El Consejo de Política Fiscal y Financiera flexibiliza en dos décimas, hasta el 0,3%, el objetivo del déficit autonómico para 2019

• El Gobierno aprueba la medida con la oposición de las autonomías del PP y la abstención de Valencia
• De esta forma, las comunidades tendrán 2.400 millones de euros más de margen para el año que viene

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), junto a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet (d)

El primer Consejo de Política Fiscal y Financiera presidido por el nuevo Gobierno ha aprobado este jueves elevar dos décimas el objetivo de déficit público para las autonomías en 2019 pasando el 0,1% al 0,3% del PIB, lo que se traducirá en un incremento de recursos para las comunidades de alrededor de 2.400 millones de euros.

Lo ha hecho con el voto a favor de las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto la Comunidad Valenciana, que se ha abstenido, y la oposición del PP y de Canarias, además de Ceuta y Melilla. La medida en cualquier caso ha salido adelante en un encuentro con muchas críticas por esta medida, según han confirmado a Efe fuentes presentes en el consejo.

Han votado a favor Andalucía, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Cantabria y han votado en contra las gobernadas por el PP (Madrid, Castilla y León, La Rioja, Galicia y Murcia) y Canarias. Cataluña no ha acudido y País Vasco y Navarra se rigen por su propio régimen foral.

Además, el Gobierno y las comunidades se han comprometido a crear una comisión política, que recogerá los trabajos ya realizados por las comisiones técnicas sobre la reforma de la financiación autonómica, y en la que participarán representantes de las comunidades con rango, como mínimo, de director general.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Política Territorial, Meritxell Batet, han presidido la reunión esta tarde con todos los consejeros autonómicos, salvo con el catalán, Pere Aragonès, quien ha mandado una carta a Montero para trasladarle que prefiere negociar en la comisión bilateral Estado-Generalit, algo que ha sido criticado por otros consejeros.

Sin embargo, la titular de Hacienda ha negado tras la reunión que el Gobierno vaya a celebrar reuniones sobre financiación autonómica fuera del marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Flexibilización del déficit pactada con la UE

La flexibilización del objetivo autonómico es posible después de que el Gobierno haya pactado con Bruselas una reducción más lenta del déficit público hasta 2021.

La nueva senda flexibiliza el déficit público hasta el 1,8% del PIB en 2019 (en lugar del 1,3%), -0,4% para la administración central (antes 0,3%), 1,1% para la Seguridad Social (antes 0,9%) y 0,3% para las comunidades autónomas (antes 0,1%)-, el 1,1% en 2020 y el 0,4% en 2021 -todo para la Seguridad Social-.

Para ello, el Gobierno tiene previsto modificar la regla de gasto, de manera que los ayuntamientos y autonomías que tengan superávit puedan dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles de manera más flexible, tanto en fondos como en el tipo de proyecto.

Ahora bien, Montero ha advertido de que esta nueva senda tiene que ser aprobada también en el Congreso y en el Senado y ha dicho que si es rechazada, se volvería a los objetivos anteriores.

Las comunidades gobernadas por el PP han protestado por el hecho de que el Gobierno decida dar oxígeno a las comunidades flexibilizando la meta de déficit y no con una mejor financiación. Consideran estos territorios que permitir que se relaje el déficit sólo conducirá a un aumento de la deuda, cuando lo que debería hacerse es aumentar los recursos a través de los ingresos.

Grupo de trabajo para la reforma de la financiación

Montero ha resaltado la creación del grupo de trabajo político para la reforma del sistema de financiación, que se reunirá a partir de septiembre, y ha incidido en que se abre una nueva etapa, en la que se abordarán las discusiones precisas, aunando la perspectiva técnica y la política, para que haya avances efectivos.

En este proceso, el Gobierno se compromete a adoptar la "posición de liderazgo que le corresponde"; promover debates, trabajos y negociaciones; presentar propuestas, y utilizar todos los cauces para promover los consensos.

Esta propuesta también ha sido recibida de manera dispar por las comunidades autónomas. Mientras que las gobernadas por el PSOE celebran que es un avance respecto a la situación con el Gobierno anterior, comunidades con gobiernos del PP creen que supone "comenzar de nuevo" los trabajos para la reforma, sin que se vaya a culminar antes de acabar la legislatura.

Gestión de la deuda

Aunque no se ha discutido en el CPFF de la reestructuración de la deuda, la ministra ha garantizado que habrá un trato igualitario para que puedan beneficiarse de esas medidas todas las comunidades que cumplan los requisitos que se fijen.

La idea es que se acojan sobre todo las autonomías con mayor endeudamiento, como Cataluña y la Comunidad Valenciana, de manera que puedan encajar mejor las obligaciones a las que tienen que hacer frente. Se quiere así ayudar a estas comunidades a que puedan salir a los mercados y recuperar su autonomía financiera.