El juez cita a Rodrigo Rato el próximo lunes en la investigación por presunto blanqueo

• En la causa que se instruye por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar
• Se pretende esclarecer si usó sociedades en el extranjero para defraudar a Hacienda

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a su salida del juzgado de instrucción número 31 de Madrid.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, ha citado a declarar el próximo lunes, 30 de julio, a partir de las 11:00 horas al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato de capitales que le atribuyen los investigadores de la Guardia Civil en la causa sobre el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar.

En concreto, según fuentes jurídicas, las pesquisas se dirigen a esclarecer si Rato ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero y ha utilizado como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y cuyo fin último era defraudar a Hacienda mediante el envío a éstas de cantidades de dinero que permanecían ocultas al fisco.

Inicialmente programada para el pasado mes de abril, el magistrado acordó suspender la declaración del ex director gerente del FMI a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera su recurso contra esta parte de la investigación.

Un mes más tarde, el tribunal rechazó el archivo de esta pieza, después de que la Fiscalía Anticorrupción lo recurriera, al considerar que los hechos que se le imputan están directamente relacionados con otras causas abiertas como el presunto cobro irregular de conferencias.

Operativa con sociedades en el extranjero

En marzo de 2017, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió de indicios suficientes de que Rato empleó dos de sus sociedades en el extranjero, Vivaway y Kradonara, con este fin.

A finales de ese año, la segunda instancia urgió al juez para que reabriera la investigación tras valorar que la operativa seguida por el expresidente de Bankia pretendía "defraudar a la Hacienda Pública".

De igual modo, recordaba que, a tenor de los investigadores, a partir de 2006 otras dos sociedades, Westcastle y Red Rose, canalizaron los fondos que manejaban a través de Kradonara y Vivaway, presuntos instrumentos para la comisión de este delito fiscal.

Dado que todas ellas pertenecen "a la misma persona", Rato, el tribunal defendía la necesidad de establecer qué cantidad de dinero llegó de las dos primeras hasta las segundas, que la UCO sitúa en torno a los 8 millones de euros, hecho en el que se sustentaba la última citación.