades y funcionarios del país africano.

El magistrado les atribuye delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito de organización y grupo criminal en relación con el presunto desvío y apropiación de fondos de Defex.

Entre los procesados figuran José Ignacio Encinas, expresidente de Defex, y Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos "papeles de Laos" del caso Roldán), informa Efe. Defex, participada en un 51% por la SEPI, fue disuelta el pasado mes de septiembre por el Gobierno.

En la pieza se han investigado tres contratos pero el más importante es el que la UTE CUETO-DEFEX firmaron en junio de 2008 con el Comando general de la Policía Nacional de Angola para el suministro de equipamientos y material policial, entre ellos vehículos y uniformes, por un importe superior a 152 millones de euros, según la nota difundida este viernes por la Audiencia Nacional sobre el auto de fin de instrucción.

De la Mata concluye que el coste de la ejecución fue de algo más de 59 millones de euros mientras que el beneficio fue de casi 94 millones de euros. De esta forma el 33% de los 152 millones se destinó a la adquisición y suministro del material, otro 33% a beneficios para las dos empresas de la UTE y otro 33% fue transferido para el supuesto pago de servicios locales de Angola, que no se llevaron a cabo y cuyos fondos se desviaron.

Comisiones ilegales y "brutales sobreprecios"

Según la nota de la Audiencia, los investigados destinaron a las empresas solo una parte del beneficio y el resto se dedicó a pagar comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños y al beneficio propio de varios de los procesados mediante una estructura compleja de empresas pantalla.

Los otros dos contratos investigados son de unos dos millones cada uno para el suministro de material policial con motivo de la visita del papa en 2009 y para la venta de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011.

De la Mata ve indicios de que la finalidad de la organización era doble: por un lado, conseguir contratos en países extranjeros mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios angoleños y, por otro, enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos del propio contrato.

Para ello, señala el juez, cargaban "brutales sobreprecios sobre el coste real de adquisición de las mercancías, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla, por importe de decenas de millones de euros".

Un delito de 2003, el de corrupción en las transacciones internacionales

El juez atribuye a los procesados el delito de corrupción en las transacciones internacionales, que fue introducido en el Código Penal en 2003, para castigar a quienes corrompen a cambio de beneficios pecunarios o de otra clase, a funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales, en beneficio de estos o de un tercero.

El magistrado considera que existen indicios sólidos y consistentes que ponen de manifiesto que todas las operativas desarrolladas por la UTE CUETO DEFEX en Angola "consistían en conseguir contratos públicos para la empresa pública mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños"

Pare ello, según el juez, también pagaban a los agentes y "de camino" los directivos responsables del contrato "aprovechándose de la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención del delito que tenían las mercantiles involucradas aprovechaban para apropiarse de cantidades multimillonarias de los contratos de la UTE para beneficio particular. Y todavía, en el caso de Defex, sus directivos".

Además de la responsabilidad de las personas jurídicas, de la Mata desgrana la participación de las entidades bancarias Deutsche Bank, Caixabank y BNP Paribas para la comisión del delito de blanqueo de capitales, en operaciones de transferencias dinerarias de Luxemburgo y a Angola desde diversas cuentas y sin aplicar, por parte de estas entidades, "ningún procedimiento de prevención de capitales alguno".