La madre a la que el Estado deberá indemnizar por el asesinato de su hija: "La fuerza me la dio ella"

• Ángela Fernández describe su "lucha encansable" durante 15 años y lamenta que nadie la creyese
• Su expareja y maltrator asesinó a su hija de 7 años en 2003 aprovechando una visita no vigilada
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La madre a la que el Estado deberá indemnizar por el asesinato de su hija: "La fuerza me la dio ella"

Ángela González, la madre de la niña asesinada a manos de su expareja durante una visita no vigilada en 2003, ha descrito este martes su "lucha incansable" hasta lograr la sentencia del Supremo por la que el Estado deberá indemnizarla con 600.000 euros por vulnerar sus derechos fundamentales al incumplir un dictamen de la ONU.

González, que durante 15 años protagonizó una batalla legal con distintos recursos ante la Audiencia Nacional, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo, ha asegurado que nunca pensó en tirar la toalla porque su hija le dio la fuerza necesaria. Según ha explicado, cada vez que los tribunales españoles desestimaban su reclamación de responsabilidad patrimonial se le "hundía el mundo".

"No daba crédito a lo que estaba sucediendo. No podía entender que durante diez años ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo, ni el Tribunal Constitucional, nadie se hubiera dignado a leer mi verdad", ha lamentado. Su hija fue asesinada en Arroyomolinos (Madrid) de dos disparos en la cabeza durante una visita no vigilada con su padre después de que un Juzgado de Navalcarnero decidiese retirar la vigilancia. Fue por eso, "porque no se la protegió", murió la niña. "Fue algo que no me cansé de pedir, protección y vigilancia para ella, pero para la Justicia prevaleció el interés de un padre maltratador que la utilizaba y manipulaba a su antojo para hacerme el mayor daño posible".

"Era verdad, me tenían que creer"

La madre está convencida de que, si las visitas se hubieran vigilado, el asesinato no se habría producido. Sobre todo, después de las 48 denuncias que interpuso contra el padre por malos tratos y otras causas, ante las que nadie le dio la razón. "Era verdad, me tenían que creer, aunque muchísima gente no hubiera hecho bien su trabajo, como las trabajadoras sociales que no informaron al Juzgado de cómo se sentía la niña tras las visitas".

Con voz entrecortada, Ángela ha insistido en que el asesinato "tenía que ser reconocido de alguna manera". "Tenían que reconocerme que había habido negligencia, que había habido muchísimos errores", ha señalado.

Tras la primera condena al Estado español por no cumplir un dictamen del Comité contra la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, la abogada de la ONG que la representa, Gema Fernández, cree que se abre la puerta a que los dictámenes de los Comités de Naciones Unidas sean de obligado cumplimiento. Según ha señalado a Efe, "un precedente que cambia el entendimiento que había ahora de los dictámenes" y "sienta doctrina".

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La ONG pide que los dictámenes de la ONU sean vinculantes

Además, la abogada considera que "no puede haber dictámenes vinculantes y no vinculantes", por lo que ahora se puede trabajar para que todos los dictámenes sean vinculantes. Tras la indemnización, la ONG Women's Link seguirá "vigilante" para que se cumplan las otras cuatro medidas que pedía la ONU en su dictamen.

La primera, que se investiguen los fallos en el caso para poder solventarlos; la segunda, que los antecedentes de maltrato se tengan en cuenta al considerar los derechos de visita de los maltratadores a sus hijos; la tercera, el refuerzo de la aplicación del marco legal en el caso de mujeres ante situaciones de este tipo y, la cuarta, formar al personal que interviene en los procedimientos.

A partir de ahora, Ángela, que no ha recibido ninguna disculpa, seguirá luchando: "Esta lucha tiene que servir para entender que al final en el camino hay Justicia y por ello las animo a ser valientes", ha concluido.